Opinión
Desde su creación en el año 2003, pese a las sucesivas reformas legales, cada cambio de gobierno hace crujir al Sistema de Alta Dirección Pública –SADP–, y pone en tela de juicio su promesa central de “dotar a las instituciones de gobierno –a través de concursos públicos y transparentes– de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo”.
La más reciente reforma del SADP prometía superar vacíos y resquicios transversalmente identificados, poniendo en el centro del sistema los componentes de mérito y concursabilidad. Arduamente legislada en el período anterior de gobierno y aprobada con el acuerdo prácticamente unánime de ambas cámaras, la Ley N°20.955, se ha diluido, en pocos meses, como un espejismo.
El pasado 14 de septiembre, los presidentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales –ANEF– y la Federación Nacional de Asociaciones del MOP –FENAMOP– remitimos una carta al Consejo de Alta Dirección Pública –CADP– alertando sobre la evidente vulneración de la ley y de la equidad en los concursos de Alta Dirección Pública, en el marco de la instalación del gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
[cita tipo=»destaque»]Los Concursos de Alta Dirección Pública son, por lejos, el sistema de selección de más alto costo para el Estado de Chile. Y si dieran plenas garantías de transparencia, no discriminación, confidencialidad, pero por sobre todo, de garantizar la selección de los/as mejores servidores/as públicos/as de entre sus postulantes, en beneficio de la ciudadanía y de la mejor gestión de los servicios públicos, serían recursos bien invertidos. Pero cuando la evidencia demuestra, que se los ha vaciado de contenido y garantías, para limitarlos a un procedimiento de validación de nombramientos de confianza política, resulta un contrasentido persistir en una pantomima de política pública que fracasa por la falta de voluntad de las autoridades encargadas de materializarla.[/cita]
En la reunión sostenida posteriormente con los integrantes del CADP, alertamos sobre la extendida instalación de los llamados “asesores presidenciales” o “ministeriales”, que fuera de toda legalidad, han ejercido como las jefaturas reales en diversos servicios públicos. Pero particularmente, del preocupante precedente respecto de los concursos públicos, en cuyo diseño los propios futuros postulantes tuvieron participación y en que, estas jefaturas irregulares, han sido nombrados secuencialmente como jefes de servicio o directivos de segundo nivel por medio del SADP.
En esa fecha, expusimos ante el CADP, al menos 5 concursos de primer y segundo nivel, con el resultado indicado. Asimismo, informamos sobre 8 concursos en proceso, respecto de los cuales resultaba a la fecha imposible conocer siquiera la información de los postulantes, dando cuenta de quienes serían nombrados. A la fecha, han finalizado 7 de los mismos, ratificando estos nombramientos. Asimismo, otros procesos iniciados con posterioridad tienen toda probabilidad de seguir el mismo destino.
Atendiendo la continuidad en la secuencia de nombramientos descrita, parece evidente que nuestros planteamientos a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al CADP fueron desechados, y no han sido recepcionados como un aporte a la protección de la Fe Pública, al cumplimiento de la legalidad vigente, ni a la defensa de la credibilidad de las instituciones.
Los Concursos de Alta Dirección Pública son, por lejos, el sistema de selección de más alto costo para el Estado de Chile. Y si dieran plenas garantías de transparencia, no discriminación, confidencialidad, pero por sobre todo, de garantizar la selección de los/as mejores servidores/as públicos/as de entre sus postulantes, en beneficio de la ciudadanía y de la mejor gestión de los servicios públicos, serían recursos bien invertidos. Pero cuando la evidencia demuestra, que se los ha vaciado de contenido y garantías, para limitarlos a un procedimiento de validación de nombramientos de confianza política, resulta un contrasentido persistir en una pantomima de política pública que fracasa por la falta de voluntad de las autoridades encargadas de materializarla.
Y no se trata sólo de los recursos públicos involucrados, sino de los/as miles de candidatos/as que se movilizan, postulan, entregan antecedentes, concurren a entrevistas, en procesos en que no tienen oportunidades reales de ser nombrados, sean cuales sean sus méritos, experiencia o capacidades.
Es indudable que existan miradas diversas sobre los objetivos y formas de medición del éxito o fracaso del SADP. En reunión sostenida por la ANEF con el Consejo Asesor Presidencial para la Modernización del Estado, algunos consejeros expresaron que se trataba de un procedimiento para concretar nombramientos de confianza política, cuyo objetivo era garantizar estándares profesionales mínimos para los Directivos Públicos. Es una mirada respetable, pero que no se condice en absoluto con el formato de Concurso Público utilizado, ni mucho menos con el nivel de recursos presupuestarios y humanos que implica. Tal como ocurre en otros cargos de la administración, para cumplir este objetivo resultaría del todo suficiente imponer requisitos legales de título o de experiencia que sean verificados por las autoridades competentes y ratificados por la Contraloría General de la República.
Para quienes trabajamos en el Estado es evidente que estamos presenciando el fracaso del SADP por la decisión, articulada sobre la base de resquicios administrativos, de sobreponer el criterio de confianza política, a los principios generales de mérito e idoneidad, amparados por la Ley y defendidos por la ANEF desde la creación del sistema.
Nuevamente, la profesionalización de la Administración Pública y su separación de los ciclos electorales y de gobierno se ve postergada y subordinada a las lógicas voraces del uso pendular del Estado como botín de los gobiernos de turno.
