Opinión
Proponemos crear un Consejo Económico y Social (CES), órgano cuatripartito en que participarán Estado, trabajadores, empresarios, así como instituciones de la sociedad civil, constituyéndose en un verdadero foro de diálogo donde se trace la hoja de ruta del desarrollo económico y social del país, con sentido de urgencia, pero también con mirada de mediano y largo plazo.
Las fisuras que dejará la pandemia, en conjunto con la necesidad de reformas estructurales, nos obligan a levantar la mirada. Chile se encuentra en una etapa caracterizada por la apremiante necesidad de recuperar la confianza y generar importantes cambios sociales y económicos que definan al país de las próximas décadas. Enfrentar la crisis de credibilidad en las instituciones requiere de más diálogo y acuerdos. Sólo así el sistema político podrá reestablecer su legitimidad y avanzar en reformas sostenibles, ambiciosas y realistas, construidas con los diferentes actores. Todo ello supone una mirada de futuro generosa e inclusiva, sustentable y responsable.
Si bien nuestro país se encuentra ad portas de un esperado proceso constituyente que ayudará a relegitimar la política y sus instituciones, los requerimientos del Chile del siglo 21 también pasan por avanzar en reformas económicas y sociales audaces. Es por esto que proponemos crear un Consejo Económico y Social (CES) permanente, emulando la experiencia de naciones que han instaurado foros de diálogo de este tipo, entre los que se encuentran Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Holanda o Hungría. Postulamos que su conformación sea cuatripartita: Estado, trabajadores, empresarios (grandes y pequeños), así como instituciones de la sociedad civil que han cumplido un rol gravitante en la pandemia y que están llamadas a seguir jugando un rol público protagónico mañana.
El objetivo de esta institución, la que, a su vez, tendrá la necesaria voz de regiones, es ser un foro de diálogo entre actores que permita levantar propuestas que guíen el actuar del Ejecutivo en la construcción de una hoja de ruta de desarrollo económico y social, con sentido de urgencia, pero también con mirada de mediano y largo plazo. Si bien el CES funcionará como foro permanente, proponemos que cada tres años presente un informe con propuestas consensuadas sobre las cuales los gobiernos deben avanzar en materias laborales, económicas y sociales.
Crear este Consejo es más necesario que nunca. Para ilustrarlo, pensemos simplemente en los desafíos urgentes que enfrentamos en el mercado laboral. Para crear empleos, combatir la informalidad, hacernos cargo del cambio tecnológico que la pandemia aceleró y que supone enormes oportunidades, pero también costos y riesgos para los trabajadores que podrían quedar en el camino. ¿Cómo enfrentar este reto?
El CES desempeñaría un papel fundamental en promover un acceso equitativo a las capacitaciones necesarias en el nuevo mundo laboral. Es en el seno del mismo CES que se podrían abordar fórmulas consensuadas en materia de participación laboral femenina y disminución de brechas, jornadas, productividad y remuneraciones, incluyendo un salario mínimo que hoy se discute exclusivamente entre la CUT y el gobierno de turno. Es también la instancia para avanzar en flexiseguridad: generar la necesaria capacidad de adaptación que el siglo 21 exige y que nuestro Código Laboral requiere, pero garantizando mayores pisos de seguridad para los trabajadores. Y si de futuro se trata, ¿cómo se vincula hoy nuestro sistema educacional con la formación de capacidades que se demandan en el siglo presente? ¿Cómo conversa nuestra educación superior, universitaria y técnica con los desafíos laborales?
Se trata de temas urgentes de abordar, pero que sólo podrían ser sanamente discutidos en un ambiente de mayor legitimidad. El CES apunta justamente a eso, a través de un diálogo permanente entre trabajadores, empresarios, sociedad civil y el Estado. Claramente, los problemas presentes y futuros necesitan de una mayor perspectiva y diversidad de actores participando en el debate de manera institucional y con mirada de largo plazo. Un CES resultaría en una instancia ciertamente idónea para tales efectos y para apalancar esta mirada de desarrollo futuro robusto. Éste fue el exitoso camino seguido por Irlanda para promover su virtuoso desarrollo a partir de los noventa, luego de enfrentar una crisis y años de estancamiento. Más recientemente, países de referencia como Australia o Nueva Zelanda han instaurado foros de diálogo de este tipo para poder avanzar en los desafíos laborales del siglo 21.
El CES que llevaremos adelante facilitaría la cooperación de los principales actores implicados en el ámbito social y económico, transparentaría las posiciones, permitiría canalizar los intereses de distintos grupos y facilitaría la elaboración de estrategias de crecimiento estables y perdurables en el tiempo. A su vez, las políticas que emanen de este Consejo –o que cuenten con su respaldo– tendrán una legitimidad mucho mayor que aquéllas que provengan de un solo sector o grupo, lo que podría acelerar su implementación.
Un futuro con una mejor convivencia democrática es tan posible como necesario. Reformas sociales y desarrollo económico no se contraponen, sino que se complementan virtuosamente si es que se construyen sobre las bases de una sociedad abierta con mirada de futuro. El camino hacia un desarrollo económico y social robusto es posible. No para subir en los rankings, sino que para mejorar el bienestar de todos. Pero esa hoja de ruta al desarrollo sólo es viable si la construimos juntos.
