Opinión
Durante las últimas semanas –quizás, incluso, meses− hemos asistido a un verdadero festival de candidaturas presidenciales. En un ruedo caracterizado principalmente por la falta de pudor y la ausencia total de debate de ideas, se ha terminado banalizando una disputa política que en realidad es fundamental en el contexto actual y para lo que viene.
La revuelta popular del 18 de octubre permitió remover profundamente los cimientos políticos, sociales y culturales de nuestro país; puso en entredicho cuestiones que se daban por obvias; y demandó abiertamente un orden económico y social distinto que dejara de condenar a una vida precaria a las grandes mayorías. Sus resultados han sido históricamente inéditos, siendo uno de ellos el proceso constituyente en curso, cuyas características democráticas no tienen antecedentes en la historia constitucional del país, dando un giro radical a la historia de autoritarismo y poder oligárquico.
Un momento constituyente, por definición, es un momento extraordinario, de excepcionalidad, una manifestación del poder constituyente del pueblo que desborda los límites que las instituciones (el poder constituido) establecen, a través del nacimiento de nuevas alternativas nacidas de la movilización social y la reconfiguración del mapa de actorías político-sociales de un país. La elección presidencial y parlamentaria, sin embargo, va encaminada hacia justamente lo contrario: el retorno a la política tradicional. Para las fuerzas de izquierda, éste es el desafío y, a nuestro juicio, una de las razones principales por las que debemos estar en esta elección es precisamente para evitar un cierre institucional y elitario del proceso político que se abrió con la revuelta.
Presidenciales: ¿para qué?
Como decíamos, es urgente poner sobre la mesa la orientación estratégica que dota de sentido la disputa presidencial: nuestra apuesta debe representar un proyecto. En esta línea, pensamos que la apuesta de la izquierda debe abordar al menos los siguientes cuatro aspectos, que luego, además, determinarán los márgenes de una eventual coalición.
1.- El proceso constituyente requiere ser acompañado de un gobierno y un/a presidente/a constituyente.
Si bien es evidente que el proceso constituyente y su desenvolvimiento debe sostenerse en la deliberación popular y ciudadana, no es menos cierto que ésta no va a mantenerse ajena a las presiones de los poderes fácticos, en particular la influencia del empresariado y, más en general, de la oligarquía. La experiencia latinoamericana ha demostrado que una forma eficiente de contrarrestar este poder es contar con un gobierno que abiertamente se ponga del lado del órgano constituyente y su autonomía, que defienda su proceso y lo resguarde, y que además tome una posición política abierta en favor de los intereses populares. El rol de acompañamiento a las demandas de cambio y de neutralización a la influencia de la oligarquía −luego de 40 años de hegemonía− será particularmente relevante. En este sentido, el gobierno y el/la próximo/a presidente/a no debe restarse del proceso, sino sumarse como un actor opinante, garantizando la autonomía de la Convención Constitucional y fomentando su democratización.
2.- Administrar la crisis económica con visión de izquierda, es decir, con un énfasis puesto en las y los trabajadores e incorporando una visión que realce la importancia del trabajo doméstico y de cuidados.
El próximo gobierno va a recibir un país golpeado no sólo por la crisis económica generada por la ralentización productiva asociada a la pandemia, sino que principalmente por las decisiones políticas de este gobierno, el que, mostrando su peor cara, decidió indolentemente que la crisis fuese pagada por las y los trabajadores. Esta situación, además, golpeó aún con más fuerza a las mujeres. Si desde ya hace algunos años se venía denunciando la crisis de los cuidados, ésta se vio profundizada durante el año anterior donde la vida se desarrolló principalmente desde las casas y donde las labores de trabajo doméstico y de cuidados aumentaron considerablemente, cayendo sobre todo sobre los hombros de las mujeres. En este contexto, el próximo gobierno tendrá que enfrentar esta situación de una manera diametralmente opuesta. Deberá desplegar una política que se enfrente a la ideas de austeridad y proempresariado, impulsando la redistribución de la riqueza y poniéndose del lado de las y los trabajadores, mediante políticas tributarias progresivas y reconociendo la relevancia del trabajo de cuidados. Para ello, la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados no sólo permitirá reconocer y valorar económicamente ese trabajo, sino que además contribuir a la reactivación de la economía a través del aumento de liquidez y capacidad de consumo.
3.- Consolidar la apertura de un nuevo ciclo: acabar con la lógica de la transición.
“No son treinta pesos, son treinta años” no es sólo una consigna que apunta a la precariedad de la vida, también es una demanda contra un determinado tipo de política: la política de la transición. Cualquier proceso de cambio debe comprender que la transición no es sólo un período histórico, sino que es principalmente una lógica política, que puso al centro el consenso elitario, desplazó al pueblo de la deliberación política, estrechó la democracia, reduciéndola a la participación electoral y subordinó la política misma a las tasas de ganancia del empresariado. Se trata de una lógica política que se ha enraizado con fuerza en la élite nacional y, si bien el golpe dado por el Estallido es profundo, el país no está en ningún caso inmunizado ante la posibilidad de su restauración. Si queremos abrir un nuevo ciclo, deberemos ponerle un fin definitivo a la lógica política transicional, junto con la constitución del 80.
4.- Iniciar el proceso de desmonte del neoliberalismo.
Chile no aguanta más neoliberalismo y eso ha quedado claro. Por tanto, una tarea fundamental del próximo gobierno va a ser comenzar el proceso de desmonte de este orden político-económico-social. Si bien es claro que el cambio, al menos en lo que respecta al próximo gobierno, será paulatino (a la luz de la crisis y el propio proceso constituyente), de lo que se trata es de marcar una hoja de ruta clara o, dicho de otro modo, un camino de salida. El próximo gobierno debe orientarse a construir las bases políticas, institucionales y los consensos sociales suficientes para hacer posible la construcción de un orden político y social distinto, donde el mercado y la propiedad privada dejen de ser el principio estructurador de la sociedad, donde se reivindique la política como herramienta central para profundizar y radicalizar la democracia, y donde el Estado vuelva a tomar un rol preponderante, tanto en la provisión y garantía de los derechos sociales, como en la administración de los recursos naturales y en la conducción de la economía.
Los límites políticos del pacto electoral
La importancia del siguiente ciclo electoral debe llevarnos a pensar cómo debe construirse un nuevo referente coalicional con vocación transformadora. De modo general, hay dos principios que deben conjugarse. Por un lado, debe ser una coalición amplia, que permita ganar, pero al mismo tiempo debe ser una coalición con cohesión interna, que permita gobernar. Es claro que debe exceder al Frente Amplio y al Partido Comunista, y que no puede replicar lo que fue la Nueva Mayoría. De suceder esto último, se partiría perdiendo y se volvería imposible la realización de los elementos políticos que planteamos más arriba. Por tanto, proponemos tres elementos fundamentales para la construcción de una nueva coalición de gobierno.
En primer lugar, hay que aprender de las experiencias pasadas. Mirando el ejemplo de la Nueva Mayoría puede extraerse un aprendizaje principal: la coalición debe lograr heterogeneidad en su conformación, pero homogeneidad en el proyecto político. El proceso que se abre, con el horizonte estratégico que mencionamos, obliga a que la coalición de gobierno se conforme como un bloque sólido en cuanto a los elementos estratégicos y programáticos. El proceso de cambio que debe iniciarse en el próximo gobierno no puede repetir la experiencia de convivir con los Burgos, los Walkers o los Valdés, quienes luego de reconocer que ni siquiera habían leído el programa de gobierno, se dedicaron a poner diques de contención a cualquier iniciativa de cambio mayor. No es suficiente contar con un discurso progresista (como el que le hemos escuchado a Paula Narváez durante las últimas semanas), sino que debe existir una ruptura total con todos los sectores conservadores de oposición que buscan darle un nuevo aire a la política de los consensos. Esta coalición deberá estar en sintonía con las grandes mayorías que han permitido el momento constituyente.
En segundo lugar, el bloque que se conforme debe romper todo tipo de vínculo orgánico con el empresariado. Un proyecto de gobierno que tenga la mirada puesta en un ordenamiento posneoliberal debe conducirse con autonomía de los poderes empresariales y, de hecho, muchas veces ir en contra de ellos. Parte de superar la lógica de la transición tiene que ver con esto mismo: elegir ponerse del lado del pueblo antes que del empresariado. Parece extraño, porque en Chile pocas veces ha sido así, pero en realidad esto debería ser un principio en la izquierda, del que se desglose el desarrollo de las políticas públicas.
Por último, esta coalición de gobierno debe incorporar al mundo independiente y movimientos sociales que, no sintiéndose representados por los partidos políticos hoy existentes, quieren ser parte del proceso de transformaciones sociales en el país. Parte de acabar con la lógica transicional justamente implica tomar parte activa en cerrar el profundo abismo entre lo político y lo social que el neoliberalismo cavó durante décadas, permitiendo que más actorías puedan ingresar a la política y se favorezca un cambio en la correlación de fuerzas.
El desafío ante el cual se enfrenta la izquierda es enorme y hay que asumirlo como tal. Para ello es urgente poner énfasis en el proyecto político y discutir sobre el Chile que queremos. Estamos ad portas no sólo de una posibilidad de cambios profundos, sino también ante la posibilidad de que simplemente no suceda nada relevante y de que paulatinamente esta coyuntura devenga en una restauración oligárquica. Para que pase lo primero y no lo segundo, tenemos que entender la responsabilidad que la presente disyuntiva implica y tomarla en serio. Discutamos sobre proyectos y avancemos en la construcción de un gobierno popular que encarne en un sentido profundo el espíritu de la revuelta: acabar con el neoliberalismo y democratizar Chile.
