Opinión
Centrar la discusión y reflexión en torno a las políticas, programas y acciones concretas que se puedan generar desde el Estado y también por la ciudadanía para afrontar los cambios demográficos del país, pensando en el progresivo envejecimiento de nuestra población, al estimarse que al año 2025, la población mayor de 60 años corresponderá a un 20% de la cantidad de habitantes del país, lo que superará el porcentaje de población menor de 15 años (Campos, Herrera, Fernández y Valenzuela, 2014), se convierten en una temática relevante y tal vez urgente, al que debemos responder como sociedad.
En este sentido, resulta preocupante el que para muchos chilenos, el envejecimiento se transforme en una etapa altamente estresante, desoladora y llena de circunstancias sanitarias, sociales, culturales y económicas que confluyen entre sí, deteriorando gradualmente sus condiciones de vida y desarrollo personal. Al respecto, no se puede negar que ha existido cierta voluntad por revisar y/o ‘mejorar’ (aunque superficialmente) el sistema de pensiones en Chile, implementando diversas medidas, las que van desde el sistema de reparto al ahorro individual en los años 80’; la implementación de modificaciones específicas para fomentar la dimensión no contributiva y ocuparse de la población más vulnerada en el 2008; el Bono por hijo a partir de los 65 años; las cuentas de capitalización individual voluntaria; los ajustes de tasa de aporte en aquellos casos de sobrevivencia e invalidez; el aumento en los montos asignados para la Pensión Básica Solidaria (Ex – PASIS); el aporte previsional solidario adicional para aquellos cotizantes con montos bajos de jubilación, la reducción de la cotización obligatoria en salud; la rebaja en el transporte público; el teletrabajo, entre otros.
[cita tipo=»destaque»]En definitiva, aspiramos a la construcción de políticas públicas que sean sensibles con esta realidad, para afrontar activamente las desigualdades imperantes en la sociedad, y que afectan mayoritariamente a los adultos mayores, las mujeres y las personas con más bajos ingresos. Sólo en la medida en que nos ocupemos de quienes han aportado tanto al país, estaremos verdaderamente construyendo una sociedad con mayor justicia social para todos y toda.[/cita]
No obstante, pareciera ser que este conjunto de medidas siguen siendo insuficientes y tienden a impactar negativamente sobre las posibilidades de subsistencia y autonomía de nuestros adultos mayores. A modo ilustrativo, se estima que el salario mínimo de un adulto mayor en Chile no supera los $206.000 aproximadamente, encontrándose incluso bajo el salario mínimo exigido por ley.
Ante esta realidad, conviene preguntarse ¿De qué manera es posible avanzar en la instalación de un sistema de bienestar en la adultez tardía, entendiéndolo como un derecho fundamental? ¿Cómo se podría preparar la ciudadanía para afrontar exitosamente esta etapa del ciclo vital? ¿Repensar la jubilación y su relación con otros fenómenos como la migración y el aumento de las expectativas de vida? ¿Cómo dar el salto en la discusión desde la des-pensionalización del debate hacia la configuración de políticas públicas que asuman e integren verdaderamente la protección integral del adulto mayor? A nivel internacional, se ha observado un interés sistemático en torno a la revisión del sistema de pensiones y las condiciones de vida que enfrentan los gerontes. Prueba de ello, es que en los países adscritos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como en la Unión Europea, se han enfocado en disminuir la pobreza en la vejez, particularmente en el caso de quienes no logran los montos de cotizaciones necesarias o no han cotizado nunca en el sistema; considerando que las mujeres representan a la mayoría de los pobres de edad avanzada en los países de la OCDE (D’Addio, 2013).
A nivel nacional, existe una sistematización interesante sobre el tema de la Jubilación (Biehl, Wormald y Browne, 2018) en el que se plantean algunos problemas y nudos críticos que adquieren interés por parte de la ciudadanía. Dicho estudio permite evidenciar una sobrestimación de la confianza en las capacidades futuras de las personas; una falta de planificación de largo plazo sobre la pensión, generando una visión pesimista sobre sus proyecciones actuales y futuras, incidiendo en definitiva, en una valoración negativa de la situación económica que aumenta, en la medida que se acerca a la edad de jubilación, altos niveles de inseguridad frente al sistema de pensiones, la instalación de una clase media vulnerable (conformada por familias que no reciben aportes del Estado ni del Mercado), etc.
Por ello, y a modo de conclusión, abogamos por la instalación de una discusión país que reconozca e integre verdaderamente las múltiples carencias y necesidades que enfrentan cotidianamente nuestros adultos mayores en Chile, posibilitando la emergencia de acciones que les permita mejorar al corto, mediano y largo plazo su calidad de vida. Nos parece que la sociedad mantiene una deuda histórica con este segmento de la población, puesto que muchas de las medidas descritas han estado orientadas al ámbito económico, olvidando aspectos tremendamente importantes tales como: corresponsabilidad frente al cuidado de la familia, apoyo social y bienestar subjetivo, envejecimiento activo; afrontamiento y superación de las desigualdades de género y sociales existentes en la vejez, etc.
En definitiva, aspiramos a la construcción de políticas públicas que sean sensibles con esta realidad, para afrontar activamente las desigualdades imperantes en la sociedad, y que afectan mayoritariamente a los adultos mayores, las mujeres y las personas con más bajos ingresos. Sólo en la medida en que nos ocupemos de quienes han aportado tanto al país, estaremos verdaderamente construyendo una sociedad con mayor justicia social para todos y todas.
