Señor Director:
Hace unos días, en este mismo medio, se publicó un artículo -basado además en una carta del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA)- en el cual se afirma que el gobierno del Presidente Piñera pretendería, con un conjunto de leyes, perpetuar el rol de las Fuerzas Armadas en el orden interno y limitar el Estado Democrático de Derecho, además de otras afirmaciones cuyo contenido real es peligrosamente manipulado, como es el caso de las ollas comunes de Puente Alto.
Afirmar lo anterior constituye no solo faltar a la verdad, sino que también graves acusaciones basadas en antecedentes presentados de tal forma que muestran un panorama de autoritarismo que no se condice con la realidad, especialmente respecto de los proyectos de ley referidos y las presuntas finalidades que buscaría el actual gobierno con ellas. Se hace mención al proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado, al proyecto de reforma constitucional para la protección de Infraestructura Crítica y al proyecto que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa.
En primer lugar, es necesario destacar el hecho objetivo de que si hay un gobierno que ha tenido avances en la modernización, transparencia y probidad de las Fuerzas Armadas, ha sido el actual. Un ejemplo claro de lo anterior es la nueva ley de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa que derogó la ley Reservada del Cobre, luego de 61 años, estableciendo un mecanismo estable, transparente y con sendos controles civiles y democráticos en el sector Defensa. Asimismo, fue este gobierno el que cambió la ley de Gastos Reservados, haciéndola mucho más estricta en su regulación y con mayores controles que incorporan al Congreso Nacional y a la Contraloría General, destinados a evitar el mal uso de dichos recursos. Junto con lo anterior se ha desarrollado una robusta Agenda de Probidad y Transparencia que incluye un convenio inédito con la Contraloría para revisar y fiscalizar las áreas más críticas de la Defensa; un Comité de Auditoría Externo; un nuevo Reglamento de Pasajes y Fletes; una indicación sustitutiva a una moción parlamentaria transversal, que fue aprobada por la Cámara de Diputados, sobre protección del denunciante de hechos contrarios a la probidad en las Fuerzas Armadas, y un Registro Único de Proveedores de la Defensa, entre otras iniciativas.
De igual modo, estamos trabajando en la renovación de la capacidad satelital, una actualización de la Política de Defensa, la modernización de la Carrera Militar, el Estatuto Chileno Antártico y la implementación de las Convenciones que Prohíben las Armas Químicas y Biológicas. Todas estas medidas, sin duda, aportan en avanzar hacia una Defensa moderna, con altos estándares profesionales y con pleno respeto a los derechos de las personas.
Es dentro de este compromiso del actual gobierno respecto de la Defensa que se enmarcan los proyectos de ley que se mencionan, los cuales pretenden contribuir a fortalecer el rol de la democracia y no a debilitarla. Sin embargo, la errónea interpretación de la información que hace el artículo lleva a confundir la realidad de los hechos y los verdaderos objetivos que se persiguen. Es por esto que es necesario aclarar algunos puntos que se afirman con mucha fuerza basado en lo que dicen los “especialistas” en la materia, sin determinar quienes califican como tales.
Respecto del proyecto de ley que moderniza y fortalece el sistema de inteligencia del Estado, se afirma que se le otorgan mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, siendo esto completamente equivocado, ya que si se compara la legislación actual y los cambios que pretende introducir el proyecto, hoy por hoy no existe ninguna diferencia sustantiva en las atribuciones entregadas a las Fuerzas Armadas, es decir, son las mismas que tienen hoy en materia de inteligencia. Lo que sí cambia es que se crea una institucionalidad con una mirada del Sistema de Inteligencia a corto, mediano y largo plazo basada en una Estrategia Nacional de Inteligencia, una Planificación de Inteligencia del Estado y los planes sectoriales de los organismos, tal como lo hacen países como España y Brasil, entre otros. Además, se incorpora un Consejo Asesor de Inteligencia presidido por el Presidente de la República como autoridad civil, así como los ministros involucrados. Esto, sin olvidar que se requiere de forma urgente mejorar nuestro Sistema de Inteligencia, no con las finalidades que sostiene el artículo, sino porque nuestro Sistema está desactualizado y carece de las herramientas reales que requiere un efectivo Sistema, en orden a permitir a las autoridades civiles tomar las mejores decisiones posibles con la mayor cantidad de información, dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos de las personas.
De la misma forma, no se entiende la animadversión que tienen algunos respecto del proyecto de reforma constitucional para la protección de la infraestructura crítica, regulación que hoy en día existe en diversos países desarrollados como Reino Unido, Francia o Alemania, por ser de una necesidad imperiosa. Resulta curioso que aquellos que critican la necesidad de decretar los estados de excepción constitucional, cuando se presenta un proyecto de ley que le otorga al Presidente de la República la posibilidad de no decretar un estado de excepción, sino que simplemente llamar a las Fuerzas Armadas para resguardar la infraestructura crítica -como la luz, el agua y otros elementos de uso básico de la población- lo critiquen sin un mayor análisis o la proposición de mejores soluciones. A mayor abundamiento es explícita la reforma en señalar que “En ningún caso el ejercicio de esta atribución presidencial podrá implicar la suspensión, restricción o privación de los derechos y garantías que establece esta Constitución o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para reestablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad”. Y solo con la intención de corregir las equivocadas afirmaciones del artículo, el proyecto jamás le entregaba al Ministerio de Justicia la elaboración de la fórmula de los servicios que constituyen infraestructura crítica en el plazo intermedio en que se dictaba la ley correspondiente. Esta labor siempre correspondió, desde el inicio de la reforma, a los “Ministros encargados de la Seguridad Pública y de la Defensa Nacional”.
Asimismo, respecto del proyecto de ley que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, el artículo sólo se limita a mencionarlo, sin hacer ningún tipo de apreciación sobre el mismo. Es decir, se utilizó sólo para abultar lo que presenta como “agenda de Seguridad del Estado en medio de la pandemia”. Se hace presente que este proyecto de ley tiene dos objetivos esenciales: por un lado, regular a nivel legal los aspectos fundamentales del sistema de compras y adquisiciones conforme al nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional y, por el otro, establecer los controles civiles y democráticos adecuados para resguardar el uso correcto y eficiente de los recursos públicos de acuerdo al plan cuatrienal de inversiones, a la planificación del desarrollo de la fuerza y a la Política de Defensa Nacional.
De la misma forma que en párrafos anteriores, y con el deber de corregir los errores incurridos por el artículo, es importante aclarar que este proyecto nace fruto de un compromiso asumido por el Ejecutivo que fue acordado con los parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición en la discusión de la ley N° 21.174, la misma que deroga la ley Reservada del Cobre. Así fue como este gobierno, el 4 de junio de 2020, ingresó al Senado -por mensaje del Presidente de la República- el proyecto de ley, boletín N° 13.563-02, que fue derivado a la Comisión de Defensa Nacional del Senado, la que ha dedicado sus dos últimas sesiones a la discusión de éste. Por lo anterior, resulta a lo menos contradictorio que se haga un llamado a la oposición a no aprobar estos proyectos, especialmente respecto de esta iniciativa, que es un compromiso adquirido a solicitud de parlamentarios de la misma oposición.
Finalmente, se hace presente que las Fuerzas Armadas que el artículo critica, son aquellas compuestas en parte por los 33.000 hombres y mujeres que durante 106 días llevan arriesgando su propia salud -y a veces hasta la vida, como ha sido de público conocimiento-, estando lejos de sus familias para proteger la salud y la vida de la ciudadanía, por medio de los controles y fiscalizaciones, el traslado de pacientes críticos, el uso y adaptación de la tecnología para usos médicos, los hospitales de campaña, entre tantas otras funciones realizadas por ellos con el solo objetivo de aminorar los efectos de esta pandemia, evitando el contagio y, reitero, salvando la vida de los chilenos.
En este contexto, el artículo y la carta de la GADFA, en vez de contribuir a valorar a nuestras Fuerzas Armadas y llamar a sumarse a una política de Estado, asumen una posición absolutamente extremista, fundada en antecedentes cuya mala interpretación los lleva a cometer groseros errores, presentando a sus lectores contenido de carácter poco fidedigno.
Pablo Urquízar M.
Jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa Nacional.
