Opinión
Veo en la prensa una preocupación por parte de algunos sectores sobre lo que llaman «El problema del Instituto Nacional». Este liceo, que es conocido por ser el primer establecimiento de la República -fue fundado en el año 1813-, es un emblema de nuestro país. La tradición de liceo público emblemático genera una atención que sobrepasa la que se presta a otros establecimientos. El Instituto se impone como ícono de la educación pública.
Las acciones que hoy realizan los estudiantes del Instituto Nacional me recuerdan al año 1986. Estando en clases escuchamos los gritos de un grupo de compañeros que provenían del patio central. Evadiendo las clases, habían comenzado la protesta por el anuncio de municipalización del Instituto. La profesora jefa, amante de la dictadura (nombraba siempre a Büchi como su ex-estudiante) nos amenazó con graves sanciones que no alcanzamos a escuchar quienes salimos de la sala. Poco a poco empezó a tomar forma la movilización. Cientos de niños, adolescentes estábamos en los patios exigiendo que el establecimiento se mantuviera dependiendo del Mineduc. Así comenzó el paro más largo de la educación secundaria en tiempos de dictadura. Por supuesto que el Instituto no estaba solo, de forma simultánea otros liceos se movilizaban.
Durante la dictadura se comenzó con el proceso de menoscabo de la educación pública. La idea era que todos los establecimientos de educación fiscal fuesen parte de corporaciones privadas con cierta dependencia de los municipios. El proceso, iniciado a principio de los 80 era parte de la privatización del sistema público. Ese cambio fue acompañado de lo que serían una serie de medidas como la subvención escolar por asistencia. La subvención, una idea tomada de las propuestas neoliberales de Milton Friedman, fue implementada en toda la educación escolar. Otra medida que iba como soporte importante del proceso era la instalación de mediciones estandarizadas que podrían generar una competencia al interior del sistema, así nacen primero el PER (1982) y luego el SIMCE, pruebas que permitirían sustentar la lógica privatizadora neoliberal.
Al término de la dictadura, se comienza a deshacer el proceso privatizador de forma muy tímida, “en la medida de lo posible”. Quizás, durante los gobiernos de la Concertación no hubo nunca una acción directa en contra de la educación pública, o al menos tan dañina como en tiempos de dictadura. Más bien, los daños que se gestaron en ese periodo fueron por omisión, al dar la espalda a los liceos y escuelas municipales favoreciendo a la educación privada a través de diversos mecanismos (uno de esos fue el financiamiento compartido). Los colegios particulares subvencionados subían en las mediciones estandarizadas y poco a poco se fortalecía la segregación en el sistema educativo chileno. Según un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el año 2004 Chile tenía un sistema educativo con una segregación mayor que la misma sociedad.
Hoy día ya han pasado más de 30 años desde que comenzó este proceso. El Instituto Nacional, como todo el sistema público de educación fue sometido a estas transformaciones neoliberales. Fue el año 1980 cuando la Educación Pública comienza a desbaratarse y es en las siguientes décadas que se sigue apoyando ese proceso por acción u omisión. Solo en el último gobierno de Bachelet se pudo dar un paso más concreto hacia el fortalecimiento de la educación pública. Tuvieron que pasar varias movilizaciones, el “mochilazo” del 2001, la revolución pingüina el 2006, la gran revolución de los estudiantes el 2011 y el mayo feminista del 2018, entre ellas. El Gobierno anterior, con las dificultades puestas por la oposición interna y externa sacó adelante un proceso recuperativo de la educación dependiente del Estado. Esta nueva Educación Pública no era posible sin una ley de inclusión que logre resolver el problema de segregación existente en las escuelas de Chile. Hoy, con este Gobierno, ambas iniciativas corren peligro.
Nuestras demandas eran: Elección democrática de los centros de estudiantes, rebaja del pasaje escolar, gratuidad en la Prueba de Aptitud Académica (anterior a la PSU), ministro en visita para investigar las muertes de estudiantes y el rechazo al modelo de municipalización. Éramos unos “locos”, “rayados”, “cabezas de pistola”. Hoy, la movilización de los estudiantes del Instituto Nacional tiene como principales demandas que la malla curricular se haga cargo de la salud mental de quienes estudian en los establecimientos públicos. Un segundo punto es cambiar el sistema de financiamiento que se basa en la asistencia y, por último, terminar con la criminalización del movimiento estudiantil. El petitorio es más largo, pero los mismos dirigentes han señalado estos tres puntos como centrales.
Por una parte las nuevas generaciones han aprendido que solo a través de la movilización es posible lograr ser escuchados/as. La experiencia que se viene transmitiendo hace más fuerte ese aprendizaje encarnado en la movilización social. Al parecer solo a través de la presión es posible llevar a cabo las reformas necesarias para un mejoramiento educativo. Por otra parte, la autoridad actual hereda un historial de represión como mecanismo para gobernar. Poco ayuda enjaular con tanta seguridad el diálogo. No aportan las respuestas represivas. Solo genera más rabia.
La educación pública fue, en la práctica, desmantelada. El Gobierno anterior sentó las bases para comenzar a reparar el daño causado. Es cierto que el gobierno actual no puede resolver todos los problemas de una vez, pero al menos debe reflexionar acerca de los caminos que toma para resolverlos. Sólo como ejemplo podemos preguntarnos ¿Por qué, a mitad de año, no se ha utilizado ningún peso de los 255 millones de pesos destinados este año para el Fondo de Apoyo a la Educación Pública? Lo que hoy es posible ver en el Instituto Nacional solo es la punta del iceberg de un problema que tiene varias décadas. El Gobierno debe decidir si es parte del problema o parte de la solución.
*Ilich Silva Peña es Doctor en Ciencias de la Educación, es investigador de la Universidad de Los Lagos y del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa (IESED).
