Opinión
La compra ilegal de terrenos de la comunidad mapuche Mariano Millahual en Pucón que realizó el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, contravino de un modo flagrante la ley 19.253 sobre derechos indígenas. Al respecto y en un acto de defensa corporativa, el Ministro del Interior Andrés Chadwick, el día 8 de marzo, explicó “…la adquisición de ese terreno es…completamente regular y legal” (Radio Agricultura).
El Ministro del Interior, estaría actuando en este caso como juez y parte, dictaminando si un acto es legal o no, todo ello, sin respetar el estado de derecho, que implica que cada persona esté sujeta a la ley, especialmente los funcionarios públicos y jueces. En efecto, toda decisión de los órganos de gobierno, han de estar sujeta a procedimientos regulados por ley y guiados por un absoluto respeto a las normas del derecho. En este caso, se manifiesta un descarado desprecio por aquellas normas que a cualquier ciudadano, lo obligan.
Resulta paradójico y hasta contradictorio que el propio Ministro Chadwick, el 20 de enero señalara en Radio Agricultura, refiriéndose a cuatro pescadores que bloquearon la Ruta 5 sur, que, “En nuestro gobierno, como debe ocurrir siempre en democracia, el estado de derecho debe siempre ser respetado”. Es decir, se utiliza un criterio en que un pescador o un mapuche, reclama sus derechos, y otro muy distinto, cuando se trata de defender a un funcionario bajo su dependencia.
Una vez más hay que repetirlo, la ley debe ser igual para todos, sea para proteger o para castigar, siendo todos los ciudadanos iguales ante ella, como dice expresamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es el atropello a este principio el que ha instalado la desconfianza y la falta de credibilidad en las instituciones democráticas.
Ubilla y el gobierno han argumentado que las compras son legales porque, quien vende esos terrenos, Guadalupe Moris, no es mapuche. Sin embargo, ella, es cónyuge de un mapuche, y la Ley dice claramente que toda persona que en posesión del estado civil de cónyuge con un indígena, es titulo suficiente para adquirir los mismos derechos (Art. 4° Ley 19.253). Por lo tanto, las tierras del matrimonio gozan de prohibición de venta porque pertenecen al título de Merced N° 1341 del año 1908. Al respecto, el artículo 12 de ese cuerpo legal dice que estas son tierras indígenas, por ende, tiene prohibición de venta.
Tanto el espíritu de la ley como su norma expresa, es muy clara en la defensa de las tierras restituidas por el Estado: se puede liquidar la sociedad conyugal pero no se puede liquidar la calidad indígena de la tierra, como lo señala el artículo 17 de la norma referida. Qué duda cabe, esta compra contraviene el artículo 13 de la ley 19.253, que prohíbe la venta de tierras indígenas a personas no indígenas, indicando taxativamente que este tipo de acto adolece de nulidad absoluta y debe ser declarada como tal.
En efecto, hay precedentes judiciales respecto de este tipo de ilegalidades. Me refiero, a la sentencia de la causa Rol V-27-2014, caratulada “Caniullán” del Juzgado de Letras de Loncoche; la sentencia del Juzgado de Letras de Pitrufquén en causa Rol V-4-2013, caratulada “Liempi”, sentencia en causa Rol V-29-2015, caratulada “Llanos Toro” del Juzgado de Letras de Pitrufquén. Estos fallos contundentes, son la prueba irrefutable de la irregularidad de la compra de Ubilla.
Si al Ministro y Subsecretario de Interior le quedan dudas, la misma Contraloría General de la República, Dirección Los Ríos, en el Dictamen N° 1126 de 2015, punto 3 “Indivisibilidad de las tierras ancestrales”, dice que el Título de Merced N° 2.429 del año 1912, son Inmuebles que quedaron sometidos al estatuto jurídico contemplado en el artículo 17 de la ley N° 19.253, que establece que las tierras resultantes de la división de las reservas y liquidación de las comunidades de conformidad al decreto ley N° 2.568, de 1979, y aquellas subdivisiones de comunidades de hecho que se practiquen de acuerdo a la presente ley, serán indivisibles aun en el caso de sucesión por causa de muerte.
Este dictamen mandata a CONADI a oponerse judicialmente a casos en donde se vulnere abiertamente la Ley N° 19.253. De ahí que llama profundamente la atención que el Director (s) de CONADI resolviera defender el negocio privado del señor Ubilla, en contra del deber de CONADI que es asegurar, promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas (art. 39 Ley N° 19.253).
Al respecto, toma particular relevancia que en la segunda compra de terrenos, el 14 de septiembre de 2012, el señor Ubilla ya era Subsecretario del Interior durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, terrenos que compró a la misma señora Moris.
Hablamos entonces, de un funcionario público a cargo de la seguridad pública y la policía, que termina ejerciendo su poder e influencia para su bien particular en contra del bien general. Esto es lo que se denomina falta de probidad.
Por otro lado, el Subsecretario ha asegurado que hay terrorismo en La Araucanía e incluso ha llegado a vincular los incendios forestales a la causa Mapuche, pero ¿por qué tiene su casa de descanso en una región tan “peligrosa”? Si los mapuche son “terroristas” y representan una amenaza permanente, ¿por qué se construye una casa en medio de una comunidad mapuche?
Las conclusiones inevitables; son que Ubilla representa a quienes están en política movidos con el interés prioritario de salvaguardar sus privilegios y sus intereses económicos, utilizando al Estado. Hoy se militariza La Araucanía y se sataniza a los mapuche que legítimamente defienden sus derechos, con una intencionalidad discriminadora de fondo, que reproduce una historia de injusticias que debe terminar.
