Opinión
El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) ha sido enjuiciado duramente durante los últimos años, poniéndose en cuestión su capacidad para asegurar la calidad escolar. La suspensión de la prueba en los años 2019, 2020 y 2021, junto con las recientes declaraciones del ministro de Educación de suspender el de 2022 y enviar un proyecto de ley para terminar con esta prueba, han revivido el debate.
El foco de la crítica es que el Simce ha derivado en una reducción del currículum, tecnificando el quehacer docente y colocándolo en el marco de un accountability constante. Visto así, el Simce no actúa solo como una prueba de medición, sino se convierte en un potente dispositivo que promueve ciertas prácticas curriculares, performando un tipo de quehacer docente estrecho y reduccionista, reñido con el paradigma de profesional reflexivo esperado.
El actual escenario de renovación de los fundamentos que organizan nuestra sociedad, expresado en el cambio constitucional en marcha, permiten volver a plantear una pregunta crucial que el Simce ha obstruido por casi 35 años: ¿cómo avanzar hacia un sistema de aseguramiento integral y complejo de la calidad de la educación? Ese es el desafío del presente y resistirse a él es un acto de claudicación del pensamiento político y de la creación educativa.
Planteamos dos consideraciones frente a este escenario de oportunidad:
Por una parte, el rendimiento no puede continuar como el foco principal del sistema de aseguramiento de la calidad. Si bien es cierto que los instrumentos Simce actuales son más complejos y han progresado en la medición de habilidades, mantienen un énfasis en el desempeño instrumental de las(os) estudiantes. Desde una perspectiva curricular, es preciso valorar la integralidad del aprendizaje, asumiendo que el “saber hacer” y el “saber ser” son fundamentales en el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.
En segundo término, se requiere repensar el sistema involucrando a la diversidad de actores educativos que conforman el sistema. No es sostenible un diseño que siga una lógica de arriba hacia abajo y desde afuera hacia dentro, en el que el nivel central defina instancias de medición de altas consecuencias a las comunidades escolares. Hoy se precisa articular voluntades y acciones que posibiliten un diálogo entre los niveles macro, meso y micro, abriendo espacios para que gobiernos locales, fundaciones y escuelas, tomen decisiones evaluativas de forma autónoma.
En este sentido, proponemos que el Estado, en una lógica similar a la de mediciones internacionales como Pisa o TIMSS, aplique una prueba de carácter muestral, cada tres o cuatro años, para monitorear los aprendizajes logrados en el país. El nivel intermedio, además, puede profundizar en la evaluación de aprendizajes integrales, elaborando procedimientos e instrumentos contextualizados que respondan tanto a las características de los territorios como a los sellos identitarios de cada institución. Finalmente, el nivel aula, como bien evidencia el retorno a clases pospandemia, necesita un profundo espacio de deliberación para tomar decisiones curriculares que atiendan a los cambiantes escenarios escolares.
En síntesis, es importante caminar de forma decidida en la legitimación del juicio profesional docente como criterio para evaluar los aprendizajes, pensando un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad que logre abordar la integralidad formativa y articule de forma balanceada las diversas actorías sociales que configuran el sistema escolar.
Como académicos(as) vinculados(as) al Desarrollo Curricular y la Profesión Docente, consideramos que es motivo de esperanza que el actual debate permita pensar una nueva mirada para asegurar la calidad de la educación escolar. Animamos a nuestros(as) colegas a ver en el fin del Simce, tal como lo conocemos hoy, una oportunidad para diseñar una política de evaluación acorde con la complejidad de la escuela actual.
