Señor Director:
Representantes de la ONG Oceana hicieron, a través de este medio, un llamado a respetar la veda biológica de la merluza común, oportunidad en que aseguraron que el colapso de este recurso responde principalmente a la desigual distribución de la cuota de pesca entre industriales y artesanales, restando importancia a la depredación que provoca la pesca ilegal.
Asimismo, apuntan a la pesca de arrastre como uno de los responsables de la fragilidad de este recurso, afirmación que carece de fundamento técnico y científico, lo que ha sido ratificado en innumerables ocasiones por expertos en comisiones de pesca, seminarios, simposios, etc. No hay que olvidar que este arte de pesca genera el 50% de las capturas a nivel mundial y destaca por su alto nivel de selectividad que en el caso de la merluza alcanza el 98%.
Para la recuperación de la merluza, sin duda, lo más relevante es terminar con la pesca ilegal. Este delito está más extendido de lo que cualquier consumidor puede imaginar. Estudios de universidades y centros de investigación han denunciado que, entre las regiones V y VIII, concentrándose especialmente en Maule, sectores de la pesca artesanal extraen 5 veces más que la cuota autorizada. Es decir, 4 de cada 5 merluzas que se comercializan en ferias, mercados o terminales pesqueros no debió ser sacada del mar debido a que no formaba parte de la cuota.
Estas cifras son prueba irrefutable de que esta “pesca negra” es el verdadero depredador de este recurso.
Los Pescadores Industriales del Biobío, preocupados por la sostenibilidad de este recurso, hemos intentado que la pesca de la merluza común sea certificada bajo el estándar internacional del Marine Stewardship Council (MSC), misma certificación que se logró con el jurel y los langostinos y que acredita el manejo responsable de estas pesquerías. Sin embargo, de acuerdo con los criterios de evaluación del estándar MSC, la pesca ilegal no permite una adecuada gestión de la pesquería, impidiendo su certificación internacional.
El avance de este delito no solo pone en riesgo la sostenibilidad de este recurso, sino que el aumento ilegítimo de oferta en el mercado impacta los precios a la baja, en desmedro, principalmente, del sector artesanal. Es así como hoy podemos asegurar que el efecto negativo de esta práctica es a nivel ambiental, económico y social. No solo quienes participamos de la pesca industrial vemos cómo este recurso que nos da empleo se vuelve vulnerable, amenazando nuestra fuente de trabajo, sino que distorsiona la competencia para toda la cadena, perjudicando injustamente a todos quienes cumplimos con la ley.
Monserrat Jamett
Jefa de Sustentabilidad
Asociación de Industriales Pesqueros
