LA CRÓNICA CONSTITUYENTE
La semana pasada se aprobó en el Pleno incluir en la propuesta de texto constitucional un robusto catálogo de derechos sociales propuesto por la Comisión de Derechos Fundamentales, y que sientan las bases de una sociedad más solidaria: el derecho a la vivienda, a los cuidados, el reconocimiento del trabajo doméstico, a la libertad sindical y, muy especialmente, a la seguridad social, uno de los grandes anhelos de la ciudadanía. Sin embargo, la algarabía cedió paso al bochorno tras el rechazo al último informe de la Comisión de Medio Ambiente, lo que motivó muestras de intolerancia que no pueden opacar los acuerdos conseguidos ni la necesidad permanente de proteger nuestra democracia.
El martes 19 se votaron en el Pleno los derechos sociales. Con la aprobación de cada uno de los incisos que iban reconociendo el derecho a la vivienda –“Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria”–, a la ciudad –“Todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna”–, a los cuidados –“Todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que este cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad”–, al trabajo doméstico –“El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, que son una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y que deben ser considerados en la formulación y ejecución de las políticas públicas”– o a la libertad sindical –“La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga”–, estallaban los aplausos y los gritos en el hemiciclo. Con ellos iba tomando forma la construcción del Estado Social establecido como principio días antes y el consiguiente compromiso de darle un giro a la filosofía individualista que inspiró nuestro modelo de desarrollo durante las últimas décadas.
Antes de comenzar la votación del artículo referido a la Seguridad Social, los convencionales comenzaron a palmotear todos al mismo ritmo. Cuando apareció en la pantalla el resultado del primer inciso –“La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”–, 120 votos a favor, los aplausos se desbandaron. Buena parte de la Convención se trasladó desde las salas aledañas al hemiciclo para participar de esa alegría generalizada. Para el segundo inciso –“La ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”–, el desorden era generalizado y, cuando apareció el resultado –115 votos a favor– muchos se abrazaron. En inciso tercero –“Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”– se aprobó por 110 votos, y el cuarto, donde se pretendía garantizar “un sistema de pensiones que establezca prestaciones definidas”, tendiente a fijar un sistema de reparto, sacó apenas 70.
Fue la tónica de la jornada: aprobar las ideas esenciales que deberán regir la legislación y las políticas públicas en todo lo referido a derechos sociales, responsabilizando al Estado como garante y ente rector de su realización, sin por ello marginar la colaboración de los privados en el modo elegido para proveerlos. Aquellas propuestas que pretendían limitar la participación de estos últimos, fueron rechazadas.
Las indicaciones de Rocío Cantuarias para establecer el derecho a elegir, heredar y no expropiar los fondos de pensiones, es cierto que no obtuvieron el favor de los dos tercios, pero las razones esgrimidas por la mayor parte de los constituyentes que rechazaron o se abstuvieron en porcentajes muy parecidos, no apuntaban a desear lo contrario, sino más bien a discutir la pertinencia constitucional de una norma que lo estableciera. Considerando la gran demanda ciudadana por terminar con esta incertidumbre, habría que reconocer como un error dejar este espacio abierto. Más aún tras la propuesta de reforma a la Constitución propuesta por el Gobierno para incluirlo en su actual articulado, con lo que, de no incluirlo nosotros, equivaldría a retirarlo, cosa muy distinta a incluirlo cuando en el texto que se supone dejaremos atrás no estaba. Tiendo a creer que la Convención encontrará el modo de consignar la inexpropiabilidad de estos fondos, cediendo a la presión ciudadana. Si lo reconocemos como un proceso participativo, no hacerlo contradiría esta promesa consensuada entre los convencionales.
Tras la aprobación del tercer inciso del derecho a la salud –“El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”–, la presidenta Quinteros lloró de emoción en la testera. “Ahora sí, me dijo César Valenzuela, estamos votando cosas importantes”. El inciso cuarto no tuvo ningún voto en contra: “El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo”. Los que vinieron a continuación, los controvertidos o controladores, fueron rechazados. La transformación se encontraba con la contención, los deseos de cambio, con los de orden y mesura. Buena parte de la derecha les había dado su voto a estas normas, de modo que no se trataba del triunfo de unos sobre otros, sino del reconocimiento de un deseo compartido que dialogaba directamente con los reclamos más vivos de la comunidad. Por eso, cuando Bessy Gallardo comenzó a cantarles a los de enfrente “Están perdiendo el tiempo, indicando, indicando… por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo”, Pedro Muñoz, aunque riendo, le pidió que mejor no, que no siguiera, que no estábamos para esas jugarretas.
Poco antes de las 23:00 horas se produjo una “pausa sanitaria”. La mayoría se dirigió a las columnas del Senado y los distintos grupos dieron sus conferencias de prensa, para festejar lo sucedido. Solo la bancada republicana se refirió en malos términos a lo sucedido. Alrededor, se abrazaban constituyentes y asesores de los colectivos de izquierda, muchas con lágrimas en los ojos.
De vuelta en el hemiciclo, Matías Orellana (PS) y Damaris Abarca (FA), emparejados mientras desempeñaban juntos la tarea de coordinar la comisión de DDFF, protagonizaron una escena amorosa y, al percatarse de ella, todo el hemiciclo comenzó a gritar: “¡El beso, el beso!”. Luego de llevarlo a cabo, Orellana corrió a esconderse entre sus compañeros de partido a la última fila, muerto de vergüenza.
El jueves 21 correspondió votar el informe de Medio Ambiente. Miembros de los distintos grupos discutieron durante toda la jornada, al interior de cada colectivo y entre ellos, si rechazar en general o hacerlo en particular. Era generalizada la convicción de que el informe era deficiente, de que tratando temas importantes –aguas, estatuto minero…–, no estaban bien desarrollados y que, por otra parte, incluía normas que excedían por mucho el ámbito constitucional –las semillas tradicionales, un consejo de planificación para el buen vivir, la pertinencia local de los sistemas alimentarios, el desarrollo de una política espacial…–, algunas representando visiones muy particulares y más bien ajenas al sentido común.
La mayor parte de los colectivos de izquierda terminaron alineándose con la idea de rechazar las normas en particular, muchos convencidos por el argumento de que así se ganaba tiempo, porque, de lo contrario, el informe debía dar una vuelta más, complicando el cronograma. A último momento, en parte como reacción a las presiones y descalificaciones sufridas durante el día, en parte para dar la señal de que en su conjunto no daba el ancho o para no dedicar una tarde a reprobar por partes una propuesta que en su conjunto no convencía, el Colectivo Socialista optó por el rechazo en general. Personalmente, me abstuve, porque si bien muchas de las preocupaciones ahí presentes me parecían insoslayables, no me convencía ni la extensión ni el modo en que se abordaban. Me consta que lo mismo le ocurría a la mayor parte de mi bancada. Gracias a nuestros votos, el comparado no obtuvo los 2/3 requeridos para ser aprobado en general.
La reacción de una parte menor pero bulliciosa de los constituyentes fue, por decir lo menos, impropia. Comenzaron a gritarnos “¡traidores!” en el hemiciclo. Acto seguido, hubo una convencional que salió a buscar prensa para funar nuestra opción leyendo los nombres de aquellos que no habíamos votado como ella quería, agregando que tendríamos que “responderle a todo el país, a todos los territorios que están faltos de agua, a todo un mundo que se calienta y que está en situación de no poder seguir viviendo”. Otro acusó que respondíamos a órdenes externas, a una estrategia para debilitar el proceso constituyente y los avances sociales, respondiendo a poderes económicos e intereses de los medios de comunicación. Elsa Labraña acusó a los socialistas de intentar trabar los cambios en todas las comisiones para mantener el modelo, lo que justificaría estas acciones de condena.
“Nosotros no vamos a ceder ni nos vamos a amilanar frente a los partidos políticos”, aseguró Labraña. “¡Es una vergüenza!”, declaró Alejandra Pérez. Hubo asesores de estos grupos que insultaron a voz en cuello a los miembros del Colectivo Socialista cuando salieron a dar su versión de los hechos. “¡Es una vergüenza para Salvador Allende! ¡Allende se revuelve en su tumba al mirarlos!”, gritaba un piquete en la puerta de entrada por calle Compañía.
La reacción de estos sectores de la Convención dejó de manifiesto la debilidad de sus convicciones democráticas, la idea de algunos, herederos de la lógica callejera y asambleísta, de que quien no piensa como ellos es descartable y despreciable, de que ellos son los dueños de la virtud y que, si el proceso constituyente no les da la razón, es porque son intereses nefastos y no una visión distinta lo que vino a contradecirlos.
A la mañana siguiente, le pedí a Roberto Celedón que me diera su minuto para contar con dos –“Claro, amigo”, me dijo– y tomé la palabra en el Pleno:
“Estamos reunidos aquí, en el edificio del ex Congreso, donde mismo se desarrolló buena parte de nuestra historia Republicana interrumpida el 11 de septiembre de 1973, cuando la incapacidad de reconocer en el otro un interlocutor valioso y respetable dio lugar a la imposición autoritaria. Estamos aquí para renovar y fortalecer nuestra democracia, para demostrarnos que somos capaces de construir un acuerdo en conjunto, sin exclusiones ni marginaciones de ningún tipo. Sí, estamos aquí para construir un país más equitativo. Muchos vinimos para generar un nuevo plan de convivencia con una naturaleza amenazada, para establecer un Estado Social de Derecho que garantice derechos sociales, para dibujar un nuevo concepto de Estado que reconozca a cabalidad las distintas culturas y tradiciones que lo componen, para desconcentrar el poder… Pero quienes llegamos movidos por el deseo de ensalzar la dignidad humana, esa que se convirtió en el reclamo central del estallido social, sabemos que por sobre todo estamos participando de esta Convención para fortalecer nuestro pacto democrático, la defensa y el reconocimiento del otro como un igual, del respeto a la opinión del otro como igual de valiosa que la nuestra, para decir ‘no’ a la soberbia de quienes se creen más y mejores que el prójimo. Por eso, toda expresión protofascista y autoritaria, venga de donde venga, debe ser denunciada y rechazada con toda la fuerza de nuestras convicciones, porque está al centro de la razón de ser de este Proceso Constituyente”.
Lo que pudo ser una semana redonda, terminó con ruidos distractivos. Son esas voces reactivas al diálogo y a la escucha curiosa por los otros saberes y perspectivas lo que más ha alejado a la ciudadanía. De los derechos sociales aprobados, siguió hablándose poco y nada. Los acuerdos generados en torno a ellos quedaron nublados por estos arrebatos de intolerancia. Es cierto que ese viernes hubo quienes se acercaron a pedir disculpas, a explicar que se dejaron llevar, casi siempre, en todo caso, con un “pero” que debilitaba las excusas. Según varios, habíamos faltado a un acuerdo, lo que no es cierto, porque los miembros de cada colectivo que participan de una comisión no hablan a nombre de todo su grupo, al menos no siempre. De lo contrario, no se entendería que tantas normas propuestas por una comisión terminen siendo rechazadas en el Pleno. La mayor parte de los colectivos, dicho sea de paso, tiene importantes divisiones internas. No abunda la unidad de criterios en cada uno de ellos. Muchos, sin ir más lejos, se han quebrado en el camino. Algunos varias veces: los que más, precisamente aquellos en los que reina la intolerancia vista ese día.
Es creciente, en todo caso, el hastío con la lógica vociferante y amenazadora. Durante las últimas semanas ha crecido en los grupos de centroizquierda la voluntad de frenar todo intento de extorsión autoritaria. No pocos han caído en la cuenta de que ese tono que ganó la hegemonía en lo que va del proceso constituyente es aquello que lo tiene en cuestión. Los 2/3 han evitado que se imponga en las normas aprobadas, pero aún falta que se note en su dinámica interna y en su presentación hacia la opinión pública. Aún quedan instancias para corregirlo.
De la personalidad y fortaleza de quienes entienden la democracia como un ejercicio de curiosidad y escucha de los argumentos ajenos, depende que esta historia termine bien. Es lo que la inmensa mayoría nos pide: capacidad de acordar las reglas básicas para una coexistencia pacífica, integradora y receptiva de las múltiples miradas que conviven en estos tiempos de incertidumbre y diversidad de proyectos existenciales que reclaman atención y reconocimiento.
