Opinión
En los años noventa, de la mano de Joaquín Lavín como alcalde de Las Condes entre 1992 y 1999, se consolidó un estilo de administración municipal caracterizado por el “cosismo”. Esto es, caracterizado por preocuparse de las cosas concretas que afectan la vida cotidiana de las personas, las cuales eran, aparentemente, problemas ajenos y distintos a la realidad nacional. Por ello, este “cosismo” promovió un fuerte rechazo a los debates país, pues eran considerados temas propios de los partidos políticos y la política, no atingentes a las comunas como lo eran los “problemas concretos” (supuestamente a-políticos). Este estilo de gestión municipal buscaba, en el fondo, construir la imagen de una municipalidad eficiente y con amplia capacidad realizadora, lo que posicionaba al edil como un buen administrador. En el caso de Lavín, tanta fue su popularidad alcanzada como un alcalde eficiente que pudo competir con éxito en las presidenciales de año 2000, estando a escaso porcentaje de vencer al ex presidente Ricardo Lagos.
Es posible constatar que esta visión de la gestión municipal se enraizó profundamente en la política chilena, pues tanto la Concertación como la derecha adoptaron el estilo “cosista” de Lavín como medio para perfilarse como “buenos administradores municipales” (por ello se habla de una “lavinización de la política” en los años noventa). A raíz de esto, hasta la fecha es común ver que en algunas comunas haya alcaldes que, amparados por su “eficiencia administrativa”, o se mantienen en el cargo una y otra vez, o pasan desde la alcaldía a otros cargos de representación popular.
Ahora bien, el problema no descansa en que el “cosismo” promueva la preocupación por los problemas cotidianos (pues ello es fundamental en la gestión municipal), sino que en que el modo mediante el cual resuelve dichos problemas es profundamente despolitizador. En efecto, las gestiones “cosistas” construyen su “buena administración” en base a dos prácticas fundamentales: 1) el clientelismo municipal, a través del cual se beneficia a grupos o individuos con favores administrativos a cambio de obtener su respaldo electoral (lo que genera la imagen de un municipio eficiente en la resolución de problemas concretos o inmediatos); y 2) el desarrollo de una especie de gerencialismo político, a través del cual se resuelven problemas concretos sin necesidad de que las comunidades participen efectivamente en la toma de decisiones (lo que genera la imagen de un municipio eficiente que prescinde del involucramiento de los actores comunales). En otras palabras, ser hoy en Chile un buen administrador municipal implica (para el sentido común hegemónico), por un lado, establecer relaciones clientelares con la ciudadanía, y por otro, resolver problemas y conflictos sin la participación de esta.
Más todavía, lo realmente complejo para los proyectos que buscan la repolitización ciudadana no es que las municipalidades se hayan vuelto meros centros de reproducción de redes clientelares, sino que es el hecho de que las organizaciones sociales y comunales sean también parte (más por inercia que por voluntad) de la dinámica lavinista o cosista de la política. En efecto, tanto juntas de vecinos como organizaciones de pobladores (u otras) deben participar del gerencialismo y el clientelismo político, toda vez que es el único medio que les permite dar curso a sus reivindicaciones y obtener beneficios concretos para sus integrantes en un escenario que limita profundamente la participación social.
Hasta la fecha, a pesar de los altos grados de movilización territorial que se han alcanzado en distintos rincones del país durante los últimos años, la desarticulación social no ha retrocedido lo suficiente como para hablar de un cambio sustantivo en la cultura política de nuestras comunidades. Al respecto, es sabido que hoy Joaquín Lavín ha vuelto a la tribuna mediática ocupando el mismo sillón que lo llevó al estrellato político en los noventa (la alcaldía de Las Condes), alcanzando tal nivel de popularidad que recientemente la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) lo posicionó como el político mejor evaluado en Chile, al mismo tiempo que sus medidas han sido aplaudidas transversalmente desde izquierda a derecha. Sin embargo, más que preocuparnos por Lavín mismo y su gestión (lo que de igual modo es relevante), debemos problematizar acerca de cómo el estilo cosista y clientelar de la política municipal continúa fuertemente arraigado en nuestra cultura política, identificando de este modo los desafíos que esto supone, primero, para la disputa por los espacios municipales, y segundo, para su transformación.
En primer lugar, es importante tener en cuenta que el lavinismo municipal se ha venido reproduciendo en nuestras comunidades por más de dos décadas, por lo que desmontarlo no es de ningún modo una tarea fácil. No basta por sí sola la disputa electoral en los términos de la “buena administración” profesada por la derecha y la concertación; pero tampoco basta volver a la trasnochada tesis de que los sectores transformadores deben replegarse única y exclusivamente a la “rearticulación del mundo social” (como si ello implicara un proceso mecánico y de corto plazo). Por el contrario, debe prevalecer y ser profundizada la razón por la que distintos partidos y organizaciones sociales dimos vida al Frente Amplio: restituir la relación entre la política “formal” y la sociedad, combinando la disputa de los espacios de poder a las viejas fuerzas neoliberales con la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas.
No obstante, es importante reconocer que el actual escenario de profunda desarticulación y despolitización comunal nos obliga a hacer de la lucha por el copamiento institucional (y, por ende, de la lucha electoral) un elemento central en el desarrollo de nuestro proyecto transformador, toda vez que en la gestión municipal descansa la principal herramienta de reproducción de la lógica gerencial y clientelar de la política. Por tanto, en miras de las elecciones municipales 2020 es relevante darle la prioridad que merece a la posibilidad de competir con éxito en las distintas comunas de nuestro país, lo cual implica pensar seriamente en la construcción de una oposición que, con clara perspectiva transformadora, tenga las condiciones para hacerse de los gobiernos locales. Esto no significa, de ningún modo, desplazar desde el centro de nuestras preocupaciones la “rearticulación territorial”, sino que, por el contrario, significa asumir que la repolitización de nuestras comunidades no pasa por la mera voluntad de “trabajar con las bases”, sino que por librar una disputa política en todos los espacios desde los cuales se reproduce el estado actual de las cosas.
A continuación, teniendo en cuenta que el debate aquí expuesto merece ser tratado con mucha mayor profundidad y extensión, quisiera referirme brevemente a dos aspectos que deben ser abordados en miras de superar la dinámica lavinista y clientelar de la política. El primero de ellos dice relación con la estructura municipal actual; y el segundo con la gestión política que las fuerzas transformadoras deben implementar una vez accedan a los gobiernos comunales.
En cuanto al primero, es importante considerar el hecho de que las municipalidades, tal y como están definidas en la legislación actual, son organismos diseñados para ejercer una política gerencial; “por arriba”; que no se relaciona con la ciudadanía sino es en clave clientelar. Son unidades administrativas que la dictadura dibujo para que funcionasen como muros de contención que separan a la ciudadanía del Estado; que desplazan la preocupación ciudadana a los conflictos comunales para que los “grandes debates” sean atendidos por los políticos y tecnócratas del poder central.
Este carácter municipal, con la evidente complicidad de la Concertación y la derecha, se ha mantenido prácticamente intacto hasta hoy, frente a lo cual son fundamentales las medidas que desde el parlamento se puedan impulsar para modificar el aparato municipal en pos de hacerlo más democrático (un ejemplo reciente es el Proyecto de Ley de Plebiscitos Comunales, presentado por el diputado Tomás Hirsch y aprobado en la Cámara de Diputados).
Respecto al segundo aspecto, cabe señalar que pese a tener en contra a la institucionalidad, la transformación de la administración municipal pasa en gran parte por la capacidad que tengan las organizaciones y partidos políticos para implementar un nuevo modo de gestión política que subvierta las lógicas actuales, lo que implicaría, en principio, quitarle al alcalde el halo de “Jefe de Hogar” que le permite posicionarse y actuar con amplia libertad individual, transformándolo en un representante político de los intereses comunales. No puede ser, por ejemplo, que cuando la ciudadanía denuncia el relleno de humedales en Valdivia el alcalde se posicione desde la vereda de las inmobiliarias; o que cuando una comunidad denuncia la contaminación de su entorno el alcalde defienda los intereses empresariales. Por el contrario, las fuerzas que conduzcan las municipalidades deben, además de administrar, representar los intereses de la ciudadanía al punto de enfrentarse incluso a los poderes centrales cuando se pasa a llevar el bienestar comunal. Ahora bien, esto no pasa por la mera voluntad del máximo representante municipal, sino que depende de cuan capaces son las fuerzas políticas transformadoras de operativizar un proyecto político que canaliza las demandas ciudadanas para hacerlas propias y resolverlas, diluyendo además los muros que puedan existir entre la municipalidad y los ciudadanos para hacer de la primera un espacio copado tanto por los partidos como por la comunidad. Esto último sugiere darle un giro al papel que las militancias desarrollan a nivel comunal, reemplazando su rol de operadores de redes clientelares por el de cuadros que movilizan y proyectan la conflictividad social hacia posibles soluciones políticas que pueden impulsar los municipios.
Hay ejemplos de que puede haber otras formas de gobernar nuestras comunas sin necesidad de recurrir al lavinismo (Sharp en Valparaíso y Jadue en Recoleta podrían ser algunas referencias). Tenemos el desafío de demostrar que dichas experiencias no constituyen casos aislados, sino que representan el proyecto político-ideológico que ofrecemos a la sociedad chilena -y, especialmente, a nuestras comunidades-. Para cerrar, es importante tener en cuenta que lo escrito en esta columna pretende únicamente abrir una discusión, pues será sólo la reflexión colectiva de quienes queremos otra política la que nos permitirá formular repuestas
