Opinión
«La política es como la moda», fueron las palabras que utilizó Christopher Wylie para explicar a Steve Bannon cómo se podía aplicar la gestión de datos para influir el comportamiento de los electores en el año 2014.
A Bannon –ex estratega jefe de la Casa Blanca en la administración Donald Trump– sencillamente le fascinaron las teorías del joven canadiense que con tan sólo 24 años tenía a su haber una larga trayectoria como asesor de datos en contextos electorales.
Recientes revelaciones han sugerido que estas prácticas no sólo ocurrieron en Estados Unidos o Reino Unido, sino también en países como el nuestro en el denominado Cambridge Analytica a la chilena.
De esta manera, la amenaza del “Alguien te mira” se ha instalado con fuerza en el debate nacional, instando la necesidad de regular de un modo más intenso el uso de datos personales en el ámbito de las campañas electorales.
Si bien las tecnologías de la información y comunicación han cambiado las formas tradicionales de hacer propaganda, lo cierto es que las campañas políticas poseen un largo historial en el uso de datos. Los resultados del censo o las encuestas demográficas son ejemplos de fuentes tradicionales.
Sin embargo, Internet ha cambiado todo, cada vez que publicamos en Facebook, vemos una serie en Netflix, compramos en Amazon, twitteamos o buscamos en Google, estamos dejando una huella digital que revela gran parte de nuestros hábitos, opiniones, e incluso –si es apropiadamente analizada– nuestras preferencias políticas. Esta herramienta que permite cortar y picar al electorado con extraordinario detalle se le llama “microsegmentar”.
La sofisticación de estos instrumentos amenaza con socavar los procesos democráticos al reducir la responsabilidad de los agentes políticos y crear nuevas oportunidades para el engaño y la polarización.
Así, el uso de big data posee diferentes retos para nuestra democracia. Primero, la gestión de datos con fines electorales plantea desafíos regulatorios complejos. Los países generalmente encausan la legislación electoral para uso exclusivo dentro de sus propios territorios. Sin embargo, prácticas como la microsegmentación ha desplazado las campañas al espacio extraterritorial de Internet, donde las leyes nacionales no siempre alcanzan para regular lo que sucede, especialmente porque gran parte de los datos se almacenan y administran fuera del país.
Segundo, existe un componente financiero que no se debe soslayar. Big data big money. El semanario de The Economist hace poco describía el valor de los datos como el nuevo petróleo. En nuestro país, pese a que las últimas reformas electorales han tratado de reducir o controlar el papel que juega el dinero en la política, el gasto en campañas digitales actualmente no se encuentra enteramente regulados.
Mientras no se aborde este problema, las campañas podrían eludir la legislación o utilizar lagunas legales para evitar límites de gasto. A su vez, los partidos políticos podrían ocultar los gastos de las autoridades de monitoreo al realizar sus actividades fuera de las fronteras nacionales. El origen de los fondos también se podría ocultar, lo que permitiría que potencias extranjeras entrometerse en cualquier campaña. Estas preocupaciones se han planteado recientemente en elecciones en los Estados Unidos, el Reino Unido o Francia.
Tercero, el uso de datos para microsegmentar electores presenta serios problemas éticos. Al crear anuncios que solo son vistos por pequeñas audiencias, las campañas pueden esquivar el escrutinio público. Mantenerse fuera de la vista pública permite que las campañas y las partes manipulen más fácilmente los hechos, aumentando la polarización. Las últimas elecciones a la presidencia en Brasil experimentaron un aumento en el uso de «noticias falsas», lo que aumentó en gran medida las tensiones internas. En países altamente divididos, o en momentos en que las tensiones étnicas o religiosas aumentan, la capacidad de dirigirse a ciertos grupos sociales puede tener consecuencias catastróficas.
Cuarto, existe una preocupación válida de que los agentes políticos pueden utilizar la microsegmentación para socavar el libre albedrío de los votantes. Las huellas digitales que dejamos en Internet revelan mucho sobre qué tipo de argumentos podrían persuadirnos de cambiar nuestras ideas. Los agentes políticos pueden usar esa información para diseñar esos argumentos y confrontarnos constantemente con ellos, fuera del alcance del escrutinio público. Algunos observadores de la campaña presidencial de 2016 en los Estados Unidos se han preocupado de que los microsegmentadores hayan utilizado una cascada de historias escandalosas sobre los candidatos para reprimir la participación electoral.
La calidad de las campañas políticas es una buena medida de la salud de un sistema democrático. Cuando los candidatos realizan campañas basadas en hechos sujetas a debates civilizados y pacíficos, de acuerdo con reglas justas aceptadas por todos los involucrados, es una señal de que la democracia goza de buena salud.
Si bien la gestión de datos debiese permitir campañas políticas basadas en ideas, el uso desregulado de estas herramientas amenaza con socavar los procesos democráticos.
Las leyes de privacidad y la regulación de campañas deben ser los componentes básicos de nuestro ordenamiento destinadas a abordar las trampas financieras y éticas de la gestión de datos con fines electorales. Solamente al abordar de manera proactiva estos desafíos podemos estar seguros de que nuestra democracia puede sobrevivir de manera segura en tiempos de big data.
