Opinión
En la actualidad Chile invierte aproximadamente el 0,36% de su Producto Interno Bruto (PIB) en investigación y desarrollo (I+D).
En general, hay consenso en que esta cifra es muy mala, pues está muy lejos del total OECD (2,34%) e incluso de lo que hace Latinoamérica como región (0,7%). Otro dato a saber es que 0,36% corresponde a lo que se gasta en los países calificados como de “ingreso bajo” (aquellos de ingreso per cápita inferior a 995 dólares) según el Banco Mundial, siendo que Chile es un país de “ingresos altos” (superior a 12.055 dólares). Es decir, su gasto actual en I+D está más en línea con lo que puede hacer Chad o Mali, pese a todos los problemas y dificultades que enfrentan, que con la estructura de gasto e inversión de las economías OECD con que tan a menudo nos comparamos. Ni hablar de la distancia sideral que nos separa de líderes como Corea o Israel, ambos en torno al 4,2% de I+D sobre el PIB.
Al celebrarse la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, en diciembre pasado, el senador Guido Girardi puso como misión al recién designado ministro Andrés Couve que Chile llegara a invertir el 1% de su PIB en I+D para 2022, al término de la administración del Presidente Sebastián Piñera. Esta cifra está en línea con lo propuesto por el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, y es más conservadora que lo buscado por otros actores, como el 2% de Más Ciencia para Chile, cifra más cercana al total OECD.
Estos llamados a fijar metas de “intensidad I+D” (inversión en investigación y desarrollo sobre el PIB) también han sido recurrentes en otras partes del mundo. En el año 2000, la Unión Europea (UE) se puso como objetivo transformarse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo para 2010 –para desplazar a EEUU y el Asia desarrollado– en lo que se conoció como la “Estrategia de Lisboa”. Dicha estrategia implicaba llegar a un 3% de intensidad I+D a nivel europeo. Pero lo esperado no se cumplió, la UE llegó en 2010 a 1,9%, con un aumento de apenas un 0,2% durante toda la década. En 2010, al formular su nueva estrategia “Europa 2020”, la UE fijó nuevamente la misma meta: llegar al 3% intensidad I+D para 2020. Varios países miembros fijaron sus propias metas para contribuir al total europeo, por ejemplo, el objetivo de España es 2%, el de Francia 3% y Portugal se comprometió a un rango entre 2,7% y 3,3%. Sin embargo, el objetivo pan-europeo nuevamente está muy lejos de alcanzarse, con la UE estancada en torno al 2% hace varios años y casi nula posibilidad de aumentar la inversión en I+D lo suficiente como para si quiera acercarse a la meta. Los europeos ya deben estar diseñando estrategias aún más agresivas para el periodo 2020-2030, para seguir en busca del “elusivo 3%”. Un caso quizás más extremo es el de Egipto. Su nueva constitución promulgada en 2014 mandata al Estado a destinar fondos públicos a I+D por un monto equivalente a un 1% del PIB, cifra que además deberá ir aumentando para cumplir con estándares internacionales. Este objetivo también ha estado siempre lejos de cumplirse. En 2017 la intensidad I+D de Egipto fue de un 0,6%, con el Estado financiando un 95% de ese gasto.
Como ejemplo final consideremos el caso de la Unión Africana. La mayor parte de sus miembros enfrenta duros retos gubernamentales, sociales y económicos. Aun así, la unión ya en 2006 recomendó a sus países integrantes elevar su intensidad I+D al 1%. Luego la subcomunidad de Estados Africanos del Oeste propuso dicha cifra como meta para el año 2020. Finalmente, la Unión Africana formalizó el objetivo del 1% como parte de su estrategia de innovación para el año 2024. Sin embargo, se ha hecho poco progreso para cumplir con la meta, con África aún en torno al 0,3% de intensidad.
De lo anterior se desprende que fijar metas intensidad I+D por parte de la autoridad política ha sido bastante poco efectivo, de la misma manera en lugares tan dispares como Europa y África. ¿Qué se puede hacer entonces? Un dato puede ayudar: en general los países son capaces de superar la meta del 1% de intensidad I+D –de forma funcional y sostenible– cuando el gasto del sector privado comienza a superar al gasto del sector público. En los países desarrollados los privados financian mucha I+D, porque necesitan de conocimiento altamente especializado para crear nuevos productos, servicios y procesos. En dichos ecosistemas las empresas crean fondos concursables en los que participan universidades y centros de investigación. Dichos fondos se usan para financiar proyectos de investigación que a su vez financian estudiantes de doctorado, y varios otros tipos de investigación básica y aplicada. Este circuito hace que los fondos fluyan desde el sector privado hacia los programas de investigación y desarrollo.
Hay voces en Chile que argumentan que el Estado debe hacer el peso de llegar al 1%, sentando así las bases para que el resto de sectores se sumen. Pero lo cierto es que para que llegar a un 1% de gasto en I+D –de forma sostenible– debe existir un ecosistema que lo necesite, financie y regenere continuamente. La I+D debe necesariamente ser parte fundamental de la economía del país. Otro dato que reafirma lo anterior: en los países líderes quien más invierte son las empresas, con el 60% a 80% del gasto, luego viene el Estado con un 20% a 30%, y otros entes financian el resto. En Chile, esa proporción está invertida, quien más invierte es el Estado junto a las universidades, 47% y 14% respectivamente en 2017. Los privados sólo llegaron al 31% en 2017. El resto viene de organizaciones sin fines de lucro y del extranjero.
Lo anterior no exime de exigencias al Estado, el gasto del sector público en Chile debe crecer sin duda. Pero ¿cuánto más podría crecer? Una métrica útil para pensar en esto es I+D financiado por el gobierno como porcentaje del PIB. En Chile este valor es 0,17%. El promedio en la OECD es 0,63%. Es decir, si Chile quisiera llegar a estándares OECD el Estado debería invertir 3,7 veces más de lo que hace ahora. Si en cambio pensamos en un, más modesto, 1% de intensidad I+D, con el sector público financiando sólo el 30% de ese 1%, entonces el gasto público en I+D sobre el PIB debería llegar al 0,3%. Es decir, que doblando la inversión pública en I+D más que cumpliríamos la meta. Se ve difícil de aquí a 2022, pero no es irrisorio en el mediano a largo plazo.
Entonces ¿es posible que Chile logre llegar al estándar OECD o al menos al 1% de intensidad I+D para 2022? La noticia terrible para contestar a esta pregunta viene desde los privados. En la OECD su aporte bordea el 1,5% del PIB. En cambio, en Chile esta cifra bordea el 0,11%. Es decir, para llegar al estándar OECD el aporte privado debería crecer 13 veces. Mejor pensar entonces en la meta más modesta del 1% de intensidad I+D. En este caso, y contribuyendo con un 60% de ese 1%, el gasto de las empresas debería ser del 0,6% sobre el PIB. Resumiendo, el gasto de las empresas en I+D sobre el PIB debería pasar del 0,11% a 0,6% de aquí a 2022, lo que significa crecer 5,5 veces, francamente una utopía.
Finalmente, deberíamos también considerar que el Estado chileno es proporcionalmente más pequeño que un Estado promedio OECD. Si medimos tamaño del Estado como gasto del gobierno sobre el PIB, Chile ronda el 25%, mientras que los países OECD, especialmente los europeos, están en torno al 45%. Por ende, el Estado chileno tiene mucha menos capacidad para incrementar el gasto en I+D como porcentaje del PIB. Si ajustamos por este factor, con un gasto público en investigación sobre el PIB de 0,15%, el Estado chileno ya estaría cumpliendo con su parte para lograr la meta del 1% de intensidad I+D. Es decir, como es de la mitad del tamaño de un Estado OECD, entonces le pedimos que aporte la mitad de lo que aportan estos últimos (redondeando, 15% en vez de 30% del total nacional). En este caso, los privados deberían asumir el 60%, que corresponde al promedio privado OECD, más este 15% que el Estado nominalmente no debería asumir por ser más pequeño. Esto implica que las empresas en Chile deberían asumir aún más liderazgo que las empresas en el resto de la OECD. Así como ya lo hacen en muchas otras áreas (pensiones, educación, etcétera) donde realizan funciones que en otros países realiza el Estado. Entonces, considerando una meta de aporte del 75% del total de inversión nacional en I+D, las empresas debería aumentar su contribución 6,8 veces.
El punto principal por notar de todo este análisis es que, comparativamente hablando, en Chile las empresas no están prácticamente aportando a la investigación y desarrollo. Y no es posible tener un ecosistema funcional y sostenible –de 1% de intensidad– I+D sin que ellos participen mayoritariamente. Los números del aporte estatal son magros, pero hay una base sobre la cual proyectar crecimiento a estándares aceptables en el mediano plazo. Los números del sector privado son realmente desalentadores. Aún más, este sector se ha mantenido estancando en el rango 30% al 35% del gasto total I+D nacional desde 2011. Para responder al Senador Girardi, todo parece indicar que el 1% nos seguirá siendo elusivo por mucho tiempo, ni hablar para 2022.
