Señor Director:
Me refiero a la columna de Josefina Correa, “Una ley glaciar para la protección de la vida”, publicada el domingo recién pasado.
En 1992, para la Exposición Universal de Sevilla, Chile decidió exhibir en su pabellón un iceberg antártico de 60 toneladas, que transportó en el buque de la Armada Galvarino, desde Bahía Paraíso, puerto natural de la Costa Danco, en la Península Antártica. Despliegue de eficiencia y creatividad que le valió elogios y reconocimientos del mundo, de hecho, fue visita obligada para todo concurrente a la feria, que agradecía entrar a un verdadero frigorífico en medio del tórrido verano andaluz. Hoy, parece que la idea no volaría. Otra realidad, otros estándares, otra conciencia medioambiental.
Es verdad que algunos yacimientos mineros han afectado glaciares. Sin embargo, no se ha tratado de una práctica habitual ni generalizada. Tampoco de glaciares de evidente y abundante aporte hídrico, como los blancos con cuyas imágenes se suele acusar a la minería de destructora de los mismos, sino de glaciares respecto de los cuales no se ha demostrado un aporte hídrico importante. En todo caso, el sector entiende que eso pudo ocurrir hace años, no ahora. Otra realidad, otros estándares, otra conciencia medioambiental.
Bajo la actual institucionalidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no se han autorizado, ni ejecutado proyectos que hayan generado daño a glaciares, menos aún glaciares con impacto perceptible en su aporte hídrico, biodiversidad o belleza escénica. Esta misma institucionalidad exige que los proyectos que pretendan instalarse “en o próximos” a un glaciar, deban ingresar al SEIA pasando por medio de un completo y detallado estudio que tiene por objetivo averiguar si existen o no posibles impactos. De estimarse que sí habría impactos, no mitigables ni compensables, los proyectos o actividades sobre los glaciares no se pueden desarrollar. Cabe agregar que el 83,5% de los glaciares del país están bajo protección oficial del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASP), esto es, son intocables.
Una vez más, y tal como lo hemos hecho presente en el Congreso Nacional, reiteramos que las empresas socias del Consejo Minero no se oponen a una ley que proteja los glaciares, aunque legislativamente no sea el mecanismo idóneo ni adoptado por países desarrollados con el objeto de proteger este y otros activos ambientales. Aclarado lo anterior, la posición del sector, que resulta de sentido común, es que, si no estamos frente a glaciares blancos ni cubiertos, los cuales el sector también considera intocables, se estudie, evalúe y analice su aporte hídrico y a la biodiversidad, y con los antecedentes que se obtengan se autorice o no a afectarlos con todas las medidas de mitigación y compensación que correspondan. La versión que hoy se discute en el Congreso no sólo prohíbe todas las actividades que puedan afectar la condición natural o las funciones, de cualquier tipo, tamaño y ubicación de los glaciares, sino también del ambiente periglacial y el permafrost, que per se no tienen un valor ambiental comparable al de los glaciares. Por ejemplo, al incluirse el permafrost quedarían prohibidas todas las actividades humanas en lugares en que el suelo permanezca a una temperatura de cero grados o menos durante más de dos años. Sólo como referencia, las regiones en que ocurre el permafrost ocupan cerca del 25% del área del Hemisferio Norte, según la Asociación Internacional de Permafrost, y sobre ellas están construidas varias ciudades de Europa y Norteamérica.
No quisiera terminar sin aclarar que, al contrario de lo que indica Josefina Correa, la gran minería no tiene ni ha tenido exenciones tributarias o subsidios. Además, el Estado no cobra a persona o empresa alguna por los derechos de agua, de modo que no hay una excepción para la minería.
Creemos que el país debe acordar un nuevo marco jurídico para la protección del medioambiente en general y de los glaciares y otros activos ambientales en particular. Este es una debate pendiente desde hace años que debería realizarse sin sesgos, en más de 280 caracteres, y bajo el entendido que el desarrollo sostenible tiene tres pilares, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el crecimiento económico.
Joaquín Villarino H.
Presidente Ejecutivo
Consejo Minero
