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Sobre la eliminación de la Seguridad Nacional de la Constitución: Una respuesta a GADFA

por 19 diciembre, 2020

Sobre la eliminación de la Seguridad Nacional de la Constitución: Una respuesta a GADFA
No solo es bueno definir la seguridad nacional y dejarla bien ordenada en la Constitución, es absolutamente necesario, pues constituye un elemento esencial del pacto social y de los balances y contrapesos de poder que una Constitución debe proveer para que el Estado funcione. Nada podría ser peor para el proceso constituyente que se avecina que utilizar ideológicamente el lenguaje para transformar el significado de las cosas y tratar de cambiar su esencia. Tenemos que construir un país que funcione hacia el siglo XXII y no mirando para atrás, tratando de reescribir el pasado de Chile y el mundo. La discusión constitucional debe ser sobre bases sólidas, con un lenguaje claro y sin ambigüedades.
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Me sentí en la obligación de responder a esta declaración que fue publicada por este y otros medios, ya que, independientemente del respeto que tengo por las opiniones de quienes constituyen este grupo (GAFFA), estimo que cometen una serie de errores, los cuales, si no son clarificados, pueden llevar a conclusiones incorrectas. 

  1. Es normal que las constituciones incluyan el concepto de la seguridad nacional. Algo muy distinto es la Doctrina de la Seguridad Nacional, desarrollada por los EE.UU. en medio de la Guerra Fría, la que no es ni debe ser parte de la Constitución chilena.
  2. La seguridad que el Estado debe proveer a los ciudadanos es parte insustituible del contrato o pacto social mediante el cual el pueblo entrega al Estado el monopolio del uso de la fuerza, renuncia a usar la fuerza para el logro de sus objetivos particulares y legitima el uso de la fuerza por parte del Estado. Esta transacción o pacto está en la esencia de los balances y contrapesos de poder que una Constitución política debe proveer.
  3. La polivalencia de las Fuerzas Armadas a la que hacen mención no tiene su origen en el concepto de la seguridad nacional, sino en el hecho de que las capacidades estratégicas que las FF.AA. deben desarrollar para cumplir con las áreas de misión que la conducción política civil de la defensa les ordena, permiten al Estado en tiempo de paz y tranquilidad usar esas capacidades secundarias disponibles para atender otras necesidades de seguridad de la población. En ellas no reemplazan, sino que coadyuvan a otros organismos del Estado.  A modo de ejemplo, un camión de transporte de tropas puede ser usado en una catástrofe, más aún si quienes lo operan son personas disciplinadas, organizadas y cuyo entrenamiento permite dar ese servicio. Lo mismo aplica a unidades y equipos de la FACH y Armada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
    La seguridad que el Estado debe proveer a los ciudadanos es parte insustituible del contrato o pacto social mediante el cual el pueblo entrega al Estado el monopolio del uso de la fuerza, renuncia a usar la fuerza para el logro de sus objetivos particulares y legitima el uso de la fuerza por parte del Estado.
                                                                                                                                                                                                                                                  
  4. No han sido la Constitución o el concepto de seguridad nacional los que generaron áreas de misión adicionales a los roles principales a los que se deben. Han sido los mandos políticos civiles tanto de izquierda como de derecha los que han asignado a las FF.AA. múltiples roles que han crecido con el tiempo, porque la seguridad de la nación es responsabilidad del Estado y las Fuerzas Armadas representan capacidades y suficiencias del Estado bajo el mando del Presidente de la República. Si existe alguna distorsión, como llegar al punto de querer usarlas para todo lo que se les ocurra, siendo el mejor ejemplo su uso por un año completo en un estado de catástrofe sanitaria que poco o nada tiene que ver con ellas, es un problema de la conducción política civil y no de las FF.AA.
  5. En resumen, no solo es bueno definir la seguridad nacional y dejarla bien ordenada en la Constitución, es absolutamente necesario, pues constituye un elemento esencial del pacto social y de los balances y contrapesos de poder que una Constitución debe proveer para que el Estado funcione.
  6. Nada podría ser peor para el proceso constituyente que se avecina que utilizar ideológicamente el lenguaje para transformar el significado de las cosas y tratar de cambiar su esencia. Tenemos que construir un país que funcione hacia el siglo XXII y no mirando para atrás, tratando de reescribir el pasado de Chile y el mundo. La discusión constitucional debe ser sobre bases sólidas, con un lenguaje claro y sin ambigüedades. En ese sentido valoro que empecemos un debate académico de altura y, en ese debate, así como en la Constitución, el monopolio del uso de la fuerza y su legitimidad, las instituciones que materializan el monopolio de la fuerza de las armas representando un instrumento de poder y la obligación del Estado de brindar seguridad a su pueblo, deben estar incorporados. 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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