Señor Director:
Con fecha 16 de mayo de 2022, se ingresó un proyecto legislativo que busca modificar el Código Penal para establecer una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal, consistente en ser cometido un delito por persona extranjera en situación migratoria irregular.
Como abogadas y abogados de Derecho Migratorio, quisiéramos manifestar nuestra preocupación por un proyecto que, en forma evidente, va en contra de principios fundamentales de todo Estado de Derecho que promueva y respete los derechos humanos, como, por ejemplo, la igualdad ante la ley.
Este derecho se encuentra en nuestra actual constitución en el artículo 19 Nro. 2, así como, en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros cuerpos normativos. El hecho de que la agravante se funde en la situación migratoria de las personas transgrede dicho derecho, además de criminalizar la migración y con ello a las personas que migran, algo que creíamos superado luego de que entrase en vigencia la nueva ley de migración.
Es entendible que, dado el contexto de preocupación que existe en la ciudadanía por la seguridad, se busquen medios efectivos de prevención del delito. Sin embargo, no podemos avalar medidas de populismo penal que no traen consigo ningún propósito verdadero y en nada ayudan a la necesaria integración de población migrante que también necesita vivir segura. Si alguien comete un delito, independientemente de su nacionalidad y de su situación migratoria, deberá enfrentarse a las consecuencias de esa conducta. No olvidemos que muchos y muchas ciudadanas migrantes han venido justamente a nuestro país en busca de seguridad. Construyamos un país más seguro para todos y todas.
Gabriela Hilliger Carrasco,
abogada Proyecto de Nacionalidad y profesora Clínica Jurídica de Atención a Migrantes Universidad Alberto Hurtado.
Francisca Vargas Rivas,
directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados UDP.
Macarena Rodríguez Atero,
directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes, Universidad Alberto Hurtado.
Fernanda Torres Villarrubia,
abogada, investigadora predoctoral UB.
Franz Möller Morris, abogado, profesor.
Lina Callejas Ramírez, abogada.
Diego Pérsico Torres, abogado, director ONG Migra Chile.
Constanza Nazar Ortiz,
abogada Proyecto PALRV y ayudante Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados UDP.
Vicente Jiménez Guajardo, abogado Proyecto PALRV.
Lorena Valenzuela Contreras, abogada.
Elisa Fermandois Llach,
abogada ayudante Clínica Jurídica de Atención a Migrantes Universidad Alberto Hurtado.
Manuela Campos de Andrade,
abogada Proyecto de Nacionalidad y profesora Clínica Jurídica de Atención a Migrantes Universidad Alberto Hurtado.
Massiel Cárdenas,
ayudante Clínica jurídica de Migrantes y refugiados UDP.
Vanesa Jabbaz Rosenbaum, abogada de Migramos Contigo.
Matthias Alanis Carrasco,
profesor Ayudante Clínica Jurídica de Atención a Migrantes, Universidad Alberto Hurtado.
Isadora Castro Zumarán, abogada, Servicio Jesuita a Migrantes.
Marcos Andrade Moreno, profesor del Instituto de Ciencias Jurídicas Universidad Austral de Chile.
Celeste Ruarte Caamaño, abogada.
Carla Castillo Mora, abogada.
Alexis Torreblanca Urzúa, cientista político y coordinador de INFOMIGRA.
Nicolle Chávez Silva, abogada, Servicio Jesuita a Migrantes.
Camilo Ignacio Norambuena Palomino, abogado.
Daniella Brondi Salvo, abogada, Servicio Jesuita a Migrantes.
Josué González Ortiz, abogado, Servicio Jesuita a Migrantes.
