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Prórroga a la Ley de Riego: subsidios para seguir exportando agua en plena crisis climática

por 18 agosto, 2021

Prórroga a la Ley de Riego: subsidios para seguir exportando agua en plena crisis climática

Crédito: https://www.indap.gob.cl/

Según el reciente informe del IPCC, sabemos que estos son años clave para tomar medidas enérgicas que aseguren el abastecimiento de alimentos básicos en el escenario de crisis climática actual y se necesita con urgencia una transformación en los patrones de producción y consumo agrícola, para lo cual se requiere instalar en el país un nuevo paradigma para el desarrollo de la agricultura. El Estado debe fomentar una producción agrícola diversificada, destinada al consumo interno, con bajo impacto ambiental y, de una vez por todas, dejar de exportar agua a través de frutas. De lo contrario, quedaremos expuestos a la cara más brutal de los efectos del cambio climático.
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El calentamiento global está impulsando fenómenos climáticos y meteorológicos extremos. Estamos siendo testigos de sequías sin precedentes, inundaciones masivas y megaincendios que están afectando extensas áreas forestales, urbanas y agrícolas de todo el mundo. En Chile, hace más de una década que experimentamos déficits críticos de precipitaciones, con un último invierno especialmente cálido y seco. Según el reciente informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), todos estos fenómenos se intensificarán con el tiempo, algo que debiera alertarnos sobre un tema crucial que está estrechamente relacionado: el incremento de la inseguridad alimentaria. A pesar de ello, se sigue perpetuando un modelo de desarrollo agrícola que tiene sus orígenes en la exportación de agua a través de frutas y otros productos, y que compromete la seguridad alimentaria del país.

Durante el año 2020, según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), el país exportó más de 3 millones de toneladas de fruta por US $ 6.815 millones. En lo que va de este año, Chile registra un total de exportaciones de 2 millones de toneladas de frutas por más de US $ 4.000 millones, con un incremento importante de las exportaciones hacia Corea del Sur, China e India, países en los cuales el incremento de las clases medias va a seguir demandando cantidades crecientes de estos alimentos.

Al 2021 la superficie total plantada con frutales en nuestro país es de 344 mil hectáreas, con un crecimiento de 285% desde 1980. Así, Chile produce casi tres veces la cantidad de frutas y verduras requeridas para el abastecimiento de los habitantes del país. Producción que, por lo demás, se desarrolla en las cuencas más afectadas por la sequía durante la última década. Paradójicamente, esta cantidad de productos termina siendo deficitaria para satisfacer la demanda interna del país, algo que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), podría relacionarse con que una fracción importante de la producción de frutas se destina al mercado internacional, lo que deriva en que solo un 27% de la población chilena puede acceder a una canasta de alimentos de calidad (CAC), que incluye más verduras y frutas.

Las cifras hablan por sí solas, en la actualidad solo existe un cuarto de la superficie cultivada con leguminosas de la que existía hace cuatro décadas, algo que no se condice con el crecimiento y demanda de la población. En la actualidad, solo subsiste un 6% de la superficie de porotos que se cultivaba en 1980, un 2% en el caso de las lentejas, y un 1% de los garbanzos. De este modo, los requerimientos internos de legumbres están siendo suplidos en promedio en un 70% por las importaciones que ingresan al país con precios muy inferiores a los nacionales, provenientes de Canadá, China o Argentina. Los cereales, por su parte, han tenido una disminución de casi un 50% en superficie desde 1980.

La reciente aprobación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que Introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje (Boletín N° 14068-01), resulta contradictorio con el escenario climático global. A través de este proyecto se continuará fortaleciendo el modelo agroexportador, que por lo demás sigue extendiéndose al sur del país, y las modificaciones introducidas en la discusión parlamentaria no parecen ser suficientes para enfocar tales subsidios hacia la agricultura familiar campesina, que produce más del 80% de los alimentos que consumimos internamente.

El Informe del IPCC advierte que los cambios en los patrones de lluvia dejarán muchas áreas vulnerables a la sequía, dificultando la agricultura y dañando los cultivos. Incrementos en las temperaturas podrían resultar en reducciones en los rendimientos del maíz, arroz, trigo y otros cultivos de cereales en todas las partes del mundo. Inundaciones e incendios masivos tienen el potencial de acabar con las cosechas, y ya están golpeando regiones agrícolas clave para la producción de alimentos en todo el mundo, algo que tendrá efectos en los precios y el acceso a los mismos. Los fenómenos climáticos extremos que están ocurriendo en otras latitudes y la megasequía que experimenta el país, impactarán más temprano que tarde sobre nuestra seguridad alimentaria. Entonces, ¿resulta apropiado continuar fomentando un paradigma de desarrollo agrícola que tiene su base en la exportación de fruta y, por ende, de agua en un escenario hídrico crítico y en donde las predicciones vaticinan un escenario futuro aun más complejo?

La reciente aprobación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que Introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la Ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje (Boletín N° 14068-01), resulta contradictorio con el escenario climático global. El proyecto que pretende extender por 12 años los subsidios a las obras de riego, las que en su mayoría sirven para abastecer de agua a grandes productores de fruta y que perpetúa una legislación creada hace 40 años sin reparar sobre el nuevo escenario climático e hídrico, fue aprobado recientemente por la Comisión de Agricultura y por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, sin una discusión minuciosa sobre el tema. A través de este proyecto se continuará fortaleciendo el modelo agroexportador, que por lo demás sigue extendiéndose al sur del país, y las modificaciones introducidas en la discusión parlamentaria no parecen ser suficientes para enfocar tales subsidios hacia la agricultura familiar campesina, que produce más del 80% de los alimentos que consumimos internamente.

Evidentemente, el Estado no es capaz de asegurar que, ante eventos climáticos extremos como los que estamos presenciando en distintas partes del mundo, seguiremos siendo abastecidos por importaciones de cereales y leguminosas. Con el envío de esta renovación a las bonificaciones contempladas en la Ley N° 18.450, el Gobierno pretende seguir tomando decisiones con los parámetros de hace más de 30 años, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Según el reciente informe del IPCC, sabemos que estos son años clave para tomar medidas enérgicas que aseguren el abastecimiento de alimentos básicos en el escenario de crisis climática actual. En este sentido, desde Fundación Terram creemos que se necesita con urgencia una transformación en los patrones de producción y consumo agrícola, para lo cual se requiere instalar en el país un nuevo paradigma para el desarrollo de la agricultura. El Estado debe fomentar una producción agrícola diversificada, destinada al consumo interno, con bajo impacto ambiental y, de una vez por todas, dejar de exportar agua a través de frutas. De lo contrario, quedaremos expuestos a la cara más brutal de los efectos del cambio climático.

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