Una de las principales preocupaciones de no pocos legisladores chilenos a la hora de aprobar la gran reforma constitucional y leyes que colocan en vigencia la descentralización del país, fue la de asegurar la coherencia de las políticas públicas en todo el territorio nacional. Léase, que las diferentes regiones por diferentes que fueran siguieran las directrices nacionales de política pública.
Para dichos parlamentarios resultaba aterrador la posibilidad de que un gobierno regional de ideología o signo político distinto al del presidente de la República pudiera implementar acciones contradictorias con las políticas nacionales.
Hoy, a 2 años y medio de elegir por primera vez los gobernadores regionales, ronda el fantasma de la emergencia de caudillos locales populistas e irresponsables que, para conseguir ser electos en 2020, pudieran prometer a la ciudadanía regional cambios radicales, atractivos pero irrealizables, y que pudieran agudizar los conflictos de dichos territorios con el poder central. No se trata sólo de contiendas de competencias (un problema administrativo) sino de un tema sustantivo de política: ¿Cuál es el grado de autonomía de que dispondrán las nuevas autoridades regionales electas para gobernar el territorio?
Es responsabilidad del nuevo gobierno nacional y las comunidades regionales mejorar la sintonía en la toma de decisiones, es decir, constituir una adecuada gobernanza del desarrollo. Porque si no se adoptan las medidas del caso, ese escenario de conflictividad probablemente se evidencie en no pocas regiones del país, hasta ahora adormecidas en sus liderazgos por un sistema centralista que acostumbró a los chilenos a que las decisiones se diseñan, se ponen en marcha y evalúan desde Santiago.
La Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, integrada por especialistas de diferencias tendencias políticas, advirtió en 2014 que la descentralización debía ser acompañada de un proceso de fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales regionales y de procesos de control y participación ciudadana.
Desde el ejecutivo nacional se trata, esencialmente, de crear un sistema de incentivos territoriales que empuje a los nuevos actores hacia conductas virtuosas en materia de gobernanza del desarrollo. Desde las comunidades regionales, es preciso generar nuevos liderazgos, responsables a la vez que comprometidos con los desafíos de un desarrollo más endógeno.
A ese propósito es particularmente relevante mostrar un ejemplo cercano de cómo es posible que un gobierno nacional de centro derecha y un gobierno regional de izquierda colaboren estrechamente para el desarrollo de un territorio pobre. Es el caso de Ceará en el Nordeste de Brasil, recientemente mostrado como ejemplo nacional por el Diario Estadao:
[cita tipo=»destaque»]Se trata de un proceso de más largo aliento, permanente, institucionalizado en la toma de decisiones regionales, que congrega no sólo a las elites regionales sino también a agentes externos a ella, vinculante de las inversiones públicas y privadas, y, por sobre todo, basado en una interpretación correcta y actualizada de las dinámicas del desarrollo de la respectiva región, la que descansa en evidencias científicas.[/cita]
El diario brasileño muestra que, mientras la ideología de izquierda del Partido de los Trabajadores en Brasil es contraria al ajuste fiscal, la política del gobierno de Camilo Santana (PT) en Ceará es de austeridad para mejorar las inversiones públicas. Muy similar a la declarada por el gobierno nacional del Michel Temer (MDB, centro derecha). Sólo que con mejores resultados fiscales.
Es así como el gobierno del PT en Ceará ha logrado implementar reformas en el sistema de pensiones (del 11 al 14% de aporte individual) que Temer no consiguió aprobar para Brasil. Camilo Santana obtuvo este resultado sin grandes conflictos sociales en su región, a diferencia de las grandes movilizaciones contra la reforma de la Previsión social en Brasil que hicieron desistir al Presidente Temer.
¿La fórmula de Ceará? Por un lado, un fortalecimiento consistente del gobierno regional en las últimas dos décadas, con fuerte tecnificación del aparato burocrático. Por otro, la construcción de una alianza política y un modelo de gobernanza regional que ha permitido la transición de gobiernos de centro derecha a la izquierda sin dramatismos ni grandes cambios en las ideas y, muy importante, la gestación de instituciones adecuadas y propias para impulsar el desarrollo en dicho territorio.
Todo ello al amparo de un proyecto político regional, consensuado hace tres décadas, que entrega los fundamentos de dicha gobernanza y el apoyo de un centro de pensamiento estratégico que diseña y evalúa políticas basadas en evidencias (EBP).
Un estudio de RIMISP sobre las trampas de pobreza en Chile, México y Perú constata empíricamente lo que la corriente de la Nueva Economía Institucional sostiene hace décadas: la principal vía para el desarrollo de los territorios es construir una visión consensuada del futuro.
Pero dicha visión no es un simple ejercicio de decenas de focus group donde la comunidad expresa sus “sueños de región”, una práctica común en las Estrategias Regionales de Desarrollo de los tiempos del centralismo chileno.
Se trata de un proceso de más largo aliento, permanente, institucionalizado en la toma de decisiones regionales, que congrega no sólo a las elites regionales sino también a agentes externos a ella, vinculante de las inversiones públicas y privadas, y, por sobre todo, basado en una interpretación correcta y actualizada de las dinámicas del desarrollo de la respectiva región, la que descansa en evidencias científicas.
Por cierto, no son los investigadores quienes deben tomar las decisiones de políticas, pero es deber ético de los políticos a cargo de dichas responsabilidades disponer de la mejor información y capacidad técnica posible para fundarlas y acompañarlas.
Este fortalecimiento técnico estratégico es una tarea indispensable para la descentralización política que se aproxima. Y, por supuesto, el gobierno nacional y los gobiernos regionales que la emprendan a tiempo obtendrán mayores beneficios del proceso de descentralización.
