Opinión
Pareciese que la propagación del COVID-19 en Chile atravesase un espectro de incertidumbre que poco ha cambiado desde que inició el brote en el territorio nacional el pasado 3 de marzo. Incertidumbre, pues, mientras algunos auguran el colapso de los servicios de salud públicos y alarmantes peaks de contagio a finales de abril e inicios de mayo, otros defienden las estrategias de contención y las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades para frenar el avance de la enfermedad. Si bien a nivel internacional se han destacado dichas medidas, señalando que estas han logrado que Chile posea apenas un 0,5% de tasa de letalidad de la enfermedad, dentro de las más bajas de toda Latinoamérica, nuestro país es el tercer país de la región con mayor nivel de personas infectadas con una tasa de 18,1 contagiados cada cien mil habitantes.
Se le suma a esta incertidumbre, las variaciones en las curvas de contagio en Chile y el mundo, la capacidad de sobrellevar esta emergencia por parte de nuestro sistema de salud (sobre todo del público), la sobreexposición a la información que dificulta determinar qué es cierto y que no respecto al Coronavirus y las consecuencias económicas que esta enfermedad traerá y que ya está trayendo consigo. Lo único certero, comprobado y recomendado a más no poder, son las medidas de prevención que vienen desde la Organización Mundial de la Salud hacia abajo: lavarse frecuentemente las manos y/o utilizar alcohol gel, el uso de mascarillas en caso de contagio o sospecha de, y por sobre todo, evitar el contacto físico con otras personas y el distanciamiento social. A esto hay que sumar, tanto en recomendaciones como en la reacción social instantánea frente a momentos de crisis como el actual, la posibilidad de mantenerse abastecido con artículos de primera necesidad, ya sean alimentos, medicamentos e insumos de higiene, ante el riesgo del agotamiento de estos bienes.
Ante la recomendación mundial de la cuarentena, el aislamiento y de las medidas de prevención señaladas anteriormente es que cabe preguntarnos, ¿cómo pueden ser adoptadas por aquellas familias que viven en condiciones de hacinamiento, en contextos de pobreza y vulnerabilidad social? ¿Cómo pueden los hogares de asentamientos precarios prevenir la propagación del COVID-19?
Los asentamientos precarios o informales, son entendidos como aquellos conjuntos de viviendas agrupadas o contiguas caracterizadas por tener una tenencia informal, ilegal o incierta, encontrándose en una permanente situación de precariedad socioeconómica y pobreza multidimensional, presentando una carencia parcial o total de al menos un servicio básico y en donde las viviendas generalmente cuentan con problemas de materialidad, específicamente en la estructura de ellas suponiendo problemas de habitabilidad. En Chile, podemos reconocerlos como campamentos, microcampamentos, conventillos, cités, entre otros.
De acuerdo al último Catastro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2019), existen 802 campamentos a lo largo del país que albergan a más de 47.050 hogares, aumentando en un 22% respecto al último catastro realizado en 2011. Según este registro, estos asentamientos presentan altos niveles de hacinamiento (bordeando el 20% a nivel nacional), el 55% de las familias tiene una jefa de hogar con una tasa de desempleo o inactividad laboral del 7,6% mientras que el 12% de los hogares están conformados por núcleos unipersonales o biparentales de adultos mayores, es decir, en 12 de cada cien viven solas personas mayores de 60 años. Respecto al acceso a servicios básicos, se constata que el 92% de las familias de campamentos no cuenta con acceso formal o regular al agua potable para lavarse las manos pues, no poseen medidor propio o llave dentro del hogar. Un 25% de los hogares debe obtenerla desde fuentes fuera de la vivienda tales como camiones aljibe, pozos, grifos o mangueras, y en los campamentos ubicados en el extremo norte y extremo sur del país, esta situación se agudiza pues en siete de cada diez hogares deben obtener el agua por estos medios, dificultando la higiene cotidiana de sus miembros. En los microcampamentos, es decir, aquellos campamentos con menos de ocho familias, la situación es igual o peor. De acuerdo a los datos de Fundación Quiero Mi Casa, se estiman sólo en la Región Metropolitana más de 70 de estos asentamientos pues, el 33% de los campamentos que se erradican o desintegran, se transforman en un microcampamento (Techo, 2017). En estos lugares, la precariedad socioeconómica y pobreza multidimensional se hace más latente, pues la mayoría de los hogares no cuentan con un ingreso estable, no poseen un acceso efectivo al agua, y al ser conjuntos de viviendas pequeños, la calidad de las viviendas es aún más precaria e inestable, lo que trae consigo dos riesgos: por una parte, la posibilidad de contraer problemas de salud durante el paso del invierno y por otro, el riesgo constante de ser desalojados. Cabe destacar además, que al ser campamentos con menos de ocho hogares, no son considerados ni incluidos por la política pública habitacional.
Respecto a los conventillos y cités, según el Mapa del Derecho a la Ciudad de Fundación Techo (2018), del total de viviendas vulnerables identificadas, el 23% corresponden a cités y el 21,2% a conventillos a lo largo del país. En ambos asentamientos se comparten las características de ser viviendas precarias colectivas y subdivididas en donde una familia completa reside en la misma habitación y en donde además, se comparte un servicio básico, siendo generalmente este el baño y la cocina. Junto a esto, en algunos de estos asentamientos, especialmente en los cités, se detectan prácticas como el subarriendo abusivo, lo que precariza aun más la situación de las familias que lo padecen. Por otra parte, el hacinamiento en estos hogares alcanza un 40,5% habiendo familias que inclusive, duermen en una sola cama. Como se puede evidenciar aquí, el distanciamiento social o el aislamiento en caso de contagio se hace imposible.
Quienes habitan asentamientos precarios en Chile forman parte de los 439.882 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema de acuerdo a la Encuesta CASEN de 2017, siendo el trabajo, los ingresos, la salud y la vivienda los ámbitos más carenciados por estas personas, lo que se traduce en la incapacidad de contar con ingresos económicos que garanticen su abastecimiento, problemas de adscripción o atención en el sistema de salud, además de los problemas de hacinamiento y acceso a servicios básicos ya mencionados.
Ante estos antecedentes, y ante la crisis actual, Naciones Unidad es tajante: la pandemia golpeará con más fuerza a las personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales. Y es que debido a que estos emplazamientos están densamente poblados, cuentan con una baja o nula gestión de residuos, bajas condiciones de salubridad y de calidad de vida además la irregularidad o carencia total de servicios básicos y viviendas deficientes e inestables, las medidas recomendadas para prevenir la transmisión de COVID-19, como el lavado constante de manos y el distanciamiento social, se hacen difíciles de cumplir. Pedro Usedo, infectólogo de la Clínica Antofagasta en entrevista con El Mercurio de Antofagasta el pasado 19 de marzo así lo reafirma: “La falta de agua y el hacinamiento son situaciones que son absolutamente de riesgo para incrementar la transmisión. Según la experiencia internacional una de las medidas fundamentales para controlar o reducir la pandemia, es precisamente el lavado de manos, práctica que, sabemos, por la escasez de agua que existe en estos campamentos, no se cumple”.
Entonces, ¿cómo será posible que en estos hogares puedan tomar los resguardos pertinentes y seguir al pie de la letra las recomendaciones y medidas preventivas si no cuentan con las condiciones y elementos necesarios para ello? ¿Cómo podrán estas familias lavar sus manos constantemente si para obtener agua deben salir de sus viviendas y acarrearla, y en muchos hogares, ni siquiera cuentan con este vital elemento? ¿Cómo poder resguardar un distanciamiento social efectivo si hay familias enteras que duermen en un mismo dormitorio e incluso, en una misma cama? ¿Cómo mantenerse abastecidos si la mayoría de las familias no cuentan con ingresos suficientes y debido a la cuarentena no han podido salir de sus casas a trabajar? Ante estas interrogantes, se sigue demostrando que existe un Chile invisibilizado que no cuenta con las mismas capacidades de acceso que el resto y que es producto de las desigualdades estructurales en torno a la planificación urbana y el acceso a la vivienda.
El desafío entonces, tanto para las autoridades como para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia, radica en apoyar y brindar los insumos necesarios para que estos hogares vulnerables puedan hacer frente al COVID-19 desde diversos ejes, entre ellos, el acceso a la información oficial, veraz y comprensible, el mejoramiento o al menos la facilitación del acceso a los servicios básicos, sobre todo al agua potable y correspondientes protocolos básicos de higienización de manos, una óptima gestión de residuos, campañas de recolección de bienes e insumos para afrontar la cuarentena y el monitoreo constante a estas familias, pues el acceso a la salud también es deficitario.
Si bien al analizar esta situación se reafirman los problemas que trae consigo la pobreza multidimensional y los patrones urbanísticos desiguales presentes en Chile, urge un plan de emergencia eficaz para estas familias, tanto para que puedan hacer frente a esta pandemia en igualdad de condiciones que el resto, como también para que puedan salir de dicha condición en algún momento y acceder a la vivienda definitiva.
