Opinión
Los legisladores han agregado aún menos prestigio democrático: solo 8% de los peruanos dijo que confía en su Congreso, en comparación con 21% a nivel regional, reveló Latinobarómetro en 2018. Transparencia Internacional halló recientemente que tres de cada cuatro peruanos opina que la legislatura es la institución más corrupta de la nación. Otra encuesta reveló que 59% estaba a favor de cerrar el Parlamento «en tiempos difíciles». Esta cifra más que duplica la tasa para los mexicanos, la segunda sociedad más tolerante a los golpes.
Hace tres meses, una batalla entre el presidente interino Martín Vizcarra y la legislatura obstruccionista dejó a la nación andina en medio de una crisis constitucional. Vizcarra tomó la opción nuclear, invocando una disposición constitucional extrema para disolver el Congreso. La medida sacudió al establecimiento político y todavía molesta al Tribunal Constitucional, pero no importa. Los 130 escaños legislativos están disponibles en la votación del 26 de enero. Así es el futuro político del Perú.
Vizcarra, presidente por accidente que asumió el cargo después de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunciara en medio de un escándalo en 2018, revistió la crisis de elegancia al interpretar el rol de externo honrado. Los peruanos se extasiaron, y todavía cuenta con una envidiable tasa de aprobación de 60%. La pregunta es: ¿Por cuánto tiempo? Pocas sociedades en las Américas han sido tan volubles ante sus políticos, primero tildan de «redentores» a líderes recién elegidos y luego solo los atacan. Para ser justos, muchos líderes inspiran desprecio. En ningún otro lugar de América Latina la investigación Lava Jato en Brasil sobre soborno y corrupción ha cobrado tantas autoridades alfa: cuatro expresidentes peruanos han quedado atrapados en medio del escándalo. Uno de ellos, Alan García, se disparó para evitar el arresto.
Los legisladores han agregado aún menos prestigio democrático: solo 8% de los peruanos dijo que confía en su Congreso, en comparación con 21% a nivel regional, reveló Latinobarómetro en 2018. Transparencia Internacional halló recientemente que tres de cada cuatro peruanos opina que la legislatura es la institución más corrupta de la nación. Otra encuesta reveló que 59% estaba a favor de cerrar el Parlamento «en tiempos difíciles». Esta cifra más que duplica la tasa para los mexicanos, la segunda sociedad más tolerante a los golpes.
Esa profundidad del funk público es una placa de Petri para la desgracia económica. Sin embargo, la economía andina ha superado durante mucho tiempo a la mayoría de sus pares continentales, registrando un crecimiento promedio de 6,1% entre 2002 y 2013, y desde entonces ha mantenido el ritmo de los líderes de América Latina. A pesar de que el crecimiento se desacelera este año, el producto interno bruto de Perú probablemente superará el de sus vecinos continentales. Las exportaciones aumentaron, la inflación es la más baja de la región y la inversión es sólida (+ 4,2% en 2020). Solo la minería, que genera 15% del producto interno bruto, tuvo un aumento anual de 27% en la inversión de enero a noviembre de 2019, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.
¿Qué hay detrás de esta desconexión? El politólogo Carlos Meléndez, que enseña en la Universidad Diego Portales en Chile, reconoce que después de una ruinosa carrera de deshonestidad, hiperinflación y espasmos autoritarios durante las décadas de 1980 y 1990, los peruanos han alcanzado un pacto cívico no establecido. Si bien los políticos reciben injurias ecuménicas y son un hazmerreír del pueblo, la mayoría está de acuerdo con las reglas básicas de compromiso económico y sobriedad fiscal. Caudillos, populistas y encantadores de izquierda y derecha pueden ir y venir, pero las políticas favorables al mercado han prevalecido.
Tomemos como ejemplo al Banco Central de Reserva, cuyo presidente actual, Julio Velarde Flores, ha estado en la junta directiva desde 2006. Por segunda vez, The Banker, una publicación financiera internacional, lo nombró banquero central del año. «Hay una clase de tecnócratas que se han visto poco afectados por las convulsiones políticas», me dijo Meléndez. «Es la idea de que la legitimidad proviene de seguir un modelo económico racional».
El choque institucional que hizo estallar el Congreso el año pasado fue impulsado en parte por el intento de la legislatura de eliminar reformas estructurales que Perú necesita con urgencia, desde medidas antirrobo y una revisión del poder judicial hasta nuevas reglas para el financiamiento de campañas. Sin embargo, lo único que resonó entre los peruanos cansados fue la campaña anticorrupción, con el Parlamento como objetivo preferido.
El peligro es que Perú «se enamora de una falsa sensación de seguridad de que nada cambiará, sin importar quién esté en el gobierno», comentó Jorge Valladares, quien rastrea la integridad política para Transparencia Internacional. «Pero esto se basa en un equilibrio de poder bastante frágil. Tan pronto como se tiene un grupo de interés capacitado capaz de explotar el sentimiento público y politizar las fallas del sistema, el consenso económico que damos por sentado podría estrellarse contra la pared».
Vizcarra, antiguo gobernador provincial, hasta ahora ha escapado de la ira pública al jugar con el rechazo de la multitud frente al establecimiento político centrado en Lima. Presidente accidental sin partido propio, Vizcarra es «un populista del centro, sin ninguna inclinación ideológica, excepto la de trolear para su aprobación», dijo Meléndez. «La política de Perú no está impulsada por ideas o agendas, sino por opositores, personas que emiten votos «no».
Eso es poco alentador para un país en camino hacia elecciones anticipadas destinadas a pacificar la política y restablecer las prioridades nacionales. El más popular de un caleidoscopio de partidos que compiten por escaños en el Congreso, no cuenta con más de 10% de las preferencias de los votantes. El famoso partido Fuerza Popular del antiguo caudillo Alberto Fujimori, ahora dirigido por su hija Keiko, no cuenta con más de 8%. En un país donde la votación es obligatoria, 35% de los peruanos votaron en blanco o estropearon sus boletas en la contienda parlamentaria de 2016.
El resultado probable es un Parlamento suplente con una vida útil limitada (que se mantendrá solo hasta las elecciones generales a principios de 2021) con «baja credibilidad y poco compromiso frente a los cambios estructurales», dice Meléndez. «Es fácil implosionar un Congreso, pero difícil construir uno».
Afortunadamente, la quinta economía más fuerte de Suramérica parece mayormente en buen estado y es probable que mantenga un rumbo constante. Sin embargo, a falta de reformas más profundas, parece que el destino de Perú es seguir perdiendo oportunidades, una aflicción esencialmente latinoamericana.
