Señor Director:
La encuesta de caracterización socioeconómica de los hogares chilenos, CASEN, que está siendo aplicada desde el fin de semana, ha excluido las preguntas relativas a personas con discapacidad.
Queremos manifestar nuestro rechazo a esta medida. Aunque la muestra de la CASEN no haya determinado como población prioritaria a las personas con discapacidad, la realidad es que según el último Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015, conforman el mayor colectivo en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Más de 2.8000.000 personas en Chile tienen algún tipo de discapacidad y el 50% de ellas pertenece a los dos quintiles más pobres de la población, uno de cada cinco hogares tiene un miembro con discapacidad. La pérdida del empleo y la discapacidad constituyen los principales factores de vulnerabilidad de familias que han logrado superar la pobreza.
El argumento esgrimido por la Subsecretaría de Evaluación Social en cuanto a que esta exclusión se explicaría por la realización de la tercera versión del Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC), que se aplicaría entre el año 2021 y 2022, no justifica la medida.
La CASEN es el principal instrumento del que dispone el Estado para la focalización de políticas públicas sociales. Por el contrario, la ENDISC no ha logrado generar nuevas políticas públicas, como tampoco permear las que se han creado. Su campo de incidencia ha sido limitado al mundo de los antecedentes sin impactar en la toma de decisiones.
Por otra parte, la CASEN tiene como objetivo específico “Conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social”. Este objetivo no puede ser reemplazado por uno de focalización de esta población, en un instrumento de menor alcance y menor relevancia como la ENDISC. La determinación de grupos prioritarios, entre los cuales no se consideró a personas con discapacidad, no puede ser arbitrario ni estar supeditado a acciones posteriores, dificultades del proceso y otras consideraciones de índole no técnica.
El Estado chileno ratificó en 2008, la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad celebrado por la ONU, legislación que se encuentra por sobre la normativa particular de cada país. En ella, Chile se comprometió a “Promover, proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad” y a “tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
Por lo anterior, la exclusión de preguntas relativas a discapacidad en la próxima CASEN implica un retroceso en el ya insuficiente cumplimiento de lo ratificado y contraviene una de las recomendaciones específicas que ha hecho el Comité de la ONU en relación a este tema.
Comprendemos las dificultades que ha impuesto esta pandemia y conocemos los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Sin embargo, no podemos seguir siendo invisibles ante las múltiples urgencias. El Estado debe encontrar los mecanismos para garantizar la igualdad de derechos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La falta de data es la primera forma de invisibilización y la causa del mal diseño, mala implementación o, definitivamente, de la ausencia de políticas públicas focalizadas en esta población.
No podemos seguir esperando.
Atte.
María José López
Directora Ejecutiva Fundación ConTrabajo
Marcela Tenorio
Profesora Investigadora Escuela de Psicología Universidad de los Andes
Andrea Zondek
Directora Ejecutiva de Fundación Tacal
Popa Ramírez
Fundadora Fundación Amigos de Jesús
Ramiro Urenda
Director Fundación Amigos de Jesús
Carolina García
Presidenta Fundación Comunidad Inclusiva
