martes, 27 de julio de 2021 Actualizado a las 01:17

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El sistema político sometido a la democracia

El sistema político sometido a la democracia
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Las inéditas e históricas cuatro elecciones que se llevaron a cabo, que, por un lado, dieron forma a la Convención Constitucional que tendrá la compleja tarea de redactar una nueva Constitución, también dejan importantes lecciones y resisten varios análisis. Se trata de un hecho inédito por dos razones: ninguna de las constituciones que ha tenido Chile ha sido resultado de un proceso de estas características y, con un alcance más global, se trata de un proceso que garantiza la representación paritaria de hombres y mujeres y que define escaños reservados para los distintos pueblos originarios de nuestro país (y que también se asignan con paridad). Es un hito en un proceso que ya tuvo su punto de partida en el plebiscito de octubre del 2020, que resolvió que la nueva Constitución la debía elaborar un organismo totalmente electo por la ciudadanía y que, tras la redacción, tendrá su último eslabón con el llamado plebiscito de salida en el que los electores, con voto obligatorio, deberán aprobar o no la nueva Carta Magna.

Por otra parte, se eligieron a los gobernadores regionales, cerrando con ello una primera etapa de democratización institucional del régimen subnacional, donde hasta ahora solo se contaba con la figura del intendente, un órgano desconcentrado del Presidente de la República. Si bien será necesario introducir nuevas innovaciones para que el gobernador regional tenga relevancia en la política territorial (por ejemplo, la aprobación de la Ley de Rentas Regionales y el fortalecimiento de sus facultades en ámbitos relevantes para la sociedad regional), es un gran avance que nos permite dejar atrás lo que podríamos denominar como un “enclave autoritario” que limitaba sobremanera la capacidad de gestión y autonomía a nivel regional.

Participación, coaliciones y mapa electoral

El balance no es tan positivo en cuanto  al porcentaje de participación. En el plebiscito de octubre del 2020 se había verificado la más alta participación electoral desde 1998, con una significativa participación de personas jóvenes y de comunes más pobres. En esta ocasión, el porcentaje bajó para solo alcanzar un 43%. El temor al contagio, la falta de gratuidad en el transporte público, la escasa campaña comunicacional desde el gobierno central para promover la participación, la complejidad de los procesos (cuatro elecciones con largas listas que agrupaban numerosos candidatos), son algunas de las razones que se presentan para explicar esta situación, pese a que los dos días se declararon “feriados irrenunciables”. Se podrían agregar el cansancio derivado de la extensa pandemia y el estrés colectivo que esta genera.

Pero, más de fondo, es probable que concluyan dos fenómenos más estructurales: por un lado, la existencia de un porcentaje de ciudadanos que se definen como apáticos y que, en el marco de una cultura política que ha promovido sistemáticamente la privatización de la vida colectiva durante las últimas más de cuatro décadas, no perciben que la política influya en su vida; por otro lado, hay un grupo desencantado y molesto con el comportamiento de un sistema político que no ha logrado sintonizar razonablemente con demandas significativas de la ciudadanía y durante un prolongado periodo; una brecha que se traduce en malestar con la “clase política” y los cuestionamientos a su representatividad.

Ahora bien, estos dos últimos fenómenos son procesos que se venía expresando ya hace años y que no se revertirán fácilmente, a menos que el sistema tome medidas que apunten de ello. Se ha comentado la necesidad de volver al voto obligatorio, incentivar el compromiso ciudadano, pero sobre todo es evidente que se deben tomar medidas para resignificar la política para los ciudadanos.

En segundo lugar, el resultado de la elección para la Convención Constitucional, y cinco focos:

a) La derrota de la derecha que aspiraba a tener, al menos, un tercio que le permitiera ejercer un derecho de veto en un espacio en el que era previsible que lograran más representación los partidos y candidatos no oficialistas. Lejos de eso, la derecha logró 37 convencionales, muy lejos de los 52 necesarios para alcanzar el tercio.

b) La derrota de los partidos tradicionales, pero muy especialmente de la DC y el PPD, que lograron 2 y 3 convencionales respectivamente.

c) El muy buen resultado de la lista conjunta del Frente Amplio y el PC, con específica mención para los resultados de RD.

d) El gran resultado de los independientes, tanto de los que iban como tales o de aquellos que se “arroparon” en las listas de partidos y que, como en el caso de Daniel Stingo, terminaron siendo el candidato con la mayor votación.

e) Especial relevancia tiene el espacio logrado por la Lista del Pueblo, con candidatos y candidatos de una diversidad de organizaciones sociales –algunas con una larga trayectoria de trabajo social y en los territorios, y otras activadas en el contexto del “estallido social” de octubre de 2019 y que lograron 26 representantes.

En tercer lugar, el resultado de las elecciones de gobernador y alcaldes y concejales deja mucho mejor parados a los partidos de la oposición. Una debacle para RN y la UDI, que perdieron el gobierno en un número significativo de municipios. Se destaca el desempeño del Frente Amplio (el triunfo del dirigente medioambientalista en la Región de Valparaíso en primera vuelta y el paso a segunda vuelta de Karina Oliva en la Región Metropolitana) y el triunfo en comunas emblemáticas como Ñuñoa, Maipú y Viña del Mar, arrebatadas al oficialismo, así como el triunfo del PC en la comuna de Santiago.

Más allá de los porcentajes, las elecciones marcaron un punto de inflexión. Se puede tomar distancia de aquellos que sostienen que se trata del fin de algunos partidos; la historia muestra que los partidos políticos muestran una importante resiliencia y capacidad de adaptación. Sin embargo, qué duda cabe que es un golpe a la dirigencia tradicional, de aquellos que defendieron el modelo neoliberal o que, cuestionándolo, no lograron “apurar el tranco”, introduciendo oportunamente reformas largamente reclamadas por la ciudadanía o que, sin ser reclamadas, eran necesarias para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Una elite política que se preocupó de gerenciar el modelo, moviéndose dentro del marco estructural definido por el neoliberalismo, incluso llevando, en algunos casos, a los límites permitidos por el esquema imperante.

En este camino, la política fue perdiendo, entre otras cosas, la capacidad de interpretar los cambios que experimentaba la sociedad chilena; ese trabajo fino que se nubla entre las cuatro paredes de los despachos oficiales de políticos y tecnócratas. El desafío hoy es si los partidos serán capaces de reflexionar, no solo sobre cuánto se distanciaron de las demandas de la ciudadanía, sino que cómo se vinculan hoy con una ciudadanía activa y organizada en el territorio más allá de la lógica electoral. El amplio número de constituyentes elegidos que son dirigentes o representantes de organizaciones sociales y locales da cuenta de una sociedad activa y preocupada, pero alejada de los partidos.

Desde este punto de vista, queda una lección sobre la importancia de recordar que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. La Convención Constitucional es, qué duda cabe, un espacio muy diverso, más parecido y cercano a los problemas, frustraciones y sueños de los ciudadanos comunes y corrientes. Y ello sin duda constituye una de las mejores noticias de este tiempo. Junto con ello, constituye una oportunidad de poner a prueba, y a vista de todas y todos, un espacio de deliberación y debate acerca de la Constitución y de las necesidades de cambios estructurales en el modelo y en torno al cual se ha constituido una gran mayoría.

Se nos abre una oportunidad histórica para “ponernos al día”, dejar atrás componentes de nuestro modelo de desarrollo que son negativamente inéditos (por ejemplo, la institucionalidad del agua) y de generar una instancia de deliberación y participación, que demuestre que en el espacio político es posible definir, de manera colectiva, los principios y valores que queremos ordenen el funcionamiento de nuestro sistema político en las próximas décadas.

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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