Señor Director:
El imperdonable fallo de la tercera sala de la Corte Suprema se ha convertido en un problema político, puesto que la única vía para no dejarlo impune ha sido una herramienta también política: la acusación constitucional. Lamentablemente, ello ha eclipsado el verdadero trasfondo del problema generado por los jueces excelentísimos.
Sin querer entrar en el análisis de la viabilidad, justificación y argumentos de la acusación, no puedo dejar pasar la oportunidad para manifestar mi completo acuerdo con ella. Esta herramienta está muy lejos de ser un atentado a la separación de poderes como ha pretendido establecerse. Ello desde luego por ser considerada en la misma constitución, siempre pensada como herramienta política para remover a los jueces, pues de lo que se trata es de un juicio político y no un mero instrumento analizable solo a los ojos técnicos de los abogados. Y desde luego, por ser la única vía con la que cuentan los congresistas (representantes del pueblo) para no dejar impune lo actuado. No se trata entonces de una intromisión en sus competencias ni una revisión del fallo. Se trata finalmente de juzgarlos políticamente, pues en su envestidura también tienen responsabilidad en la estabilidad de la democracia.
Como señalé, resulta triste que la tan bullada acusación constitucional nuble el real problema tras el fallo de la tercera sala. La problemática dice relación con el debate que como sociedad debemos darnos respecto de la configuración y organización del Poder Judicial. Resulta urgente una reforma a todas aquellas instituciones decimonónicas que tornan el poder judicial en un poder enquistado en tradiciones antiguas y que muchas veces, como en el caso en comento, provocan un grave daño a la democracia.
Así, por ejemplo, resulta urgente debatir cómo es posible que unos jueces con una larga tradición en el ámbito de los derechos humanos, e incluso con un amplio historial de sentencia de la misma materia, decidieran esta vez resolver de un modo distinto. Si bien es cierto que los seres humanos, entre ellos los jueces, podemos cambiar de opinión, pareciera que no resulta serio ni tolerable que estos cambios sean repentinos, injustificados e irreflexivos. Así como demandamos de un ciudadano común que no puede un día pensar A y al siguiente B, sino que exigimos un mínimo de reflexión y tiempo en ese giro, también y con mayor razón debemos exigir eso de la judicatura. ¿No será conveniente introducir en nuestro ordenamiento el precedente vinculante, institución vital en el derecho anglosajón, a manera de evitar estos giros dramáticos? Lo actuado por la sala es de común ocurrencia en otras materias. Piense por ejemplo en materia laboral o civil, en la que los litigantes dependen del cambio de sus integrantes para obtener fallos totalmente opuestos.
También ha de considerarse la necesidad de limitar el acceso al tribunal de casación. No parece adecuado que sea éste conozca de recursos tan comunes como los de amparo o de protección sin un previo potente filtro de acceso. Así por ejemplo el recurso de protección, pensado como acción cautelar de urgencia que en la práctica es de común uso y del más amplísimo espectro. Piense en las alzas de Isapre, remociones de cargos, y un largo etc. La literatura al respecto es basta.
La manera de pensar la justicia del siglo XXI debe llegar también a los tribunales superiores. Si bien, gracias a la justicia reformada en el ámbito de familia, laboral y penal, se ha dado un salto en la manera de hacer justicia, siguen enquistado en los tribunales no reformados y en las cortes instituciones que no se avienen con los tiempos. Los abogados deben soportar diariamente solicitudes innecesarias y practicas añejas, pese a la modernización y reforma de tramitación electrónica.
En definitiva, sostengo que el fallo de la tercera sala es una muestra potente de la necesidad de reformas en el ámbito de la justicia. Algunas ni siquiera necesitan de recursos asociados. El debate en torno al juego político de la acusación constitucional no debe distraernos. Si bien a mi juicio es necesario y justo, no debemos perder de vista la perspectiva de futuro. Si nada se reforma, si nada cambia, los problemas persisten. La desconfianza en la justicia se hace honda y con ello se suma una institución más en las ya dañadas y desacreditadas instituciones republicanas. Es eso lo más peligroso. Si los ciudadanos pierden la fe en sus instituciones y en la política, indefectiblemente prolifera el populismo y el fascismo. Debemos fortalecer la democracia con medidas concretas y para ello debemos dar el debate de reforma a la justica que tanto urge.
Tomás Cornejo Cuevas
Abogado
