Opinión
Vivimos hoy una situación de extrema confusión respecto de la información acerca de la mortalidad en Chile. La estadística sobre defunciones en momento de pandemia se ha hecho árida y lleva a las personas a dudar de las cifras que se han entregado estos meses a través de los organismos públicos pertinentes.
Conocer los niveles de mortalidad de un país o región forma parte de la demografía, la disciplina que estudia las poblaciones humanas incluyendo su tamaño, composición, distribución, densidad, crecimiento y otras características vinculadas, sociales y económicas. La dinámica demográfica está compuesta por la natalidad, la mortalidad y las migraciones, cambios que afectan el tamaño, composición y distribución espacial de la población. Uno de los campos relevantes de la demografía son las proyecciones de población. Con esa data, los distintos países pueden adecuar políticas públicas en función de las transformaciones que se espera ocurran en los años porvenir.
Hasta ahí una brevísima definición de la demografía, que en parte requiere conocimiento de técnicas estadísticas, así como de aspectos sociológicos y económicos para obtener una mejor comprensión de las variaciones que se producen en la población de un territorio determinado.
Qué pasa en Chile: sobre la base del INE, 2018 –estimaciones y proyecciones de población 1992-2050–, hoy somos 19,5 millones de habitantes, entre ellos, un 8% de inmigrantes. La esperanza de vida al nacer es de 80 años. Las mujeres viven 5,3 años más que los hombres. La tasa de fecundidad global (hijos por mujer en edad reproductiva) se encuentra bajo el nivel de reemplazo y es hoy de 1,7. La tasa de crecimiento demográfico se ubica en un magro 1%. Los adultos mayores de 65 años son el 12% de la población y se proyecta que para el 2050 será de un 25%, o sea, 1 de cada 4 chilenos a mitad de siglo tendrá más de 65 años. Sin embargo, no es solo eso. Los mayores de 80 años, importante grupo en el cual aparecen los mayores índices de dependencia funcional y que necesitan cuidados, ya sea de familiares o por parte del Estado, crecerá desde un casi 3% hoy en día a un 10% en el 2050.
Hoy, la atención de todos está puesta en una de las ramas de la demografía, que es la mortalidad. Los datos demográficos siempre han necesitado del reposo necesario para su adecuado análisis, por lo que una revisión de las cifras en situación de pandemia quizás nos permite evitar apresuradas reflexiones sobre el impacto de esta en la mortalidad general, el conteo de muertes y las maneras de hacer comparaciones, inciertas y cambiantes debido a la contingencia.
Primeramente se debe dejar claro que la comparación del número de fallecidos de un año con otro, sobre la base de algún año anterior o un promedio de años previos, puede servir de referencia pero no es buen punto de comparación, ya que existe la distorsión por el tamaño y la composición de la población, en particular la estructura etaria. La tasa de mortalidad varía por esa razón.
En el caso chileno, las defunciones en 2015 fueron de 106.076 personas con una tasa de mortalidad de 5,9 por mil. El 2019 fueron 114.655 fallecidos con una tasa de mortalidad de 6,0 por mil. El promedio de muertes entre 2015 – 2019 fue de 110.197 personas (INE, 2018).
Ahora bien, las defunciones proyectadas para 2020 por el INE arrojan un total de 117.050 personas (un promedio de 320 decesos cada día) con una tasa de mortalidad de 6 por mil. ¿Por qué es importante considerar esta tasa y esa estimación de defunciones? Por una razón muy simple: están incorporados los aspectos demográficos antes mencionados que hacen posible comparar la realidad de las defunciones hasta este momento. Es así como se puede revisar la mortalidad en exceso que ha ocasionado la pandemia actual.
Entre enero y mitad de junio, según datos del Registro Civil 2000-2012, se produce el 43,6% de las muertes en nuestro país. Por lo mismo, hasta el 15 de junio, la estimación arrojaría en forma proporcional un total de 51.034 muertes.
Según información que aparece en el portal web del Registro Civil, entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2020 el número de defunciones inscritas es de 53.476. Una diferencia de 2.442 personas; un 4,8% más de lo estimado. Esa es desde el punto de vista demográfico la diferencia entre las muertes proyectadas y las muertes inscritas en lo que corre del presente año. Esta puede ser considerada la mortalidad en exceso durante el tiempo que va de este año, seguramente producto del impacto de COVID-19.
Hemos revisado asimismo las cifras de marzo (inicio del COVID-19) hasta el 15 de junio. En esos tres meses y medio se produce el 28,6% de las muertes del año, arrojando una estimación de 33.476. En el Registro Civil, en ese mismo período, se inscribieron 36.626 fallecimientos. O sea, la diferencia en decesos por sobre la proyección sería de 3.150 personas; vale decir, un 9,4% más. Esta cifra no difiere sustancialmente del número de fallecidos por COVID-19 que indica la autoridad sanitaria: a esta fecha 3.383 personas.
Estas estadísticas nos muestran globalmente el efecto demográfico en mortalidad de la pandemia hasta mediados de junio. Si asumimos que el total de muertes en exceso se deben a COVID-19 –asunto probable, mas aún no determinado– no aparece evidencia de una subestimación de las muertes totales. Habrá que esperar un tiempo más amplio para saber los cambios en la distribución de las causas de defunciones por razones de alteraciones en la vida cotidiana (por ejemplo, dilatación en las consultas o tratamientos por otras enfermedades) y también posiblemente el acortamiento del tiempo de vida en adultos mayores con enfermedades crónicas u otras de alta complejidad.
Ahora bien, en las defunciones por grupo de edad de la población, el 62% de las muertes en Chile en condiciones normales se produce en personas mayores de 70 años. Las cifras de la mortalidad en pandemia (datos entre el 9 de abril y 31 de mayo) muestran que el 65% de las muertes ha sido en personas mayores de 70 años, es decir, una diferencia de solo 3 puntos porcentuales.
Las cifras entregadas responden a una revisión de las fuentes oficiales con que cuenta el Estado chileno. De hecho, este análisis no ingresa a las disgregaciones respecto de la nominación sobre las causas de muerte en los certificados de defunción. La responsabilidad de este complejo proceso de depuración recae en el Departamento de Estadísticas e Información (DEIS), del Ministerio de Salud y puede demorar incluso un año. Las nuevas directrices en este sentido apuntan a la disminución de estos plazos por razones de necesidad de conocer con el mayor detalle posible las causales de defunción en medio de la pandemia.
Estos certificados deben anotar la causa de muerte inmediata, la intermedia y la básica. Basta con un cambio en la consideración en alguna de ellas para que cambien las proporciones de muerte por una causa determinada. El último documento con que contamos para revisión de causas de muertes data de Minsal 2019 y expone cifras del 2016. Las tres principales causas son los tumores (neoplasias), 26,1%; enfermedades del aparato circulatorio, 27,1%, y enfermedades del aparato respiratorio, 9,5%.
En el caso específico de muerte asociada a COVID-19, al ser actualmente una información de alta sensibilidad, debe ser analizada y anotada con especial cuidado. De hecho, el Minsal considera que hasta el 25% de las causas de defunción podrían tener cambios en el código de la causa básica de defunción por el proceso anual de revisión de calidad, que incluye la mejora y especificación de estas causas por medio del cruce con otras fuentes de información.
Sin duda el esclarecimiento de los datos asociados a fallecimientos por coronavirus nos podrá dar mayores herramientas para enfrentar de mejor forma esta pandemia y otras posibles en el futuro. Es claro asimismo que los contagios en nuestro país están ligados a determinantes sociodemográficos tales como la pobreza multidimensional, que alcanza a 2 de cada 10 chilenos, y en especial el factor de hacinamiento que se vive en algunas comunas y barrios de nuestra capital y otras zonas del país.
Hemos enfrentado la pandemia con los recursos humanos, materiales y de organización social que hemos construido a lo largo de nuestra historia. Las bondades y las falencias nos deben servir para potenciar lo que hemos apreciado de positivo –a mi juicio, la respuesta extraordinaria del sistema sanitario y de todos los funcionarios de la salud– y lo negativo –un Estado que a todas luces adolece de falta de políticas públicas en salud apropiadas para enfrentar una pandemia de esta magnitud–. Este aspecto deficitario, debemos reconocer, ha sido común en países bastante más desarrollados que el nuestro.
El rol de la ciudadanía ha sido errático. Hemos podido asistir a grados importantes de desconexión de sectores de la población respecto de la dimensión del problema que se vive. Es tarea ineludible que las autoridades, los medios y los profesionales en general fortalezcan la capacidad de comunicación en situación de crisis. Esta ha tenido un nivel de improvisación que no ha ayudado a mejorar la situación, pues los mensajes han sido confusos, adornados de demasiados tecnicismos y en muchos casos alarmistas sin sentido de responsabilidad social.
El impacto demográfico en mortalidad de la pandemia habrá que verla hacia fin de año con toda la información a la vista y debidamente depurada por los organismos públicos competentes.
Hasta ahora nuestro desempeño es mediocre. Nuestra tasa de mortalidad por millón de habitantes es de 174. En Sudamérica solo es superado por Ecuador, 222; Brasil y Perú con 205. Lejos eso sí de las tasas de mortalidad de EE.UU., 355; Canadá, 214, y países europeos, donde ya han iniciado el proceso de desconfinamiento y retorno seguro a las actividades económicas y sociales, como Reino Unido, 620; España, 575; Italia, 569; y Francia, 453, por citar algunos (estos datos han sido proporcionados por el Ing. Comercial Carlos Aparicio).
Finalmente, el llamado es a la cautela con el manejo de datos demográficos asociados a la mortalidad, pues es un área del conocimiento muy compleja y que requiere amplio conocimiento y experiencia. No es buen consejero el análisis de los datos en corto plazo. Esa mirada puede confundir y generar opiniones apresuradas que no contribuyen a un dimensionamiento efectivo de la crisis sanitaria y generan alarma innecesaria. Es asimismo necesario confiar –con mirada crítica por cierto– en los organismos técnicos del Estado chileno. Estos son, para este preciso caso, el Registro Civil, el DEIS, del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadísticas.
Estamos en medio de un grave evento mundial de salud pública, en particular por el alto número de contagios, su rápida propagación, su alta letalidad en adultos mayores y por los elevados requerimientos de hospitalización que ha traído consigo. Asimismo, sus efectos en el trabajo e ingresos, la salud mental por el confinamiento y desesperanza, así como la interrupción de las tan necesarias actividades comunitaria cotidianas. Por lo mismo, disponer y entregar a la opinión pública correcta y meditada información es un asunto esencial que conlleva alta responsabilidad por parte de todos los actores, en particular las autoridades públicas, los políticos y los profesionales de los medios de comunicación, entre otros.
