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El bienestar social más allá de los límites del Estado

por 18 febrero, 2018

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El conocido refrán “no le pidas peras al olmo” bien puede ejemplificar la capacidad económica actual de un Estado subsidiario como el nuestro. Tomemos como punto de partida la discusión sobre la propuesta de reforma a las pensiones, recientemente rechazado en la cámara baja.

Gran controversia ha generado el proyecto de modificación al actual sistema de pensiones en Chile, debido a que en él se establece que un porcentaje del aporte adicional con cargo al empleador estará destinado a financiar el fondo solidario. Se ha dicho que con esto los principales perjudicados serán los trabajadores ya que una parte de su aporte individual será reasignado con el objetivo de mejorar las pensiones de las personas más vulnerables del país, y que esto es igual a que el Estado le meta la mano al bolsillo de sus trabajadores.

Pienso que estas afirmaciones son injustificadas y muestran cierto nivel de desconocimiento sobre las limitaciones al funcionamiento del sistema. En principio es importante aclarar que, en la actualidad, es el trabajador quien asume íntegramente los aportes destinados a incrementar su fondo de capitalización individual a través del 10% de su remuneración mensual. En la mayoría de los casos, hoy no existe otro pilar más allá del aporte individual de cada trabajador, en otras palabras, ni el empleador ni el Estado se hacen cargo de estos fondos. Sólo en ciertos casos, el Estado opera a través de un sistema complementario basado en la existencia de un pilar básico solidario, cuya finalidad es generar condiciones mínimas de apoyo a las personas que -por diferentes razones- no hayan podido cotizar o que, habiendo cotizado, no lograron acumular los fondos suficientes para estar por sobre cierto tramo básico de ingresos.

En la práctica, el ejecutivo al establecer un aporte adicional con cargo al empleador está promoviendo la participación de las empresas en el sistema, mediante la creación de un nuevo pilar contributivo. Pero la discusión se ha centrado en el hecho de si este aporte debe ser destinado por completo a mejorar los fondos de capitalización individual o si una parte de él debe ir destinado a contribuir en el fondo solidario. Para algunos, el que parte del aporte del empleador sea destinado a las personas que más lo necesitan contraviene la naturaleza individual de nuestro actual sistema de pensiones.

Sin embargo, el que la base imponible del trabajador sea considerada para determinar el monto del aporte adicional del empleador, no implica que dicho monto deba beneficiar exclusivamente al trabajador. Si esto fuese así, por ejemplo, el aporte adicional al SIS o Seguro de Invalidez y Sobrevivencia -que también es asumido por el empleador y se calcula sobre la misma base- no tendría ningún sentido pues la gran mayoría de los trabajadores jamás llegará a hacer uso de él. A mí juicio, el que exista aparentemente un patrimonio en disputa, es fruto de una clásica confusión jurídica entre lo que son los derechos adquiridos y las meras expectativas.

Ahora, el que esta confusión adquiera legitimidad social responde a la perspectiva predominante en nuestro sistema económico-político, en la que los intereses de los individuos (una concepción de sujeto distinta, por ejemplo, al de persona) están por encima del bienestar de la comunidad. Analicemos las posibles razones.

En lo inmediato, debemos entender que el foco en cualquier sistema económico es la producción de riquezas y su intercambio y no, la creación de justicia ahí donde hay desigualdad. Esto no implica que la economía sea algo perverso que debamos rechazar a priori, sino más bien, que debemos ser capaces de reorientar su comprensión. Como veremos, en el sistema económico chileno, la principal preocupación del Estado es la redistribución de la riqueza.

Debemos entender que el foco en cualquier sistema económico es la producción de riquezas y su intercambio y no, la creación de justicia ahí donde hay desigualdad.

Nuestro Estado enfrenta grandes desafíos al momento de generar riquezas y es hoy, modesto en comparación al de países vecinos, lo que no significa que sea mejor o peor. Con limitados recursos, su función en lo económico se centra, primero, en la recaudación fiscal para el financiamiento de la política pública; segundo, en garantizar ciertos niveles de transparencia, competitividad y libertad sobre todo para fomentar la inversión; tercero y probablemente más importante que las dos anteriores, en generar condiciones materiales de bienestar social para atender las necesidades más importantes de la población, focalizando sus esfuerzos especialmente en los sectores más vulnerables y marginados de ésta (en Chile, la aplicación de este criterio ha sido discutible en ciertos casos, por ejemplo, si pensamos en la falta de financiamiento a proyectos educativos que sean destinados a jóvenes al interior de las cárceles).

Bajo este contexto, nuestro Estado no tiene la capacidad de asumir demasiados compromisos. El presupuesto fiscal es austero para financiar por sí sólo y de manera eficiente los desafíos crecientes de la sociedad actual. Entonces, la única vía para aumentar el aporte estatal en ciertos sectores es maximizar su recaudación y esto implica necesariamente elevar la carga impositiva de las personas.

La otra vía es de orden refundacional. Quienes así lo han sugerido piensan en el robustecimiento del aparato estatal y para ser sincero, con todas las deficiencias de nuestro sistema económico actual, no me parece que ésta sea una mejor alternativa, considerando toda la evidencia histórica de países en los que operan o se privilegian sistemas económicos de planificación centralizada (Venezuela es el caso más visible hoy en nuestra región debido a las graves violaciones a los Derechos Humanos y los constantes atropellos a la libertad personal de sus ciudadanos; pero también están otros casos como el de Argentina, en que los niveles de corrupción estatal son altísimos).

Las iniciativas económicas de las personas, han demostrado en general ser más eficientes que las directrices del aparato estatal en la forma de gestionar los recursos con los que cuenta una sociedad para satisfacer sus necesidades (claro, hay ciertos recursos que estratégicamente deben ser administrados por el Estado, pero hablamos aquí en términos amplios), es probable que esto se deba al hecho de que en cada uno de nosotros prima una tendencia natural al intercambio y que esta tendencia es mucho más fuerte en su dimensión simbólica que material. Es decir, lo importante aquí no es sólo la presencia de bienes y servicios sino más bien el sentido que estos recursos adquieren al representar una cierta proyección del bienestar social de la comunidad.

En lo social, sí el mérito principal de nuestro sistema económico es permitir que las personas desarrollen libremente sus iniciativas, evitando los abusos de la autoridad, sin descuidar que el Estado atienda sus compromisos y al hacerlo mantenga niveles saludables de endeudamiento, ¿dónde realmente estaría el problema?

Según pienso, es posible identificar algunos dilemas que están fuertemente presentes en la perspectiva moral predominante en nuestro sistema económico-político y que nos permiten comprender de mejor forma su limitación.

En primer lugar, usualmente entendemos que lo público y lo estatal son exactamente lo mismo, esto ocasiona que al reflexionar sobre lo público irremediablemente asumamos que su prosperidad es  tarea exclusiva del Estado y, con ello, la responsabilidad y compromiso de cada persona con su comunidad se diluye. Un segundo aspecto, se relaciona con el momento histórico del pensamiento moderno, el desmoronamiento de la metafísica ha generado una profunda grieta en nuestro sentido de moralidad y ante la ausencia de principios o valores universales, la economía se ha transformado en la supra-estructura o meta-criterio al que cada aspecto de la vida del hombre responde.

Si logramos ir más allá de estas limitaciones, podremos comprender que para lograr realmente un bienestar social, cada miembro de la comunidad debe comprometerse esencialmente con la realidad del otro. Por esta razón, no logro entender lo que impulsa a que algunas personas sólo busquen satisfacer sus ambiciones o intereses personales, y poco o nada les importe la miseria o dolor ajeno. La economía es un complemento social al igual que lo político, todos estos campos deben encaminarse a enriquecer el sentido de nuestra experiencia común y esta es una perspectiva moral sobre la vida en común-unidad y no simplemente una opinión sobre el momento actual de la economía. En caso contrario, el propósito de la actividad humana se desperdicia en prácticas que distorsionan nuestra convivencia social y nos conducen a corromper el horizonte colaborativo del que formamos parte y en el que nos vinculamos con la vida. La corrupción no es un dominio exclusivo de los ricos o de los pobres, de empresarios o autoridades, de empleadores o trabajadores; es un cáncer que se alimenta de la profunda ausencia de sentido moral y despreocupación por valores como la solidaridad y respeto por el otro.

En lo que respecta a las pensiones. Mientras que para algunas personas el actual sistema constituye un motor para la economía; para mí, seguirá siendo un modelo que egoístamente favorece los intereses individuales de unos pocos y privilegiados sectores, restringiendo la posibilidad de construir una mejor sociedad sustentada en el bienestar social de sus futuras generaciones.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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