A 50 años del golpe: desafíos de los sitios de memoria en vísperas de un nuevo Día del Patrimonio

El pasado lunes 15 de mayo se celebró en el sitio de memoria ex Balneario Popular Rocas de Santo Domingo (Región de Valparaíso) la ceremonia de restitución del terreno al fisco, el cual estuvo desde 1978 en manos de la CNI y desde 1990 en poder del Ejército (desde 1993 fue asignado como propiedad del Patrimonio de Afectación Fiscal del Ejército). 

Con presencia de tres ministerios (de Culturas, Artes y Patrimonio, de Defensa y de Bienes Nacionales) y de autoridades locales y en compañía de defensores de los derechos humanos, estudiantes y amigos y amigas de la organización, la Fundación por la Memoria de San Antonio recibió al fin la autorización de uso del sitio de memoria. Años antes, en 2015, gracias a las gestiones del arquitecto Miguel Lawner, la presidenta de la fundación, Ana Becerra, y el periodista Javier Rebolledo, el exbalneario fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico (Decreto nº337), sin embargo, basta una sola mirada a las ruinas para observar que su protección patrimonial conseguida hace ocho años no ha sido suficiente para evitar que las fuerzas antrópicas y naturales sacudieran y destruyeran sucesivamente las últimas huellas de lo que fue uno de los hitos más emblemáticos del sueño de los balnearios populares del Presidente Salvador Allende, posteriormente convertido en uno de los centros de detención y tortura más horrorosos del país.

El sentido de traer aquí este hecho es el de reflexionar en torno a una cuestión que, en vísperas de una nueva celebración del Día del Patrimonio, parece ser clave: la protección patrimonial de los sitios de memoria con sus derivas y desafíos actuales, sobre todo en medio del boom conmemorativo desatado con la llegada de los 50 años. 

La protección de la memoria y los derechos humanos surge hace 27 años, cuando Sola Sierra, en representación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), acudió al Consejo de Monumentos Nacionales para solicitar que el Sitio Hornos de Lonquén, de la comuna de Talagante, fuese protegido como Monumento Histórico. Para entonces, parecía ser la única medida efectiva y legal que evitaría que el lugar, que había sido usado para inhumación clandestina de cuerpos de detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, fuese transformado en un relleno sanitario, haciendo inminente su borramiento y desaparición bajo los restos de escombros y basura.

En ese entonces, siendo el año 1996, los intentos de políticas de memoria estaban comenzando a articularse y parte importante de las políticas de reparación simbólica se enfocaban en la creación de monumentos y memoriales y en la identificación de los lugares testigos de detención, tortura, desaparición, ejecución e inhumación clandestina repartidos a lo largo y ancho del país. De ahí que la aprobación y protección de los Hornos de Lonquén (Decreto n°24) como Monumento Histórico por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales no solo lograra interrumpir la construcción del vertedero, sino que derivara en una estrategia que se multiplicó y replicó en el tiempo, contando hoy con una larga lista de sitios de memoria protegidos por el Estado, que asciende actualmente a poco más de cuarenta casos.

Quien se haga la pregunta de por qué la ley patrimonial ha salvado la tempestad de los riesgos de destrucción de los sitios de memoria, ha de pensar que ha sido una buena manera –si no la única– de enfrentar la ausencia de una política pública integral en materia de memoria y derechos humanos. Pero también, quien se haga la pregunta por las razones del deterioro estructural, abandono y olvido de esos mismos patrimonios ya protegidos, ha de pensar igualmente en la ausencia de una política integral en materia de gestión patrimonial y en las asimetrías que esta anida. 

En este horizonte, hay que reconocer que la protección patrimonial por la Ley de Monumentos Nacionales, n° 17.288, ha contribuido sin duda a que decenas de sitios que hace décadas fueron testigos del horror, hoy sean reconocidos e inscritos en la lista de bienes patrimoniales. ¿Cuál hubiese sido del destino de estos espacios si no estuvieran protegidos legalmente como Monumentos Históricos? Posiblemente, Villa Grimaldi no sería hoy un Parque por la Paz; José Domingo Cañas sería el estacionamiento de una empresa de juguetes; Londres 38 sede del Instituto O’Higginiano; Hornos de Lonquén un relleno sanitario; y Villa San Luis de Las Condes estaría sepultada bajo altas torres corporativas. Cinco sitios de memoria cuya protección patrimonial se ha conseguido gracias a la acción, organización y porfía de la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, y amigos y profesionales comprometidos con su defensa.

Porque no podemos dejar de recordar, una y otra vez, que en demasiadas ocasiones el deterioro estructural, abandono y olvido de los sitios de memoria ha sido posible de frenar únicamente por la voluntad autogestionada de organizaciones y comunidades convencidas de la necesidad irrenunciable de preservar estas huellas; generaciones supervivientes que se han sumergido en la incansable defensa del derecho a la memoria, del derecho a no olvidar y preservar el pasado expresado y contenido en estos lugares testigos de la represión. La imagen de amigos y colaboradores de la Fundación por la Memoria de San Antonio, que por años han desmalezado el sitio con el fin de desvelar los vestigios del exbalneario acechados por la naturaleza indómita, habla por sí misma y es vivo reflejo de ello. 

El afán de patrimonialización ha sido sin duda eficaz para evitar, sobre la contingencia, la venta y destrucción de sitios que hoy, a 50 años, nos permiten recordar y acercarnos a ese pasado cada vez más lejano. Pero sabemos también que su capacidad evocativa se ha visto en riesgo, toda vez que la experiencia nos ha demostrado que ser patrimonio no garantiza el éxito de su conservación en el tiempo.

No debe extrañarnos, entonces, que un sitio de memoria como la ex Villa San Luis de Las Condes (Villa Compañero Ministro Carlos Cortés), ubicada en el corazón neoliberal de la ciudad de Santiago, también protegido reactivamente ante el inminente riesgo de derrumbe de sus últimos bloques, haya pasado de tener 4.329 m2  protegidos en 2017 a 1000 m2 en 2022, tras una larga y accidentada negociación (transacción) entre la empresa inmobiliaria Presidente Riesco, el Consejo de Monumentos Nacionales y la Fundación Villa San Luis. Hoy, en medio de un paisaje corporativo de altos edificios de espejos, el único bloque en pie de lo que fue la Villa San Luis es resultado de las disputas patrimoniales, la confrontación entre el valor simbólico de la memoria y los poderes económicos y de mercado que avanzan de manera imperial sobre la ciudad. 

Último bloque en pie de la ex Villa San Luis de Las Condes. 2023. Por Javiera Bustamante.

Lo cierto es que, aún existiendo estas fallas, límites y puntos de fuga, la protección oficial de los sitios de memoria ha permitido restituir a la mirada pública la presencia olvidada de estos lugares del terrorismo de Estado. Y quizás nada más elocuente de esta relevancia que el reciente anuncio, del 17 de mayo, que selló la aprobación unánime de siete declaratorias de sitios de memoria como Monumento Histórico. En una sesión extraordinaria celebrada en el Palacio de La Moneda, y teniendo como telón de fondo la conmemoración de los 50 años, el Estado resolvió aprobar la solicitud de protección de siete recintos de detención y tortura: el recinto de la CNI en Talca, el Regimiento 23 de Copiapó, la ex Cárcel de Arica, la Comisaría de Ancud, la fosa del Cementerio de La Serena, el Memorial Puente El Ala en Ñuble y el Campo de Prisioneros de Pisagua. 

Estos siete monumentos, junto a la larga lista de sitios de memoria protegidos desde 1996, sin duda nos han ayudado a reconocer públicamente su valor simbólico e histórico, protegerlos de su venta y custodiar, en la medida de lo posible, sus transformaciones y despojos. Espacios de dolor que, con su declaración como monumento, exigen hoy políticas que avancen no solo en su protección, sino hacia políticas integrales que incluyan formación, financiamiento, mantención, preservación y restauración, para que la protección patrimonial sea útil a un trabajo de transmisión e interpretación de sus historias y memorias.

Con la mirada puesta en los 50 años, estos espacios llenos de cicatrices y vacíos justifican el afán conservacionista de las políticas del patrimonio, porque una de las premisas para no olvidar es certificar la existencia real de los hechos, y quizás estos lugares –con sus ruinas, paredes, suelos y rincones sobrevivientes al paso del tiempo– permiten, más que nada, reconstruir e interpretar ese pasado.