La “integración” no es una buena medida tributaria

Preguntemos por qué hoy en día ningún gran país incluye en su código tributario el sistema de integración adoptado en Chile en 1984. Respuesta: porque es una medida errónea que beneficia en exceso a los accionistas y dueños de negocios individuales. Se basa en una falsa interpretación de los efectos económicos del impuesto sobre la renta empresarial.

En 2017, el Gobierno anterior había reducido esta ventaja a través del mecanismo de la semiintegración. Con su proyecto de reforma, el gobierno actual quiere regresar a la integración completa. Es uno de los puntos «fundamentales del proyecto», dice Gonzalo Blumel, en respuesta a Mario Desbordes, el timonel de RN, quien está presionando estos últimos días para que el Gobierno haga concesiones y no ponga en peligro el resto del proyecto insistiendo sobre la integración.

Integrar es reembolsar al accionista por lo que la empresa ha pagado sobre sus ganancias. Pero ¿por qué reembolsar un impuesto que, en promedio sobre la economía y con reservas que vamos a mencionar, no lo penaliza? Es en gran medida erróneo decir que existe una doble tributación en caso de no integración. Se puede ver simplemente con este ejemplo:

Una persona propone a los accionistas de una empresa el siguiente acuerdo: se compromete a cubrir el 27% de los gastos a cambio del 27% de los ingresos futuros, es decir, el 27% de la ganancia operativa (o de las pérdidas). Con sorpresa de parte de los accionistas, ella rechaza cualquier derecho a voto y promete nunca involucrarse en la gestión del negocio siempre que no se le oculten los ingresos y se inflen los gastos.

¿Cómo se modifica el valor de los derechos de los accionistas? En nada. Si los fondos que los accionistas deben adelantar antes del acuerdo son 100 y la ganancia operativa es 10, la tasa de rendimiento del capital es del 10%. Después del arreglo, serán 73 y los ingresos 7,3. El rendimiento se mantiene en el 10%. ¿Está experimentando la empresa un aumento en sus costos de producción? En nada. Se trata únicamente de un cambio en la estructura del accionariado que no afecta las condiciones de operación. En particular, para hablar con la jerga de la teoría financiera, el costo del capital no ha cambiado.

Bueno, esta persona tan simpática es el Estado.

No exactamente, porque el impuesto sobre la renta empresarial no tiene completamente esta hermosa propiedad de neutralidad. Hay dos razones:

1.- Se favorece el financiamiento de la deuda, ya que los intereses son deducibles. Este subsidio de la deuda va del bolsillo del Gobierno al bolsillo de los accionistas.

2.- En sentido contrario, los perfiles del flujo de caja del impuesto y del flujo de caja de los gastos de la empresa difieren. Por ejemplo, solo se deduce la depreciación y no la inversión en sí. También se crean distorsiones entre empresas: el Gobierno no hace el anticipo de tesorería para el proyecto de una joven empresa independiente, pero lo hace si el proyecto se lleva a cabo dentro de una gran empresa que ya es rentable. Los costos del proyecto serán cargados a su ganancia actual.

En la práctica, se lograría una neutralidad total si el impuesto se centrara en el flujo de caja neto operativo y no en la ganancia contable después de los gastos financieros, una recomendación hecha cada vez más por los economistas (el celebrado Mirrlees Review de 2011, por ejemplo). Pero a la escala de Chile, estamos cerca de ello.

La historia lo demuestra: durante muchas décadas, las tasas de impuesto sobre la renta en los principales países alcanzaron niveles que hoy parecen asombrosos: el 50% en general e incluso el 60% en Alemania. Esto no impidió el crecimiento de las economías, y de buena manera, incluso en beneficio de los accionistas.

En teoría, la expansión internacional del país no debería cambiar nada. Aquí, las tasas no son las mismas, por ejemplo, el 27% en Chile y el 24% en promedio en la OCDE. ¿Se está penalizando la economía chilena? Del ejemplo anterior, vemos que no: las empresas extranjeras tendrían un «accionista» minoritario que las «apoyaría» al 24%, y a las empresas chilenas con más, al 27%.

Cierto, el riesgo en tener tasas altas es la transferencia ilícita de beneficios. Este es el factor que hace que las tasas sigan bajando en todo el mundo. Pero, por suerte, Chile está bastante a salvo, ya que exporta principalmente productos básicos y tiene una base industrial reducida.

Todo esto para decir que el impuesto sobre la renta empresarial hace parte de los buenos impuestos. Limitarlo es empobrecer al Estado o sustituir impuestos menos eficientes o menos equitativos desde el punto de vista de la justicia fiscal.

En lugar de regresar a la integración, sería mejor corregir las ineficiencias del impuesto, como reducir la ventaja fiscal de la deuda y ser más generosos en la deducción fiscal de la inversión, dos cosas que acaba de hacer la reforma tributaria en los Estados Unidos para las empresas.

En la práctica, las ventajas históricas que los impuestos chilenos le han dado a la empresa han llevado a los empresarios individuales a adoptar la forma jurídica de la empresa para sus actividades, con muchos abusos. Era mejor dejar el dinero en la sociedad o, en su defecto, pagarlo en forma de dividendo (casi no gravado en caso de integración total) que recibir un ingreso del trabajo y pagar el impuesto en su totalidad.

Las cuentas nacionales de Chile dan una cifra extremadamente alta para la participación de los dividendos en el ingreso disponible de los hogares: 23% en 2016, mientras que en la mayoría de los principales países es inferior al 10%. Esto no sirvió para fomentar la inversión. También sabemos que tener una sociedad permite a muchos, en la práctica a los de ingresos más altos, disminuir impuestos imputando sus gastos privados como gastos de la empresa.

Los economistas que apoyan la reforma del Gobierno solo tienen la palabra “equidad horizontal” en la boca, con el pretexto de que una parte de las ganancias gravadas no es deducible. Mejor hablar simplemente de equidad a secas y cuestionarse sobre un sistema que favorece el ingreso de unos pocos a expensas de la inversión y la justicia fiscal.

La Reforma Tributaria de 2017 es acusada de ser complicada. Puede ser. Pero ciertamente no por el mecanismo de la semiintegración. Incluso debería fortalecerse al aumentar la parte no integrable del impuesto corporativo.