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El rol de las comisiones asesoras presidenciales

por 9 abril, 2018

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El 02 de abril el presidente Piñera instaló una Comisión para la Infancia a la que denominó “Grupo de trabajo”. Este tipo de instancias no es nueva, para nada. Sin embargo, ha generado cierto debate en los medios de comunicación y redes sociales, y desde allí emergen varios temas que son relevantes para la generación de las políticas públicas en Chile.

Por una parte, las comisiones presidenciales se vienen llevando a cabo hace bastante tiempo y en distintos gobiernos, en particular y con mayor fuerza desde la primera administración de la Presidenta Bachelet. De hecho, en los primeros días de su gobierno, en marzo de 2006, convocó a la primera Comisión de Infancia presidida por Jaime Crispi, la que funcionó en paralelo a la Comisión Marcel constituida para la reforma al sistema de pensiones. Así mismo, se han convocado posteriormente para múltiples temáticas, tales como descentralización, educación, reforma al sistema electoral, sistema de salud privado, conflictos de interés, tráfico de influencia y corrupción, entre otras.

 Desde sus inicios las comisiones han tenido una estructura similar: constituidas por expertos, académicos y miembros de la sociedad civil, definidos discrecionalmente por la Presidencia, constituyéndose en instancias de consulta para la elaboración de propuestas de reforma a las políticas públicas de forma no vinculantes. En ese sentido, la comisión puede generar interesantes insumos que pueden ser, eventualmente, ignorados o asumidos parcial o totalmente por el ejecutivo. Asimismo, no han existido mecanismos claros y explícitos para designar a quiénes las integran. Es una definición arbitraria por parte de quién invita a la conversación. Por último, no son mecanismos de formación de políticas públicas institucionalizados, no cuentan con un procedimiento establecido respecto a su funcionamiento en cuanto a la cantidad de miembros, representación de estos, la provisión de información para la discusión, las instancias de apoyo, y     la difusión y transparencia de los resultados de su trabajo, entre otros aspectos.

La Comisión convocada recientemente difiere en algunos aspectos de las anteriores al invitar a un importante número de participantes miembros del poder ejecutivo entrante. Además del Presidente y de la primera dama la conforman 3 ministros; 6 subsecretarios y la directora del SENAME. Así como miembros del legislativo: 4 senadores, un ex senador y 4 diputados. Quedando esta vez constituido por una minoría de 4 miembros de la sociedad civil y 1 académico.

La Comisión convocada recientemente difiere en algunos aspectos de las anteriores al invitar a un importante número de participantes miembros del poder ejecutivo entrante. Además del Presidente y de la primera dama la conforman 3 ministros; 6 subsecretarios y la directora del SENAME. Así como miembros del legislativo: 4 senadores, un ex senador y 4 diputados. Quedando esta vez constituido por una minoría de 4 miembros de la sociedad civil y 1 académico.

¿Cuáles son las interrogantes y por qué llama la atención esta nueva convocatoria, más allá de las negativas de ciertos sectores a participar y la exclusión de otros? Si bien, estás instancias han sido validadas con anterioridad como mecanismos asesores del proceso de formulación de políticas del ejecutivo, un punto a discutir es el expresado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, y por el presidente del Partido Socialista,  Alvaro Elizalde, respecto al rol del Congreso en la discusión de proyectos de ley, más aún cuando el grupo de trabajo consta con la participación de legisladores en ejercicio. Si bien, la discusión tarde o temprano llegará al parlamento es posible cuestionar la validez que tengan los preacuerdos establecidos al interior de la comisión. Al respecto, cabe recordar el triste y fracasado caso del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación de 2006, el cual tuvo escaso impacto en las reformas posteriores que se realizaron a la Educación con la Ley General de Educación.

Por otra parte, es discutible la arbitrariedad de la selección de los integrantes que hemos señalado anteriormente. Si bien puede significar una instalación de un diálogo plural que permitiría abrir la discusión a diversos actores, quiénes, por cierto, no necesariamente tienen la posibilidad de incidir en las discusiones por otros medios -recordemos la opacidad con la que se generaron la mayoría de los programas de gobierno en las elecciones pasadas-, no obstante hasta ahora no han sido claros los criterios de selección, exclusión ni de representación de los participantes.

Así, la discusión más amplia debiera ir en la línea del rol que el Ejecutivo le otorga a la utilización de este formato de comisiones. ¿Se trata de una puerta a la participación de actores que en general están excluidos de la discusión; o un espacio previo para la discusión de determinadas materias a reformar con la finalidad de lograr pre-acuerdos que agilicen el trámite parlamentario posterior, o simplemente una estrategia comunicacional? Creemos que es posible imaginar la definición de reglas del juego claras para la institucionalización de estas instancias asesoras: que cuenten con un procedimiento que transparente la selección de los integrantes y le reste la arbitrariedad actual, con asignación de recursos para asegurar la obtención de información y con procedimientos definidos de funcionamiento. Lejos de restarles valor a la contribución que pueden realizar al proceso de formación de políticas públicas, pudieran transformarse en instancias de discusión real pre legislativa, sin asumir a priori que se debe llegar a consenso forzado en todas las materias.

La instancia en sí misma no es negativa. Sin embargo, lo ha sido el que varias administraciones las utilicen de manera arbitraria y antojadiza como una puerta en la cual se da el acceso a nuevos actores a la discusión, pero sin aspirar a generar una instancia que pudiera de manera efectiva enriquecer la discusión de las políticas públicas en Chile. Ojalá la discusión que se ha abierto con esta nueva comisión permita avanzar en esta línea y no sea una repetición más de una receta desgastada.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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