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TV de pago: ¿para quiénes legislan los parlamentarios?

por 24 octubre, 2018

TV de pago: ¿para quiénes legislan los parlamentarios?
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Hace unos días el Senado despachó el proyecto de ley que sanciona a quienes decodifiquen ilegalmente las señales de televisión satelital de pago, estableciendo multas de hasta $48 millones.

Con 17 votos a favor y solo una abstención, la Cámara Alta dio luz verde para que la ley sea promulgada por el Presidente. Según los senadores, la iniciativa tiene como objetivo proteger “la propiedad intelectual y los derechos de autor en el mercado de los servicios limitados de televisión, sancionando a quienes lucren ilícitamente mediante la comercialización indebida de instrumentos o programas que permitan decodificar señales”.

Puede estar uno de acuerdo o no con la medida, que más parece un eufemismo para proteger a las grandes empresas de distribución de TV por cable o satelital. Al parecer en algunos detalles los legisladores dejaron de lado al consumidor final, quedándole al consumidor la sensación de que lo que se está protegiendo son los intereses de las grandes empresas.

Llama poderosamente la atención que en la discusión de esta ley ningún parlamentario haya puesto el interés en la protección de los consumidores finales, esto se refleja de manera categórica, por ejemplo, en el hecho de que una de las medidas coercitivas de las grandes empresas de señal de TV por cable o satelital es eliminar la señal al consumidor moroso, privándolo de acceder a los canales de señal abierta e incluso privándole de acceder al canal público (TVN) y a los canales del Senado o Cámara de Diputados.

La discusión de una ley no solo debe tener un carácter prohibitivo sino que además debe tener una mirada que también permita educar y generar beneficio a los consumidores y no solo a la empresa de servicios. Se extraña, por ejemplo, que no se obligue a presentar a una parrilla con una oferta más inclusiva pese a lo consagrado por el Concejo Nacional de Televisión, que señala que los canales de TV abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda. Esto hoy se aprecia en algunos noticieros nacionales, pero para programas de información, excluyendo la entretención.

Por otra parte, la discusión de una ley no solo debe tener un carácter prohibitivo sino que además debe tener una mirada que también permita educar y generar beneficio a los consumidores y no solo a la empresa de servicios. Se extraña, por ejemplo, que no se obligue a presentar a una parrilla con una oferta más inclusiva pese a lo consagrado por el Concejo Nacional de Televisión, que señala que los canales de TV abierta y los proveedores de televisión por cable, deberán aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten a la población con discapacidad auditiva el acceso a su programación en los casos que corresponda. Esto hoy se aprecia en algunos noticieros nacionales, pero para programas de información, excluyendo la entretención.

Sería bueno quizás que algunos de nuestros representantes impulsen la idea de que las empresas de TV cable o satelital, a lo menos, aseguren, en caso de no pago o morosidad, la permanencia de la señal de los canales públicos o con señal abierta y que el costo del consumo sea en proporción al uso real de otras señales, ya que muchas veces costos de $30 mil a $50 mil están sobredimensionados a la hora de pagar por ver una película en un canal internacional una vez a la semana.

Por último, lo mismo que hoy ofertan las empresas de señales de TV cable o satelital, no es de mejor calidad de lo que hoy podemos encontrar en la TV abierta o en una básica cuenta de Netflix con una diferencia de precio abismante. Hoy existen las tecnologías necesarias para no dejar en el oscurantismo televisivo a los consumidores que sufren algún tipo de retraso en sus cuentas, pero más importante es hacer un llamado a los parlamentarios para ponerse en lugar de los consumidores/electores y no solo ceder ante la voluntad de legislar en favor de las empresas.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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