Uno de los pilares estructurales de la desigualdad existente en Chile es el modelo de relaciones laborales heredado del Plan Laboral de la Dictadura Militar, conformado por los Decretos Leyes 2.200, 2.756 y 2.758. A 29 años del retorno a la democracia, no han existido reformas legales tendientes a suplantar ese modelo que sustenta parte importante de la desigualdad existente en nuestro país. Las reformas introducidas durante el período de transición han sido simplemente periféricas o cosméticas, por lo que las reglas del juego en materia laboral siguen siendo las diseñadas por la dictadura militar de Pinochet (incluso, luego de la reforma laboral del gobierno de Michelle Bachelet).
Ahora, ¿por qué decimos que el derecho del trabajo está en el centro de la injusticia? Varias razones explican esa afirmación. Revisémosla.
Primera razón: nuestro modelo de relaciones laborales pone el acento en la relación individual de trabajo, desconfiando profundamente del accionar colectivo de los trabajadores. Esa desconfianza se materializa en una excesiva reglamentación de las relaciones colectivas de trabajo, principalmente de dos derechos claves: la negociación colectiva y la huelga.
Y, ¿Por qué poner el acento en la relación individual en desmedro de la colectiva conlleva que el derecho del trabajo esté en el centro de la injusticia? Simple. Porque en el plano individual el trabajador no detenta poder alguno (ya lo decía Kahn-Freund en 1972), y simplemente se somete a los dictados de su empleador: queda entregado al poder privado de quien organiza y dirige el trabajo de otros.
Segunda razón: Chile es el paraíso de la flexibilidad laboral. De acuerdo a los datos proporcionados por la Fundación Sol, el 18.17% de los trabajadores asalariados está externalizado (subcontrato o suministro); el 16.7% de los trabajadores dependientes trabaja sin un contrato de trabajo y el 48.8% de quienes trabajan a jornada parcial están subempleados.
Tercera razón: en Chile la formalidad laboral no es garantía de trabajo decente. En otros términos, la desprotección laboral no solo la sufren quienes no cuentan con un contrato de trabajo escrito –los informales-, sino que también, quienes tienen contrato de trabajo escrito –los formales-. Y es que bajo el modelo capitalista se ha introducido un paradigma de acumulación exacerbada que deriva en la reducción de derechos y protección social: utilización de herramientas flexibles de contratación, libertad de despido encubierta a través de la causal de necesidades de la empresa, la polivalencia o multifuncionalidad de los trabajadores, la alta rotación de los puestos de trabajo, el uso desmedido de la externalización de servicios, jornadas laborales extensas, ambigüedad del empleador a través de la multiplicidad de razones sociales, bajos salarios generalizados y, por sobre todo, el mal de todos los males, la falta de poder del lado de los trabajadores.
Esto nos lleva a concluir que nuestro modelo laboral ha institucionalizado la precariedad laboral. Incluso, quienes cuentan con un contrato de trabajo escrito de carácter indefinido no pueden cantar victoria y proyectar su carrera profesional. De acuerdo a una investigación empírica realizada por Durán (2019), el 50% de los contratos indefinidos dura menos de 15 meses, lo que está ligado con lo dicho recientemente: en Chile hay un modelo de libre despido encubierto a través de la consagración de la causal de despido de necesidades de la empresa, e incluso, porque el legislador consagra el despido meramente verbal, sin dar una sanción adecuada y disuasiva cuando las necesidades invocadas no son tales o cuando simplemente se genera un despido verbal.
La inestabilidad laboral que permea el modelo de relaciones laborales chileno deriva en un disciplinamiento de los trabajadores: se someten sin mayores cuestionamientos a los dictados de su empleador por temor a perder su fuente de sustento, inmovilismo, que de paso, les impide actuar y organizarse colectivamente.
Cuarta razón: inexistencia de un sistema de seguridad social. Otra herencia de la dictadura militar que se ha mantenido e incluso perfeccionado en beneficio de las empresas administradoras, es el sistema de capitalización individual o ahorro forzado, a través del cual se financian las pensiones de los trabajadores/as chilenos. Como sus pilares no son los principios básicos de la seguridad social –universalidad, solidaridad y suficiencia-, en Chile el 50% de los trabajadores/as que se pensionan, no obstante haber cotizado prácticamente toda su vida laboral (entre 30 y 35 años), no alcanzan a financiar una pensión que al menos sea equivalente al ingreso mínimo mensual (datos extraídos de los estudios de la Fundación Sol).
Quinta razón, que a mi juicio es la base de las injusticias: la falta de representación y poder de los trabajadores. Ya hemos constatado en otros escritos esta realidad: el modelo normativo de relaciones colectivas de trabajo es fuertemente restrictivo de la autonomía sindical. Recordemos que en la última reforma laboral (la del año 2017, defendida por la centro izquierda chilena), se aumentó el quórum para la constitución de sindicatos, y si bien se eliminó, aunque con matices, una institución heredada de la dictadura –el reemplazo de los trabajadores en huelga-, se fortaleció una institución que ha cumplido precisamente esa función –que la huelga no paralice completamente la actividad productiva-. Nos referimos a los servicios mínimos. Junto con ello, esta reforma no tocó, nuevamente, el corazón del modelo: la negociación colectiva, derecho que resulta esencial para generar la anhelada redistribución de la riqueza. Éste sigue estando radicado en la empresa, y por tanto, sigue siendo intrascendente para dichos fines.
Podríamos describir muchas otras razones, pero éstas ya son centrales para comprender algunas de las causas de la profunda desigualdad reinante en nuestro país. El camino que ha abierto la ciudadanía para construir entre todos y todas una nueva Constitución, debe abrir paso también a la necesaria eliminación del modelo de relaciones laborales de la dictadura militar.
