Opinión
Recientemente el presidente Sebastián Piñera junto a ministra de educación Marcela Cubillos han firmado el proyecto de ley “Aula Segura”. Este busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia. En lo concreto el proyecto establece que, en los siguientes casos, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula:
1. Uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas (material de uso bélico, armas de fuego, municiones, explosivos de uso autorizado, sustancias químicas usadas para la fabricación de explosivos, bastones eléctricos o electroshock), y artefactos incendiarios, explosivos, y de características similares, como, por ejemplo, bombas Molotov.
2. Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
Lo bueno de este proyecto es que es una respuesta específica a un problema específico. La violencia desatada al interior de ciertos liceos ya no da más, por lo tanto, a pesar de las críticas a este proyecto “otra cosa es con guitarra” y bien lo saben las comunidades educativas vulneradas con la violencia que han experimentado día tras día. Es cosa de observar los “mitin” de encapuchados para reafirmarlo, ya se hacía evidente como muchos equipos directivos junto a sus comunidades educativas estaban anonadadas, totalmente impotentes, aterrorizadas y casi “cruzadas de brazos” ante los hechos de violencia.
[cita tipo=»destaque»]El desafío de educar es colosal, por esto nuestro Congreso debe aportar a hacer de esta tarea algo más llevadera. Por otro lado, lo malo de este proyecto es que aún no es una solución de fondo y definitiva. Si bien se agradece el interés y la proactividad del ejecutivo de tomar decisiones para encontrar una solución respecto a la violencia producida al interior de establecimientos educacionales, esta debe ser una primera parte o la solución en lo inmediato, pero no se puede pretender que sea la definitiva. En este sentido, quiero dejar algunas interrogantes que permitan ir en búsqueda del siguiente paso. En primer lugar, ¿Por qué se genera la violencia al interior de un lugar que tiene como fin la educación? ¿Es el lugar “colegio” el que genera la violencia? ¿Los estudiantes envueltos en estos hechos vienen formados violentamente desde sus casas? ¿Qué pasará con la seguridad del Director ante posibles represalias cuando expulse a un estudiante? Más que respuestas, contribuyo con interrogantes que permitan profundizar las reflexión[/cita]
Eso a pesar de que el reglamento interno de convivencia escolar permite la sanción, ésta lamentablemente, no llega de manera oportuna, no permite proteger de forma inmediata la integridad tanto física como psíquica del resto de la comunidad educativa, por lo tanto, es también una herramienta útil y absolutamente necesaria para, por un lado, proteger el derecho a la educación de los estudiantes que si quieren continuar con su proceso de aprendizaje, y por otro lado, el derecho de docentes y asistentes de la educación a trabajar en un lugar seguro, en paz y donde la violencia no quede impune. En definitiva, es una respuesta al docente que fue despiadadamente golpeado, a la asistente de la educación que fue rociada con bencina, al miembro del equipo directivo que le destrozaron el auto y toda la comunidad educativa que experimentó el terror al ver parte de su liceo ardiendo en llamas producto de una bomba molotov. Por lo tanto, una herramienta eficaz, más oportuna y en busca de la seguridad.
Lo malo de este proyecto, por un lado, es que aún es proyecto y las comunidades educativas lo requieren con urgencia. Por lo tanto, es de esperar que nuestro Congreso lo discuta con la celeridad que amerita, empatizando con docentes y asistentes de la educación, sean más pragmáticos que poéticos, porque insistiendo en la frase “otra cosa es con guitarra”, los colegios necesitan más acciones y menos sermones. Hoy hacer docencia al interior de escuelas y liceos es una tarea titánica porque impera la cultura del derecho sin responsabilidad, garantías sin deberes, exigencias sin esfuerzo y quererlo todo sin dar nada.
El desafío de educar es colosal, por esto nuestro Congreso debe aportar a hacer de esta tarea algo más llevadera. Por otro lado, lo malo de este proyecto es que aún no es una solución de fondo y definitiva. Si bien se agradece el interés y la proactividad del ejecutivo de tomar decisiones para encontrar una solución respecto a la violencia producida al interior de establecimientos educacionales, esta debe ser una primera parte o la solución en lo inmediato, pero no se puede pretender que sea la definitiva. En este sentido, quiero dejar algunas interrogantes que permitan ir en búsqueda del siguiente paso. En primer lugar, ¿Por qué se genera la violencia al interior de un lugar que tiene como fin la educación? ¿Es el lugar “colegio” el que genera la violencia? ¿Los estudiantes envueltos en estos hechos vienen formados violentamente desde sus casas? ¿Qué pasará con la seguridad del Director ante posibles represalias cuando expulse a un estudiante? Más que respuestas, contribuyo con interrogantes que permitan profundizar las reflexiones.
En segundo lugar, esto se debe discutir seriamente (más allá del proyecto) para no seguir naturalizando la violencia. Hoy por hoy, la realidad es que existen jóvenes que están siendo instrumentalizados por medianas organizaciones políticas anarquistas y de extrema izquierda, por lo tanto, no democráticos e indiferentes al Estado de Derecho. Por lo tanto, aunque se expulse a un estudiante, vendrán otros, los que serán capturados por estas organizaciones. Es cierto que la señal de expulsión inmediata generará desincentivo a participar en estas organizaciones violentistas, pero eso de “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica”, que en la constatación se observa pareciera ser que los jóvenes necesitan vehementemente de un relato que les brinde un sentido épico, adrenalínico y una causa a sus vidas, que terminan siendo aprovechada por estas organizaciones violentistas, de personas que nunca maduraron y no asumieron la realidad de la vida en sociedad.
Ante esto, ¿Cómo el Estado Chileno hará frente a estas organizaciones violentistas? Seguramente algunos consideran este planteamiento exagerado, pero es tiempo de parar con la naturalización de la violencia, no es normal que en una sociedad democrática regida por el Estado de Derecho una persona se vista con overol blanco, tape su rostro, tenga combustible, diversos insumos y comience a destruir todo lo que está a su paso, para luego nadie saber quién fue. Por favor, invitó al uso de la razón, conciencia y sentido común, esto no es normal y no es espontáneo. Entonces, las autoridades deben hacerse cargo de identificar quién está detrás.
Lo feo es el modo con que se ha criticado este proyecto. Se han dicho muchas mentiras, basta revisar las redes sociales, comentarios y cuñas respecto a este tema para darse cuenta. Alguien que haya leído el proyecto y sepa un poquito de educación, lo detectará. Por mencionar algunos ejemplos, se dice que este proyecto expulsa del sistema educacional al estudiante, cuando la realidad es que lo reubica en otro colegio con el fin de cambiar de contexto y alejarlo del foco de violencia. Por lo tanto, si ese estudiante quiere retomar su proceso educativo podrá hacerlo sin ningún problema en otro colegio y con el apoyo psicosocial que le brinde ese nuevo establecimiento.
Otro ejemplo, y lo menciono porque es un político mediático, el alcalde Jadue dice textual “Invito al gobierno a visitar los colegios municipales de Recoleta donde existen directorios colegiados para que toda la comunidad esté representada y resuelva sus asuntos colectivamente. Así se avanza en una verdadera #aulasegura. ¡El camino es otro señoras y señores!”. La pregunta para el alcalde es ¿sabrá que los Consejos Escolares fueron creado el 2004? Esto nacieron con la misión de promover la participación de las comunidades educativas a través del diálogo abierto entre todos los actores que las componen.
Así, directores, sostenedores, profesores, estudiantes y apoderados tienen la oportunidad de reunirse en pro de un mismo fin, y donde están todos los estamentos representados. Estos consejos se llevan a cabo, por ley, en todo colegio subvencionado por el Estado en Chile, y surgieron con el fin de resguardar la mirada de todos los miembros de la comunidad educativa, establecer un espacio de confianza y fomentar la participación activa y representativa de todos sus integrantes, además de fortalecer la sociedad civil y la posibilidad de que todos los miembros de un establecimiento puedan opinar con respecto a distintos temas. Es decir, no es una innovación de Recoleta, no lo inventó él, llevan aproximadamente 14 años funcionando, y a pesar de aquello, no ha sido la solución a la violencia. Esto sin mencionar la construcción del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal en que cada año participan todas las comunidades educativas, de todos los establecimientos. Por lo tanto, ¿por qué mejor no se construye un debate sólido, sin mentiras y tergiversaciones?
En definitiva, este es el primer paso para hacer frente a la violencia, y no puede ser el único, puesto que hay un tema de fondo que el Estado de Chile debe abordar, y son las organizaciones violentistas que aún existen en nuestro país, no se puede seguir naturalizando la violencia. Además, será interesante presenciar el debate sobre este proyecto porque veremos quién es quién, si hay coherencia o no para condenar y sancionar a jóvenes, que abusando de su calidad de estudiantes cometen acciones delictivas. Y finalmente, un respiro para todos los profesionales de la educación que han sido agredidos este último tiempo.
