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Por una democracia participativa

por 16 diciembre, 2018

Por una democracia participativa
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De acuerdo al informe 2018 de Latino barómetro, el apoyo en nuestra región al régimen democrático ha bajado y los ciudadano/as son indiferentes al tipo de régimen, alejándose de la política, la democracia y sus instituciones. Los problemas de corrupción, transparencia, crisis económicas más o menos permanentes, han puesto en duda el rito democrático, cuando este no se percibe como catalizador de cambios en la vida cotidiana de las personas.

Uno de los mecanismos para hacer que las personas se sientan participes de sus destinos es la de incentivar políticas de participación ciudadana desde el propio Estado. En nuestro país existe desde hace años una ley que consagra la participación en el estado; la ley 20.500 (febrero del 2011).  Es una legislación cuestionada por insuficiente, poco práctica y –sobre todo- carente de sanciones y seguimiento real, pero está vigente y se debe aplicar. Está ley tuvo un activo comienzo, ya que el instructivo presidencial 002 del 20 de abril del 2011 (a penas dos meses después de promulgada de la ley), le dio cuerpo y consistencia a la participación en el Estado, criticable y mejorable, pero mostraba una intención por el tema.

En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en agosto del 2014 (cinco meses después de asumir), se dictó el instructivo presidencial 007, que unificó los criterios de seguimiento e implementó nuevas prácticas de participación en el Estado. Incluso durante dicho mandato, se creo un Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, amplio y diverso, que propuso varias medidas para profundizar la participación en Chile.

Al parecer en el segundo mandato del presidente Piñera, la participación ciudadana se quedó solo en su programa, ya que cumplidos nueve meses de asumir su mandato, aún no se ha dictado un instructivo presidencial. Una primera señal del escaso interés en la participación ciudadana, fue la no ratificación del Acuerdo de Escazú, que entre otros temas garantiza la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental y participación pública. Mientras el gobierno no muestre un real interés por incentivar y profundizar la participación de la gente, los discursos de los que se creen conocedores de la “naturaleza humana”, no serán más que palabras vacías. La participación ciudadana no se trata de dictar cátedra de lo bien que lo hago o las cosas lindas que haré, la participación ciudadana supone escuchar, atender y responder.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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