El poder de la denuncia en la lucha anticorrupción

Mientras usted lee esta columna, está ocurriendo un acto de corrupción. A su lado, ahí donde no la ve ni se imagina, perjudicándolo a usted, a mí y a todos. Se oculta en las sombras, opera en la clandestinidad, pero a veces se asoma y es ahí cuando aparece el dilema: denunciarla o pasar de largo.

Promover la denuncia es tarea esencial de la lucha anticorrupción, porque les pone atajo a las malas prácticas y a las faltas a la probidad. Pero no siempre es fácil hacerlo, a veces por tedio, pero principalmente por miedo: a represalias, a perder el trabajo, a “acusar” al jefe, a que no te crean o a poner por encima una lealtad mal entendida hacia los pares o un superior. Sin embargo, hay quienes, pese al temor, prefieren hablar, poniendo el deber ético en primer lugar.

Bajo el seudónimo “Verdades Salen Alaluz”, un denunciante anónimo reveló irregularidades en la empresa Volcán, controlada por el grupo Matte. En la ocasión, a través del canal de denuncias se acusaba al jefe de comercio exterior de estar coludido con su señora, que trabajaba en una empresa de transporte de carga, y que juntos habrían estafado a la firma en al menos $450 millones, “inflando las cotizaciones y quedándose con el dinero extra”, decía el texto. Esta información derivó en una auditoría interna que comprobó la veracidad de la denuncia, lo que llevó más tarde a que Volcán presentara una querella criminal en contra del ejecutivo y quienes resulten responsables.

En este caso, el anonimato ayudó a que un testigo de corrupción se atreviera a denunciar y con eso detuviera el actuar fraudulento de la pareja.

Otras veces, los denunciantes se atreven a dar la cara con un compromiso más allá de lo testimonial. Así lo hizo Frances Haugen, una exitosa ingeniera informática que se desempeñaba como gerenta de producto en el departamento de integridad cívica de Facebook, y que renunció a su puesto para denunciar a la empresa, filtrando documentos internos a The Wall Street Journal –bajo el seudónimo Sean, y revelando más tarde su identidad en una entrevista en un icónico programa de la televisión estadounidense. Los argumentos de Haugen para acusar a la gigante tecnológica se centran en cómo la compañía le da mayor importancia a su crecimiento económico que a la seguridad de sus usuarios, además de preocuparle el enfoque que dan a los algoritmos, la desinformación y la moderación del discurso de odio. Su denuncia ha tenido tal trascendencia que expuso las malas prácticas de Facebook ante el Senado estadounidense, provocando que tanto demócratas como republicanos pidieran una investigación de los organismos reguladores.

[cita tipo=»destaque»]La corrupción no solo afecta a la entidad “víctima” del defraudador, sino que nos afecta a todos. Por ejemplo, cada peso robado en un municipio va en desmedro del beneficio de sus habitantes; cada privilegio a una pyme por sobre otra, afecta la libre competencia; o cada cargo entregado por «pituto» afecta a quien cumplía realmente los méritos para obtener el puesto. No se trata de criticar a quienes no denuncian, porque entendemos que muchas veces no existe o no sienten la seguridad para hacerlo. Se trata de contextualizar el poder que tiene la denuncia para alertar e investigar la corrupción, así como también de que haya garantías para los denunciantes.[/cita]

De vuelta a nuestro país, recientemente hemos conocido una nueva investigación por colusión. Esta vez se trata de las tres principales empresas de transporte de valores: Brink’s, Prosegur y Loomis, además de algunos de sus principales ejecutivos, quienes se habrían concertado para fijar los precios de sus servicios entre 2017 y 2018. Estos hechos los conocemos gracias a la delación compensada de la exdirectora comercial de Brink’s, quien dio a conocer estas irregularidades en 2018. Han pasado tres años, y recién conocemos estos hechos configurados en las sombras, que afectarían no solo a los clientes de estas empresas, como los bancos, sino que deteriora aún más la confianza de la ciudadanía en el sector privado.

Entonces, de no ser por una persona que cruzó el cerco, estos hechos seguirían ocurriendo.

La corrupción no solo afecta a la entidad “víctima” del defraudador, sino que nos afecta a todos. Por ejemplo, cada peso robado en un municipio va en desmedro del beneficio de sus habitantes; cada privilegio a una pyme por sobre otra, afecta la libre competencia; o cada cargo entregado por «pituto» afecta a quien cumplía realmente los méritos para obtener el puesto.

No se trata de criticar a quienes no denuncian, porque entendemos que muchas veces no existe o no sienten la seguridad para hacerlo. Se trata de contextualizar el poder que tiene la denuncia para alertar e investigar la corrupción, así como también de que haya garantías para los denunciantes.

El último tiempo ha habido avances en la materia: el proyecto de ley que promueve la denuncia por parte de los funcionarios públicos está en segundo trámite en el Senado con  discusión inmediata; la CMF dictó una norma que regula la figura del denunciante anónimo en las empresas fiscalizadas por la entidad; y la Contraloría dio a conocer su “Estrategia Nacional Anticorrupción”, que contiene 25 medidas para promover mayor transparencia e integridad en el Estado, siendo una de estas el fortalecimiento del sistema de denuncias mediante la protección al denunciante con altos estándares de seguridad de la información, seguimiento, asistencia legal y financiera, entre otras propuestas. Todo lo anterior facilitará el dilema de denunciar o callar.

Y así como debe existir protección al denunciante, también se debe proteger al denunciado, a través de procesos objetivos y confidenciales, de manera de descartar que no se esté mal utilizando este sistema tan importante.

Levantar las alertas no solo permitirá que salgan a la luz las verdades que ocurren en la oscuridad, sino que también pueden generar cambios consistentes y reales, como el que pretende lograr la denunciante de Facebook.