Opinión
Interesantes reflexiones ofrece don Alfonso España en su columna “¿Qué hay de la modernización del Estado?“.
La Administración del Estado (al parecer estructuralmente) siempre está a la zaga frente a las necesidades del pueblo. Ello es así, pues nuestros legisladores (Presidente de la República y Congreso Nacional) no ven rentabilidad electoral inmediata en la adecuación de las estructuras administrativas. Con todo, es discutible que la discusión sobre la modernización del Estado (así, como un todo) sea de mucho provecho. Es como la discusión de “más o menos Estado”.
Para que el análisis sea realmente provechoso, enriquecedor, y no se reduzca a consignas, el examen ha de ser tópico, es decir, ajustado a cada ministerio (son muy diversas las necesidades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que las del Ministerio de Energía), a cada servicio público (comparemos –solo como botón de muestra– las necesidades o madurez informática de JUNAEB con las del SII) o, a lo menos, por sectores (acceso a Justicia, acceso a vivienda, acceso a atenciones de salud o acceso a créditos de capital para emprendedores).
Es cierto que el tópico de la forma de designación del funcionariado público es un aspecto que puede ser analizado, pero tomemos el toro por las astas: ¿por qué no se discute la regulación de todos los funcionarios públicos a través del Código del Trabajo? En muchos aspectos, el Código del Trabajo es, incluso, más conveniente para el funcionariado público que los Estatutos Administrativos: otorgan derecho a indemnización por despido y a seguro de cesantía (derechos que no poseen los funcionarios a contrata, ni a honorarios, y contra cuya precarización y trato desigual se han generado, como un remedo, las interpretaciones sobre la “confianza legítima”).
Pero, bueno, sabemos que una idea así es inviable. Aún así, el tema de los recursos humanos administrativos sigue siendo crítico, sin que el tópico de los mecanismos de designación sea exhaustivo. Es necesario actualizar los análisis sobre las plantas de cada servicio público en particular y no seguir soñando con que, en algunos casos, las mismas plantas de hace 30 o 40 años pueden seguir satisfaciendo correctamente las necesidades de un país que ha crecido de la manera exponencial en que lo ha hecho Chile, bastando con invertir “un poco más” en TICS. Una correcta modernización del Estado no nos permite ser banales, ni pensar únicamente en parches de maestro chasquilla (como el “invento” de las dotaciones máximas disponibles que, cada año, se vuelve a actualizar en cada Ley de Presupuestos, que –lúcidamente– ha criticado Rajevic)
Finalicemos este breve sumario con una mención a la “Ley de Gobierno digital”, que se la esgrime como una gran modernización. Siendo cierto que puede ser una modernización, podemos sostener que en la difusión de la ley hay “mucho Word y poco Excel”. Barros ha estimado (de manera conservadora) que, para una adecuada implementación de dicha ley, se requiere la suma de US$66.000.000 (sin que –hasta ahora– haya mucha claridad de dónde saldrá todo ese dinero).
Hay masa crítica. Hay muchos que amamos nuestro país y queremos unas mejores Administraciones Públicas, que otorguen al pueblo mejores prestaciones y más oportunas. Agréguense a estas líneas, por ejemplo, las interesantes reflexiones que ha compartido en este medio don Andrés Sanfuentes, relativas a las empresas públicas. O lo que ha publicado la Red Pivotes (que ha identificado también a la modernización del Estado como uno de los 4 pilares básicos de sus preocupaciones).
Con todo, si se me permite, quisiera que “subamos la apuesta”. No nos conformemos con “modernizar” el Estado (haciéndolo más capaz de responder a las necesidades del año 2023), sino que diseñemos un aparato público pensando en lo que resta del siglo.
