Opinión
Si bien el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) obliga a que la Subsecretaría de Telecomunicaciones concurse las bandas de frecuencia entre 3,4 y 3,6 GHz, para desarrollar servicios de telefonía móvil 5G, recientemente la autoridad le pidió aclarar que ella sí puede autorizar a los actuales concesionarios de esas bandas –hoy destinadas a telefonía fija inalámbrica– a que incorporen nuevas prestaciones o atributos, permitiéndoles dirigir ese espectro a telefonía móvil 5G bajo ciertos requisitos. Con esto, podría acelerar la asignación de espectro de frecuencia y dotar a un cuarto competidor de espectro en 5G, sin necesidad de una licitación abierta.
Más allá de la discusión sobre el recurso utilizado por el regulador para modificar una resolución del TDLC, interesa analizar los posibles riesgos para la competencia que acarrea el cambio de mecanismo que plantea la Subtel para asignar el espectro radioeléctrico, pasando de concursos públicos a una asignación administrativa discrecional.
Primero, elimina la participación de todos los potenciales interesados en esta banda, generando una barrera de entrada a nuevos competidores y, como consecuencia, restringe la competencia en este mercado. Este riesgo es crítico, porque sin espectro una empresa no puede ser competitiva en esta industria.
Segundo, no se puede garantizar que se está alcanzando el mejor precio para la sociedad al entregar el espectro y tampoco resulta claro que se esté entregando el espectro al competidor más eficiente. Recordemos que el Estado recibió en total cerca de US$453 millones por las licitaciones del espectro para 5G, de los cuales US$347 millones corresponden a la banda de 3,5 Ghz.
Además, la asignación directa de este espectro, sin una contraprestación asociada, entregaría una ventaja competitiva a la compañía que se la adjudique frente a los actuales concesionarios de la banda de 3,5 GHz, al tener menores costos que sus competidores para desplegar servicios de 5G, lo que no se traspasará a los consumidores. Las contraprestaciones que exija Subtel, como medida de mitigación en la asignación administrativa, no resuelven este problema porque la asignación administrativa no permite asegurar que existirá mayor intensidad competitiva en el mercado.
La licitación es un mecanismo que ha promovido el TDLC y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en esta industria para generar competencia “por la cancha” y, de esa manera, conseguir empresas más eficientes, que dinamicen la competencia, entregando mejores servicios a precios más bajos. Este es el resultado perseguido cuando se utilizan mecanismos competitivos para la asignación de recursos escasos que son indispensables para dar el servicio.
Por último, el cambio de uso del espectro a concesiones que lo requirieron para otros usos y su posterior asignación para usos comerciales más rentables –como ocurre en este caso– genera incentivos para el acaparamiento de espectro. La asignación administrativa y cambio de uso del espectro radioeléctrico como práctica regular por parte de la Subtel genera riesgos significativos para la competencia, porque podría estimular a las empresas a solicitar este recurso escaso de forma estratégica o especulativa, con un bajo costo de asignación y por la sola expectativa que en ellas se puedan dar servicios más rentables en el futuro.
En suma, la autorización administrativa puede ser muy atractiva para Subtel porque acorta los plazos de entrega del espectro y con ello acelera el posible despliegue 5G, pero el mecanismo de asignación propuesto genera riesgos para la competencia que no parecen aconsejables de asumir. En las últimas décadas los organismos encargados de la libre competencia han trabajado por políticas públicas que promuevan una mayor competitividad en el mercado y en ocasiones se han visto obligados a cambiar el camino seleccionado por el regulador sectorial. Es de esperar que se mantengan las políticas pro mercado que han demostrado traer grandes beneficios tanto a los consumidores como a las empresas que demandan los servicios de telecomunicaciones en nuestro país.
