Movilidad humana transnacional: desafíos y propuestas para una política migratoria en Chile

La llegada de migrantes y refugiados por las fronteras del norte de Chile ha generado la división de la opinión pública, a partir de distintos intereses, emociones e ideas. Unos destacan el valor de la soberanía, la identidad nacional y posibles impactos negativos en uno u otro territorio; otros, el reconocimiento de derechos, los principios de solidaridad y dignidad y la inclusión intercultural, así como los acuerdos internacionales. Se entrelazan en los debates, tanto en las calles como en los medios de comunicación, argumentos normativos y posturas pragmáticas, unos más idealistas, otros más egoístas. Al respecto, según las últimas cifras oficiales, en Chile habitan 1.462.103 personas extranjeras, correspondientes al 8% de la población total (INE y DEM, 2021).

El 90% proviene desde países de América Latina y el Caribe, siendo la población cuantitativamente más importante, con un 30,5% venezolana. Se trata de “flujos” migratorios dinámicos, con orígenes y perfiles distintos en 2013, 2019 y 2021, y de una población migrante heterogénea, algunos establecidos, otros recién llegados.

Esta problemática ya se discutió en la Unión Europea durante los años 2015-2016, a propósito de la llegada de población siria y las políticas de acogida de la canciller A. Merkel en Alemania. P. Sloterdijk y R. Safranski subrayaban los riesgos para la identidad nacional, justificando la resistencia a una política de fronteras abiertas y el imperativo de una ética de la responsabilidad. Desde el otro lado, los escritores M. Walser y N. Kermani, apelaron a políticas de integración, criticando los discursos del miedo (López, 2018). Es que el sistema económico global contribuye a que los países pobres y en vías de desarrollo no puedan superar su pobreza y conflictos internos, generando refugiados de la pobreza y de las guerras civiles (Hoesch, 2018).

En el marco de la migración Sur-Sur, entonces, Chile se visualiza no como un país modelo, pero sí como un país posible. En este sentido, en América Latina resulta útil conocer otras experiencias: El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia o la política de inclusión a la población migrante de Uruguay, que aprobó facilidades para la residencia permanente de los nacionales de los Estados Parte y Asociados del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de los extranjeros con lazos familiares directos con uruguayos (Ley N° 19.254 de 2014).

El evento del 25 de septiembre de 2021 marcó un hito en Chile. En plena campaña electoral, la autoridad gubernamental ordenó un desalojo desde la Plaza Brasil en Iquique, y, a partir de una marcha antimigratoria, un grupo de chilenos quemó las pertenencias de migrantes venezolanos(as) varados(as) en la ciudad, en las calles, esperando regularizar su situación. Se desató la violencia xenófoba y aporofóbica contra carpas y ropas, agravando la emergencia humanitaria que forma parte de la segunda mayor cifra de refugiados del planeta (5.7 millones), después de Siria. Luego de estas agresiones, 200 venezolanos(as) retornaron a su país, el lunes 5 de octubre, a través del “Plan Vuelta a la Patria”, activado por el gobierno venezolano. Estos acontecimientos advertían a unos y otros ciudadanos que la llegada de migrantes por pasos no habilitados no solo comprometía a Chile sino a todos los países sudamericanos, en especial a los vecinos Perú, Bolivia y Argentina.

¿Cuáles fueron las condiciones nacionales que generaron este acto de violencia xenófoba?

La triple crisis política-sanitaria-económica de 2020-2021, que se sumó a la histórica desigualdad, ha mermado la calidad de vida de gran parte de la población, generando una disonancia entre las expectativas y lo logrado, culpándose muchas veces a los afuerinos. Un efecto, también, de los discursos nativistas de autoridades y medios de comunicación. Este contexto crítico afectó a los migrantes residentes, y particularmente a la comunidad haitiana, generando el retorno y la reemigración: en 2021 han ingresado a Chile 2.444 personas de esta nacionalidad, mientras que 3.534 han abandonado el país (Subsecretaría del Interior, 2021, en Rivera, 2021).

Estas condiciones y eventos incidieron en las campañas políticas. El candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, eliminó algunas propuestas de su eje programático de “Migración y Política Migratoria” respecto al plan que presentó para las primarias, manteniendo las definiciones fundamentales en torno al derecho humano a migrar y asumiendo la importancia de la coordinación regional vía la implementación de sistemas de cuotas para el logro de una distribución equitativa de los refugiados.

Esta última postura multilateral había sido promovida tempranamente por la candidata del Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, al amparo de una cooperación internacional, así como el establecimiento de albergues humanitarios en la Región de Tarapacá. En su programa se critica la serie de deportaciones acaecidas en brevísimo plazo y fuera del marco legal, proponiendo una respuesta estatal intersectorial que cautele los derechos de quienes son más vulnerables.

Por su parte, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, enfatizó una cara más restrictiva con respecto a la migración irregular en Chile, proponiendo reforzar la frontera con militares, expulsando a migrantes de manera inmediata, así como cavar una zanja que impida el acceso a territorio nacional.

Respecto a la migración, así como a otros temas de la vida en sociedad, las circunstancias suelen poner óbices a la buena voluntad e idealismo, no resultando recomendable caer en imágenes ingenuas que ignoren una perspectiva realista. Tampoco se puede enfrentar la migración desde el temor ante los cambios, sobre todo porque el estallido social de 2019 hizo evidente que el país cambió. 2021 ha sido un año clave, al iniciarse el proceso constituyente y promulgarse la nueva Ley Migratoria, Ley 21.325 de Migración y Extranjería que crea el Servicio Nacional de Migraciones y el Consejo de Política Migratoria. Ambos eventos coinciden en preguntarse respecto a la situación, condición y garantías del estatuto ciudadano en Chile. Antes, en 2010, fue promulgada la Ley de Refugio, Ley N°20.430, escasamente aplicada, optando el gobierno por las expulsiones. Según cifras del Servicio Jesuita al Migrante (2021), entre enero y julio de este año han ingresado al país 23.673 personas, representando un máximo histórico en Chile, y generando una disputa entre el Ejecutivo y los tribunales de justicia sobre los criterios considerados para las expulsiones.

[cita tipo=»destaque»]Respecto a la migración, así como a otros temas de la vida en sociedad, las circunstancias suelen poner óbices a la buena voluntad e idealismo, no resultando recomendable caer en imágenes ingenuas que ignoren una perspectiva realista. Tampoco se puede enfrentar la migración desde el temor ante los cambios, sobre todo porque el estallido social de 2019 hizo evidente que el país cambió.[/cita]

¿Cuáles son los desafíos y acciones a realizar en los próximos años?

Dadas las históricas crisis políticas y económicas en los países de origen, especialmente Haití y Venezuela, cada año nuevas personas se ven forzadas a desplazarse más allá de sus confines nacionales, buscando dignidad, futuro y estabilidad. A través de las distintas rutas por montañas, selvas y desiertos de las Américas, que cada vez más atraviesan caminando, encontrándose con redes de tráfico y trata de personas, deportaciones y muertes, pero también con solidaridad, salvoconductos, nuevas amistades y la posibilidad de recomenzar.

Ante el actual contexto migratorio Sur-Sur y con vistas a una política migratoria realista, basada en los derechos humanos y respetando la soberanía nacional, proponemos las siguientes acciones:

1. Ocupar instrumentos que ya se poseen para el ingreso regular: otorgar Visas de Responsabilidad Democrática y Visas de Reunificación Familiar, así como el reconocimiento de refugio. La Ley de Refugio (2010) indica que los solicitantes de asilo no serán sancionados por el ingreso por pasos irregulares y que no se debe considerar un delito.

2. Mejorar coordinación entre gobiernos comunales, regionales y nacional, así como entre los distintos poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

3. Aplicar una perspectiva intersectorial. De hecho, los arts. 159 a 164 de la nueva Ley Migratoria, crean y se refieren al funcionamiento del Consejo de Política Migratoria (CPM), responsable de asesorar al Presidente. Este Consejo interministerial también contempla la participación con derecho a voz de los presidentes de las asociaciones de municipalidades más representativas.

4. Mejorar la coordinación entre gobiernos sudamericanos, asumiendo el desafío de la creación de un sistema común de asilo y de protección internacional, multilateral, armonizando normas y procedimientos. Se necesita coordinar un “Plan Humanitario Regional” de acuerdo a la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984), que promueve la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951) y amplía la definición de persona refugiada, incluyendo a quienes han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por una violencia generalizada, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Este acuerdo multilateral ya existe en los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que aprobaron en mayo 2021, entrando en vigencia en agosto, el Estatuto Migratorio Andino, el cual regula el derecho comunitario de circulación y establece la residencia temporal (por dos años) y permanente en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

5. Adherir al Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. La migración segura, ordenada y regular forma parte de los principios de protección consagrados en la nueva Ley de Migración (Art. 7), y ha sido un lineamiento de la gobernanza internacional de las migraciones durante el siglo XXI.

6. Incorporar mecanismos ordinarios de regularización para personas que se encuentran en situación irregular, ya sea por causa de ingresos por pasos no habilitados o por permanecer más allá de los plazos estipulados en sus visas, considerando la reunificación familiar, necesidades laborales del país de destino y el arraigo en Chile.

7. Considerar la primacía del interés superior del niño, niña o adolescente, adoptando el Estado las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar su pleno ejercicio de derechos, dado que están expuestos a una mayor vulnerabilidad. La nueva Ley de Migraciones incluye entre sus principios esta protección especial (Art. 4).

Avanzado el siglo XXI, el origen nacional parece ser la última frontera para la adopción de ciudadanías plenas por parte de millones de migrantes en el mundo. Sigue siendo un desafío el reconocimiento de derechos para todas las personas, en el marco de los principios de igualdad y libertad en sociedades signadas por el cosmopolitismo.