Opinión
La Columna de Eduardo Santos del 5 de agosto en la cual su autor critica la Política de Defensa y argumenta en torno a una pretendida inviabilidad financiera de la misma, sugiere algunos comentarios y una aclaración.
Desde luego, la disuasión es efectivamente una postura estratégica de larga data pero no tiene nada que ver con la Guerra Fría ni con la doctrina de la seguridad nacional como se entendió durante ese periodo, ni menos con “democracias protegidas” o formas políticas afines. Solo la disuasión nuclear tuvo su origen durante la Confrontación Este –Oeste y hoy sigue vigente aunque con una retórica algo más atenuada. La disuasión convencional, por el contrario, es conocida desde la Antigüedad y su valor en la prevención de conflictos y estabilización de escenarios estratégicos ha sido analizada en detalle en la literatura comparada. No en vano tanto Mearsheimer como Holsti y Waltz, para nombrar solo tres autores, ponderan las lógicas de la disuasión convencional y sus efectos en la seguridad entre los estados, tanto en perspectivas históricas como actuales.
La sistematización del concepto es relativamente moderna pero sus dinámicas de aplicación han sido conocidas y utilizadas de antaño, usualmente subsumidas en el concepto de equilibrio de poder. De ahí que no tiene nada de extraño que en el seminario que se llevó a cabo en la Academia de Guerra del Ejército entre el 4 y el 6 de septiembre de 1991 –un hito en la relación político-militar de la transición y en el que participé como integrante de la Comunidad de la Defensa- se arribara a dos conclusiones interrelacionadas: durante su historia republicana, Chile siempre tuvo una política de defensa aunque no había sido explicitada y, en segundo término, que dicha política estuvo fundada en la disuasión bajo la lógica del equilibrio de poder. Por lo anterior, la Comunidad de la Defensa, entonces relativamente incipiente pero ya influyente y que contaba con integrantes con estudios de postgrado en el extranjero, concordó con la adopción de la disuasión como postura estratégica del país y su incorporación a la política de defensa cuando esta fue finalmente explicitada bajo estándares internacionales en el Libro de la Defensa 2002, luego de la aproximación inicial del Libro 1997. No fue esta una actitud acrítica ni de sumisión intelectual, sino el producto de una reflexión objetiva y realista, sustentada en evidencia histórica tanto distante como reciente. Influyeron en esto autores como Burr con su clásico By Reason or Force Chile and the Balancing of Power in South America 1830-1905 pero también estudios más modernos, y la evidencia de las crisis internacionales que afectaron al país en los 60 y 70, donde la disuasión había funcionado con mayor o menor intensidad pero, en definitiva, con éxito.
Sin embargo, la disuasión tiene limitaciones, especialmente en los escenarios estratégicos modernos. La principal es que descansa en una racionalidad compartida entre los actores que la ejecutan. Si esta no existe, la disuasión pierde su fundamento básico. De ahí que su valor sea muy limitado frente a formas de agresión difusas o que no obedezcan a intereses nacionales externos contrapuestos pero claramente definidos. Naturalmente, esto no implica que el estado no pueda defenderse frente a dichas manifestaciones hostiles. Por lo anterior y asumiendo que cualquier país puede ser víctima de una agresión de este tipo, según quedó demostrado el 11 de septiembre de 2001, la doctrina y también la práctica diplomática han extendido la aplicación del concepto de legítima defensa a premisas más amplias que las que subyacían en las originales del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. En consecuencia, no solo un ataque convencional por parte de fuerzas regulares de un actor formal del sistema internacional habilitan al país agredido a utilizar la fuerza militar en su defensa, sino también otras formas de agresión armada igualmente peligrosas que requieran de medios militares para conculcarlas. Esta visión más amplia se ha incorporado en las políticas de defensa de muchos países subsumiéndose con la disuasión. De ahí que la legítima defensa se haya explicitado como una forma de uso de la fuerza militar –oportuno es recordarlo- en los Libros de la Defensa pero no como una alternativa a la disuasión sino como su complemento.
Conjugando armónicamente lo expresado, resulta un tanto temerario afirmar, por una parte que el país ha despilfarrado los recursos invertidos en las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas y que como consecuencia de la situación financiera, la defensa como función pública bajo la lógica de la disuasión, es inviable. Desde luego, el país ha adquirido una estatura estratégica que se condice con su condición de potencia media emergente. Es cierto que la estatura estratégica no depende solo de la capacidad militar, pero es un componente fundamental e insustituible. Además, sus escenarios estratégicos son inciertos, tal como ha quedado demostrado en episodios muy recientes de gran efecto geoestratégico potencial. A lo anterior debe agregarse la inexistencia de una estructura de seguridad regional. Todo esto solo perfila el valor de la disuasión como postura estratégica y además, es concordante con su condición de país de status quo, carente de ambiciones territoriales, pero decidido a mantener su integridad y soberanía tal como por lo demás, constituye un objetivo explícito de su Política Exterior.
Por otra parte, la inversión en defensa siempre descansa primariamente en decisiones políticas, no financieras. La evidencia tanto comparada como local es abrumadora y no resiste en verdad cuestionamiento. Cuanto un país gasta o invierte en defensa obedece primariamente a factores políticos –domésticos y externos- y estratégicos y solo secundariamente financieros. Por lo mismo no es posible afirmar solo en una lógica aritmética y apriorística designios tan ominosos aunque, justo es decirlo, desde hace algunos años actores de ambos lados del espectro político han sostenidos visiones un tanto apocalípticas en este sentido. Corresponderá al Ejecutivo y al Legislativo ponderar los diversos factores que determinarán el nivel de inversión en defensa que requiere Chile, tomando en consideración su ubicación y responsabilidades en el sistema internacional, su horizonte estratégico y, también, su condición financiera.
Finalmente cabe consignar que por cuanto la seguridad externa del país, de cualquier estado, se desarrolla en escenarios dinámicos y muchas veces impredecibles, siempre es necesario reflexionar sobre sus parámetros y alcances, sin fechas determinadas. Esto es, además, un ejercicio propio de la democracia. De esto dan cuenta tanto el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional como la Ley Nº 21. 174; ambos cuerpos normativos apuntan a la actualización periódica de la Política de Defensa y de la Política Militar como responsabilidad del Ejecutivo, lo que se condice con el carácter de la defensa como función primaria de toda sociedad organizada. Contribuye a esto la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos con sus publicaciones e investigaciones y también algunas universidades. En este mismo sentido, varios de los programas presidenciales que se están agitando a propósito del proceso eleccionario en marcha incluyen acápites sobre defensa y fuerzas armadas y los demás deberán incorporarlos pronto. Con todo, cualquiera sea la instancia y la oportunidad en que se discutan los asuntos de seguridad exterior y de relaciones político-militares, deberían asumir posturas realistas, sobrias y objetivas acerca las realidades estratégicas y de seguridad de la República.
