Opinión
Las zonas de sacrificio –aquellas que sufren peligrosos niveles de contaminación en beneficio de otras- no siempre excluyen las comunas “acomodadas”. Dados los niveles de desigualdad territorial chilenos, hay zonas de sacrificio incluso en algunas de estas. Así sucede en Providencia, caso que vale la pena analizar.
Providencia sufre y reproduce la contaminación derivada de la desigualdad territorial de la nación: la responsabilidad de ello está principal –aunque no únicamente- en el municipio. La comuna tiene aproximadamente 130.000 habitantes, la mayoría en el antiguo segmento B, y por partes aproximadamente iguales de los grupos A y C, muchos altamente calificados. Del conjunto, un 2% son discapacitados. El 38% de los habitantes de la comuna está en Fonasa, tasa que aumenta en personas mayores. Recibe a diario, aproximadamente, un millón personas de fuera, distribuidos en unos ochocientos mil trabajadores, unos cincuenta mil estudiantes de todos los niveles educacionales, decenas de miles de pacientes de salud y decenas de miles de usuarios del conjunto de comercios y servicios. En 2016 trabajaban 794.000 personas en Providencia. En otras palabras: el 8,8% de todos los puestos de trabajo de Chile (Fuente: Biblioteca del Congreso, Reporte Estadístico Comunal)está en una comuna de apenas 3,8 km por cada lado y que se atraviesa en 50 minutos a pie o 15 en bicicleta.
Es una comuna de uso intenso –por empresas, por trabajadores, por clientes-, pero relativamente escasa en habitantes. Es un caso tal vez único en el país, pero comparte con otras localidades que solo una fracción de la riqueza generada en la comuna se queda en ella. La mayoría de los accionistas mayoritarios de las empresas con sucursal o sede en Providencia no viven en Providencia. Sus inversiones traen más automóviles, más contaminación, más ruidos, más basura, pero eso no significa un beneficio para la comuna. Las patentes comerciales no compensan los males.
¿Responde la Municipalidad de Providencia a la altura daño que generan las actividades que en ella tienen lugar?
Es necesario distinguir áreas. Aquellas alrededor de la línea uno y cinco del metro son las más perjudicadas. Los daños penetran tentacularmente aproximadamente un kilómetro a ambos lados de la zona definida como comercial. Una parte importante de la comuna –oficialmente residencial- se está transformando en área de servicios para los comercios y empresas y se ha convertido en área de descarga, de estacionamiento (incluyendo aceras y áreas verdes), de distribución de comidas, de ruidos y acumulación de basura.
De día, un concierto de ruidos de circulación, de alarmas de auto, de sopladoras de hojas y cortadoras de pasto; de noche, motos de distribución de comida, máquinas industriales de limpieza; y los fines de semana, alarmas de empresas que suenan sin control. El conjunto impide que en las viviendas aledañas se pueda conversar, trabajar o hacer el amor. Hay autoridades que desatienden el tema, pero el consejo Municipal no podría sesionar ni con una fracción de esos ruidos. Ninguno de los residentes –asfixiados por el ruido de buses de turismo en la madrugada- se irá a vivir a uno de los nuevos hoteles cuando sea desalojado de su vivienda porque ya no puede arrendar ni pagar las contribuciones en las zonas residenciales hoy invadidas por oficinas o servicios. Los bares de Tobalaba no son para los residentes, que lidian cotidianamente con de robos y por las noches ya no se atreven a salir. Y los autos y camiones en la acera impiden acercarse al metro.
Los servicios que están radicados en Providencia sólo accidental y minoritariamente se destinan a sus habitantes, que reciben los daños de una producción de riqueza que va hacia otros territorios, incluyendo comunas vecinas. Lo anterior es fruto de la decisión municipal de expulsar a los habitantes y en su lugar instalar empresas.
Continuar así es una traición a la historia, al presente y al futuro de Providencia. Y un problema de salud pública.
La Municipalidad ha desarrollado, más que otras, algunos instrumentos de planificación y ordenanzas locales. Ahora bien, en el área sometida a la mayor presión empresarial, tres hechos son evidentes. La primera: estos instrumentos no están a la altura de los daños. La segunda: los sistemas de fiscalización están orientados a proteger la propiedad, pero desatienden la salud ambiental, campo donde solo actúan por denuncia, es decir, tarde: en Providencia no hay prevención ambiental ni requisitos ambientales en la licitación de servicios. Y, la tercera: no hay voluntad de las autoridades para actuar al nivel requerido, lo que es connivencia con irregularidades y daños.
El conjunto refleja una voluntad municipal de hacer pagar a los habitantes el costo de ampliar el área comercial y ocupar, además, el área residencial colindante como territorio de servicio para empresas. Puede que eso satisfaga intereses financieros, pero carece de sentido humano, de sentido ambiental y de sentido urbano. Grandes comercios, grandes servicios y un municipio insensible con el fenómeno de degradación extienden –mucho más allá del área comercial- una sombra que degrada a Providencia.
Providencia necesita una modificación en los criterios de sus autoridades que devuelva el carácter mixto o residencial a amplias zonas, hoy esclavizadas al servicio del área comercial. Eso implica una nueva ordenanza en las proximidades de las líneas del metro. Lo anterior es compatible con el comercio y los servicios, pero se requiere establecer reglas que no transformen a estos en enemigos de la vida en la ciudad. ¿Se pondrá el Municipio a la altura de las circunstancias?
