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Encuestas (en) cuesta abajo

por 27 octubre, 2021

Encuestas (en) cuesta abajo
El escenario de las encuestas nos pone urgencias para su regulación, y avanzar en una legislación que contemple penas para aquellos que manipulen los datos de forma intencionada; que se amplíen las atribuciones del INE para certificar el diseño y la aplicación de los instrumentos en todas sus etapas; que se sancione a candidatos que utilicen encuestas manipuladas para aumentar su ventaja electoral, sancionándolos con la cesación del cargo; y que en periodos de elecciones, las leyes electorales contemplen recursos para realizar encuestas públicas a cargo del INE.
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El hecho de que las encuestas políticas cada vez se alejan más de una descripción certera de la realidad es, a estas alturas, un dato de la causa. Un dato bochornoso –por cierto–, si consideramos que son una herramienta de lo que se conoce como estadística descriptiva. Pero, a fin de cuentas, un dato compartido y aceptado, que crea opinión pública.

Los errores son de conocimiento público, ejemplos tenemos varios. Previo a las primarias presidenciales del 18 de julio de este año, y según la encuesta Activa, Daniel Jadue obtenía 9 veces más votos que Gabriel Boric. Sin embargo, este último obtuvo 20 puntos de ventaja por sobre el alcalde de Recoleta en la elección.

En el segundo trimestre de 2021, diversas encuestas planteaban como una posibilidad cierta una segunda vuelta presidencial entre Pamela Jiles y Joaquín Lavín, que aparecían como los grandes favoritos. No obstante, ninguno de ellos está hoy en la papeleta presidencial.

Lo mismo ocurrió con el plebiscito constitucional de octubre de 2020. En enero de ese año, la encuesta Cadem hablaba de un “empate técnico” entre la Convención Constitucional y la Convención Mixta, pero en los resultados la Convención Constitucional obtuvo un 79% de los votos, mientras que la Mixta el 21%.

Algo similar sucedió con la elección de convencionales, cuyos resultados estuvieron tan lejos de lo que se predijo que los encuestadores se deshicieron en explicaciones, llegando a la conclusión de que “la realidad es compleja” (¡gracias!, si ellos no lo dicen, no nos enteramos).

Podemos levantar tres hipótesis no excluyentes. La primera es que, en efecto, la realidad social ha alcanzado un nivel de complejidad que la hace impredecible. La segunda es que los resultados de las encuestas están intencionalmente manipulados. La tercera es que las encuestas en algún nivel están mal diseñadas o aplicadas.

Si el caso es la primera hipótesis, la salida del problema es lamentable pero no deja mucho espacio a dudas: seguir haciendo encuestas, seguir financiando encuestas, seguir publicitando y difundiendo sus resultados deviene en un completo absurdo. La herramienta en sí es inadecuada y continuar su uso se vuelve un ejercicio de desinformación.

Si el caso es la segunda hipótesis, que dice que los resultados son intencionalmente manipulados, estamos ante una situación del todo reñida con la ética y con los valores democráticos, pues significaría que hay personas en posiciones de poder manipulando información con tal o cual fin (y de paso desacreditando los instrumentos de medición).

Siendo sinceros, si el Presidente Piñera alteró los resultados de un censo y nos hizo creer que eran números fiables, ¿alguien cree que no se podrían inventar datos en una encuesta privada?

Pero ¿cuál fin? Si la finalidad es que las encuestas influyan de manera directa en la intención de voto, es decir, que orienten al votante a votar por quien va ganando la encuesta, entonces claramente la manipulación no ha dado resultado. Las encuestas evidentemente ya no están influyendo (al menos directamente) la intención de voto.

Y, finalmente, si el caso es la tercera hipótesis, que dice relación con problemas en su diseño y/o aplicación, es urgente un marco regulatorio que vuelva a dar validez al instrumento de medición, pues, con toda buena fe, se está entregando información falsa a la ciudadanía.

Justamente en esta última dirección, apunta el artículo periodístico de Alejandra Matus, “El lugar donde las encuestas pierden la seriedad”, que evidencia cómo a pesar de que una encuesta puede estar bien diseñada, muchas veces en la toma misma del sondeo, las encuestadoras y los encuestadores fallan inventando datos o alterando los muestreos, muchas veces por las pésimas condiciones laborales en que se desempeñan.

Y, siendo sinceros, si el Presidente Piñera alteró los resultados de un censo y nos hizo creer que eran números fiables, ¿alguien cree que no se podrían inventar datos en una encuesta privada?

El escenario, en cualquiera de las dos últimas hipótesis, nos pone urgencias legislativas. Las encuestas, con o sin intención, se han convertido en productos defectuosos ante los cuales los consumidores finales, nosotros los ciudadanos, estamos expuestos sin ninguna protección.

Por ello, es importante avanzar en una nueva legislación –pues la fe pública es un tema país– para la regulación de las encuestas políticas, que mínimamente: 1) establezca penas para aquellos que manipulen los datos de forma intencionada; 2) se amplíen las atribuciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para certificar el diseño y la aplicación de los instrumentos en todas sus etapas; 3) se sancione a candidatos que utilicen encuestas manipuladas para aumentar su ventaja electoral, sancionándolos con la cesación del cargo; 4) que en periodos de elecciones, las leyes electorales contemplen recursos para realizar encuestas públicas a cargo del INE.

La información es un derecho, manipularla debe ser delito, y certificarla, tarea del Estado.

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