sábado, 23 de octubre de 2021 Actualizado a las 09:14

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Otra vez la industria salmonera: el escándalo de Nova Austral y la desprotección de nuestros mares

Otra vez la industria salmonera: el escándalo de Nova Austral y la desprotección de nuestros mares

Crédito: Archivo

Las autoridades se niegan a aprender de las dolorosas lecciones que nos dejan casos como este. La misma empresa responsable del daño en el Parque Nacional Alberto de Agostini, que articuló un sistema para falsificar información, hoy cuenta con autorización para instalarse en la isla de al lado, donde se ubica la Reserva Nacional Kawésqar. Los organismos públicos, lejos de cumplir con sus funciones, la premian con nuevas oportunidades para operar en zonas prístinas y oficialmente protegidas por el Estado. Se requerirán muchos años para que el fondo marino del Parque Nacional Alberto de Agostini se recupere. Sin embargo, aún podemos proteger la Reserva Nacional Kawésqar y evitar estos desastres.
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El último episodio del programa "Informe Especial" de TVN cubrió el más reciente escándalo de la salmonera Nova Austral, de capitales noruegos. La empresa implicada posee 28 concesiones acuícolas en la Región de Magallanes, 19 de las cuales están ubicadas al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini. De esas 19, en 9 se han generado condiciones anaeróbicas, entre 2012 y 2016, condición relacionada con las operaciones de la industria que dificulta o imposibilita la vida marina.

La semana pasada, la Superintendencia del Medio Ambiente sancionó uno de sus centros, el Aracena 19, ubicado al interior del mencionado Parque Nacional. Las infracciones llevaron a cinco cargos diferentes, incluyendo uno calificado como “gravísimo”. El total de las multas aplicadas equivale a más de 1.200 millones de pesos. Las infracciones dicen relación con el ocultamiento de información, inadecuado manejo de mortalidades y de residuos sólidos, incumplimiento de medidas preventivas en su Plan de Contingencia, además de daños en la infraestructura del centro. Esto se traduce en una empresa que activamente oculta información y le miente a la autoridad para evitar ser fiscalizada.

Si bien sabemos que el lenguaje televisivo opta siempre por retratar episodios con ribetes grandiosos y el potencial de dejarnos boquiabiertos, llama la atención que la respuesta estatal a este tipo de tragedias funcione de manera similar. Solo hay respuesta cuando hay escándalo.

Las multas aplicadas sancionan hechos que se remontan al menos al año 2013, lo que significa que la Superintendencia tardó casi ocho años en dar respuesta. Con todo, una multa, aun altisonante, no es una respuesta satisfactoria frente a la maquinaria infractora de Nova Austral, pues no cumple con la verdadera finalidad de la institucionalidad ambiental: prevenir la ocurrencia de problemas ambientales. Para un caso de tal gravedad, correspondía la máxima sanción, esto es, la revocación de su permiso para operar.

Nova Austral es una empresa con prácticas ilegales ya institucionalizadas, lo que la convierte en un peligro, sobre todo considerando que opera en lugares de altísimo valor ambiental. Más aún, la empresa es beneficiaria de la Ley Navarino, y durante todo el proceso sancionatorio, e incluso hasta este año, siguió cobrando sus subvenciones, mientras falseaba su conducta, contrariando la legislación ambiental.

Vale destacar que nada de esto salió a la luz en el marco de investigaciones de parte de los organismos públicos encargados de fiscalizar a la industria. La historia de este escándalo fue rescatada por una investigación periodística a cargo de El Mostrador, que en 2019 publicó los Salmon Leaks, destapando comportamientos fraudulentos filtrados desde fuentes al interior de la empresa.

Nova Austral es una empresa con prácticas ilegales ya institucionalizadas, lo que la convierte en un peligro, sobre todo considerando que opera en lugares de altísimo valor ambiental. Más aún, la empresa es beneficiaria de la Ley Navarino, y durante todo el proceso sancionatorio, e incluso hasta este año, siguió cobrando sus subvenciones, mientras falseaba su conducta, contrariando la legislación ambiental. Pero todo esto salió a la luz en el marco de investigaciones de parte de los organismos públicos encargados de fiscalizar a la industria. La historia de este escándalo fue rescatada por una investigación periodística a cargo de El Mostrador, que en 2019 publicó los Salmon Leaks, destapando comportamientos fraudulentos filtrados desde fuentes al interior de la empresa.

Mientras tanto, las autoridades se niegan a aprender de las dolorosas lecciones que nos dejan casos como este. La misma empresa responsable de este daño, que articuló un sistema para falsificar información, hoy ha consolidado su obligada salida del Parque Nacional, con autorización para instalarse en la isla de al lado, donde se ubica la Reserva Nacional Kawésqar. Los organismos públicos, lejos de cumplir con sus funciones, la premian con nuevas oportunidades para operar en zonas prístinas y oficialmente protegidas por el Estado. La autorización ambiental fue aprobada mediante una mera Declaración de Impacto Ambiental, que, tal como su nombre sugiere, es solo eso: la declaración de una empresa que no incluye necesariamente participación ciudadana ni procesos de consulta indígena.

La Reserva Nacional Kawésqar es un área protegida en la cual converge una riqueza ecosistémica única con un patrimonio cultural invaluable, al ser un territorio históricamente navegado por los pueblos Kawésqar. El motivo de su categorización fue precisamente resguardar sus aguas marinas y dar cumplimiento a las demandas fundamentales del pueblo que ancestralmente lo ha navegado.

Para su creación se realizó un proceso de Consulta Indígena en el que se acordó excluir la acuicultura intensiva –como la salmonicultura– de su interior. Sin embargo, ni la categoría jurídica de área protegida ni el compromiso del Estado con las comunidades Kawésqar fueron suficientes.

Al final del día, pareciera que ya todos nos acostumbramos a estos escándalos, que aparecen esporádicamente en la prensa, ya perdiendo su cualidad de “novedad”. Lo cierto es que cada una de estas situaciones esconde un abandono de las funciones de los organismos públicos y un sinfín de negligencias. Ya no solo fallan en aprender de las lecciones que estos dolorosos desastres dejan en el medio ambiente, sino que parecieran haber adoptado la actitud de esperarlos para luego reaccionar públicamente con rimbombantes declaraciones respecto a lo inaceptable de estas situaciones.

Se requerirán muchos años para que el fondo marino del Parque Nacional Alberto de Agostini se recupere. Sin embargo, aún podemos proteger la Reserva Nacional Kawésqar y evitar estos desastres. Basta simplemente con cumplir con los objetivos que dieron pie a la declaración oficial que la protege, evitar la relocalización de una empresa comprobadamente negligente y prohibiendo, de manera definitiva, la instalación de la salmonicultura en sus aguas. Una empresa que sistemáticamente incumple la ley ambiental y que miente para esconderse, no merece licencia para operar, tampoco para relocalizarse.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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