Opinión
Al otro lado del Whatsapp, desesperada me escribe la abuelita de un niño al que le han negado el ingreso al colegio. Lugar donde es querido y acogido por sus compañeros, pero que -producto de un incidente disciplinario- la autoridad escolar ha decidido suspenderlo inmediatamente. Más allá de las eventuales facultades que tenga para impedir el ejercicio de un derecho como éste, el sentimiento de estigmatización e impotencia de esta familia se va sumando a las numerosas postergaciones de la respuesta pública del Estado Garante de Derechos de la Infancia. En efecto, no es la primera omisión en esta cadena de frustraciones casi cotidianas que han debido enfrentar. Desde 2019 están tratando de acceder a la evaluación de un siquiatra infanto-juvenil que jamás llega. Con todo, como familia, han recurrido a distintos apoyos cargados de voluntad, pero carentes de eficacia para poder sacar adelante al niño que hoy ve una puerta más que se cierra. Sin derecho a la salud mental, primero, y a la educación, después, es difícil evitar trayectorias que desencadenen en conductas graves de las cuales sea muy difícil salir.
En este caso, hay una familia preocupada que, pese a su precariedad económica, multiplica el cariño y cuidado para sostener la difícil situación que enfrentan en pleno desarrollo de una etapa vital de quien es hoy el centro de todas sus preocupaciones. Esta historia real ocurre en una provincia rural de la Región Metropolitana, pero hay muchas similitudes con otros lugares de nuestro país. Colegios sin recursos para contemplar el trabajo especializado en la retención escolar o el reingreso educativo, ausencia crónica de especialistas infanto-juveniles, oferta de protección débil, sin cobertura ni evidencia sólida que respalde cambios en las trayectorias de riesgo y por otro lado un conjunto de amenazas crecientes como el consumo problemático de drogas y alcohol. Miles de niños y niñas ven vulnerados sus derechos una y otra vez, algunos por parte del mismo Estado, que dice protegerlos, y garantes que no cumplen su rol con oportunidad y calidad.
Hace pocos meses se aprobó la Ley de protección Integral a la Infancia (o de Garantías) que sufre el riesgo de no tener el peso que se requiere si no existe un catálogo de derechos con mecanismos de exigibilidad y sanciones para quienes no cumplan con la Ley. Hoy observamos cómo aumenta la participación de niños y jóvenes en delitos violentos y la respuesta fácil es la punitiva, sin avanzar desde la Prevención Social Temprana, precisamente donde debemos llegar antes. Una agenda que nos permita anticiparnos a los factores de riesgo que están a la base del inicio de esas conductas, catalizadas por las bandas delictivas y el narcotráfico.
La niñez en nuestro país demanda protección efectiva, no una “ilusión de protección” de tratados grandilocuentes, discursos y textos políticos. Requiere oferta de calidad, oportuna y disponible en cada rincón, requiere recuperar los espacios que se han tomado las organizaciones criminales, requiere de apoyo sostenido a las familias y comunidades y un sistema de protección eficaz que se haga cargo, que no abandone ni excluya a los niños que más apoyo necesitan. Al otro lado del Whatsapp siempre hay una familia esperando que no se cierren más puertas en la vida de quien debiera caminar hacia un futuro feliz.
