El país se ha estremecido por los casos de la pequeña Sophia y de Emmelyn. El monstruoso relato de ambas historias esconde una realidad que como país no hemos enfrentado con la rigurosidad y firmeza que amerita. Estamos fallando todos, puesto que cientos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes son víctimas invisibles de agresiones sexuales y maltrato por parte de algún adulto. En muchos casos todo queda en la impunidad por el silencio de la víctima, que no se atreve a denunciar, por la falta de pruebas suficientes que permita llevar los casos a judicialización o, inclusive, por complicidad negligente o inconsciente de las figuras de cuidado de los niños (as).
Tan sólo con mirar las cifras relacionadas con este delito, vemos que nuestra realidad es alarmante. Anualmente, según datos del Ministerio Público, se reciben más de 20 mil denuncias sobre agresiones sexuales y 7 de cada 10 de dichas denuncias corresponde a personas menores de edad. Por otra parte, también vemos que las niñas son las más afectadas y sólo el 34% de las denuncias terminan en condenas para el agresor.
La reciente Primera Encuesta Nacional sobre violencia, victimización y polivictimización efectuada por la Subsecretaria de Prevención del Delito y el Consejo Nacional para la Infancia, identificó que en una muestra de 20.000 casos, el 10% ha tenido en promedio 14 episodios de violencia en su vida, habiendo ocurrido 9 sólo en los 12 meses previos. Por último, y para los casos que debieran tener atención urgente por maltrato, Sename mantenía a septiembre del 2017 una lista de espera de 8.660 niños y niñas.
En este escenario, la historia de Sophia y Emmelyn llega a un extremo demencial, ante el que no fuimos capaces de anticiparnos como sociedad.
[cita tipo=»destaque»]Es urgente e imprescindible que el nuevo Gobierno ponga en su agenda prioritaria contar con un sistema de protección que garantice el ejercicio de Derechos de niños y niñas, y, en este caso, en particular el Derecho a la Protección contra toda forma de explotación y abuso.[/cita]
Es importante tener en cuenta que la protección de niños y niñas es responsabilidad de la familia, la sociedad y del Estado, en su conjunto. Es urgente e imprescindible que el nuevo Gobierno ponga en su agenda prioritaria contar con un sistema de protección que garantice el ejercicio de Derechos de niños y niñas, y, en este caso, en particular el Derecho a la Protección contra toda forma de explotación y abuso. Mientras tanto, será clave que las instituciones de Estado que trabajan con población infantil lo hagan en forma efectiva para reparar y restituir este derecho vulnerado, con una fuerte presencia de los Organismos No Gubernamentales especializados y con una ciudadanía más activa, solidaria y compasiva ante la realidad que ocurre en sus comunidades.
Desde World Vision Chile creemos que es fundamental desarrollar capacidades en las familias, comunidades, escuelas, organizaciones territoriales y en la sociedad en general para eliminar la violencia y prevenir abusos.
Tenemos confianza en que contamos con la voluntad, el conocimiento y la capacidad técnica para avanzar como país en la construcción de entornos más protectores para niños, niñas y adolescentes, de modo que nunca más se repita la experiencia de la pequeña Sophia y Emmelyn. Necesitamos a todo el mundo para evitar que esto vuelva a ocurrir.
