Opinión
Con su característico tono visceral, apasionado y flagelante, León Bloy decía que “el dinero del rico es la sangre del pobre”. Este verdadero profeta de los desheredados sabía que es injusto cobrar intereses sin razón en un préstamo de dinero improductivo… más aún, es injusto un sistema en que el cobro de intereses bajos se ve como un acto de generosidad, una mera liberalidad, no como un mínimo de decencia.
La libertad económica existe, la propiedad privada también, pero eso no significa que la economía sea una ciencia elevada a un pedestal inmaculado de amoralidad, como si no tratase sobre acciones humanas, valorables moralmente. Los moralistas han sido expulsados del debate público sobre la justicia de los intercambios, pero esta discusión no es puramente fáctica: la cuestión es sobre justos títulos, y no sobre conveniencia económica. No hace falta ser de izquierda ni creer en un estatismo elefantiásico para ver que nuestro sistema promueve o hace vista gorda a ciertas injusticias.
Con todo, el problema no parece ser el famoso “modelo neoliberal” (hasta hoy nadie ha sido capaz de definir con precisión qué significa eso), sino instituciones injustas muy concretas. Una de las más cuestionadas (por no decir expresamente condenada y castigada) a lo largo de la historia —¡hay que mirar la historia! por mucho que no le guste a los progresistas de izquierda cuando se habla de familia ni a los liberales de derecha cuando se habla de economía— es la usura, y particularmente el anatocismo.
El dinero es naturalmente estéril. El mero lapso del tiempo no incrementa la riqueza, ni debería por ende ser fuente de enriquecimiento para un prestamista. Hay préstamos que permiten producción, beneficio social, pero la “creación de riqueza” no es una consecuencia natural del préstamo, sino del uso que se le dé al dinero prestado: hay préstamos productivos y otros improductivos. Todos los créditos de consumo ofrecidos indiscriminadamente por grandes multitiendas y bancos a personas pobres o de clase media vulnerable, con poca o nula educación financiera, ¿merecen realmente cobrar intereses?, ¿por qué asumimos que el que presta un cajón de un kilo de naranjas no puede cobrar sino un kilo de naranjas del mismo género y calidad, mientras que cuando se trata de una suma de dinero (también un mutuo, préstamo de consumo de cosa fungible) se puede cobrar más? Más aún, ¿por qué toleramos siquiera el cobro inescrupuloso de un «interés por riesgo», que no pasa de ser un burdo eufemismo para un auténtico interés de los pobres?
El anatocismo es uno de los grandes escándalos de este panorama. Si nada justifica esos cobros de intereses, ¡cuánto menos la capitalización injustificada de esos mismos intereses! Esto simplemente es enriquecimiento descarado a costa de otro. Una manifiesta contradicción al principio más básico del derecho privado: la prohibición del enriquecimiento sin causa. Y cuando el afectado es una persona necesitada, se transforma en una injusticia que clama al cielo.
Alguna lección debemos sacar de la crisis de octubre del 2019 (del “estallido” que autores como Gonzalo Vial, libres de toda etiqueta de izquierda, fueron capaces de prever). El endeudamiento es fuente de agobio para las familias. Las encuestas más serias se refieren a más de la mitad de la población endeudada (las cifras rondaban entre un 66 % a 72 % el año 2017), muchas veces con una carga anual equivalente verdaderamente insoportable y con un porcentaje de pasivos superior al recomendado respecto del patrimonio total de la familia. La deuda total del hogar mediano en Chile equivale al 29 % de su ingreso anual.
Recientemente se ha aprobado una prohibición del anatocismo en ciertos casos. Además, ha ingresado un proyecto de ley —con respaldo de diputados de los más variados colores políticos— para sancionarlo, prohibir el interés por riesgo y regular diversos aspectos relacionados con las injusticias del mercado financiero. Que el tema se ponga una vez más sobre la palestra es un gran paso para superar este cáncer de la economía que es la usura.
