Publicidad
Los intrincados caminos de la política Opinión

Los intrincados caminos de la política

Publicidad
Sergio Arancibia
Por : Sergio Arancibia Doctor en Economía, Licenciado en Comunicación Social, profesor universitario
Ver Más

La fuerzas progresistas y transformadoras han aprendido, en América Latina –a través de una larga y dura experiencia– que la falta de disciplina fiscal y monetaria permite conseguir, a veces, algunos logros coyunturales, pero a la larga conduce a fracasos institucionales y políticos de más profunda incidencia.


En el año 2022, el primero de la administración Boric, el PIB creció en un 2.4 %, lo cual no es muy alto, pero en realidad constituye una tremenda proeza el haber alcanzado ese nivel. Todo permitía pronosticar que los indicadores económicos iban a ser peores. Las fuerzas en sentido contrario era muchas y muy poderosas. En primer lugar, el Gobierno anterior hizo aprobar un presupuesto fiscal para el 2022 que era aproximadamente un 23 % más bajo que el presupuesto que el país había gastado durante el año 2021. Una decisión de ese tipo no era una inocente medida presupuestaria, sino que un claro desafío político para el Gobierno entrante. Una baja de 23% en el ingreso y el gasto fiscal, de un año para otro, constituye para cualquier país y para cualquier Gobierno un verdadero terremoto, un apretón en el gasto que limita la inversión y los gastos sociales. En este caso, se trató de un terremoto fríamente calculado.  

Además de ello, el Banco Central jugó en forma sostenida a hacer decrecer la economía, pues suponía, y todavía sigue creyendo, que los retiros de fondos desde las AFP realizados durante el 2021 fueron una maldición inflacionaria que merecía ser combatida con todos los fierros, aun cuando ello implicara una baja de la producción y de la ocupación. Eso tampoco tiene nada de inocente. 

El Gobierno, encabezado en materia fiscal por el ministro Marcel, se mantuvo respetuoso de las limitaciones cuantitativas y normativas que se le impusieron y no jugó en ningún momento en contra de ello por medio de ninguna medida de política económica que pudiera incentivar los gastos más allá de las normas fiscales y monetarias imperantes. Eso se llama responsabilidad fiscal, y es una cosa que no es fácil de mantener en un contexto de grandes expectativas sociales, como era el primer año de un Gobierno de carácter social y transformador.   

A pesar de esas poderosas fuerzas en contra –una política fiscal obligadamente contractiva impuesta por el Gobierno y el Parlamento anteriores, y una política monetaria igualmente contractiva impuesta por los cinco directores del Banco Central–, la economía logró crecer a un 2.4 %. Esa es una cosa que no la hace cualquier país, en ninguna parte del mundo. Las batallas económicas que la derecha nos dejó declaradas se ganaron en el año 2022, en particular la batalla por mantener en funcionamiento el aparato del Estado, pese a las fuerzas en contra que ya hemos mencionado. Evitar el caos, administrar las carencias fiscales, y hacer política social, a pesar de que todo estaba preparado para que no sucediera así, fueron grandes triunfos políticos. Sin embargo, han sido triunfos poco difundidos y poco armonizados con las luchas de los sectores sociales.

La fuerzas progresistas y transformadoras han aprendido, en América Latina –a través de una larga y dura experiencia– que la falta de disciplina fiscal y monetaria permite conseguir, a veces, algunos logros coyunturales, pero a la larga conduce a fracasos institucionales y políticos de más profunda incidencia. En otras palabras, han aprendido que el manejo responsable y eficiente del aparato del Estado es una responsabilidad y una lucha política inescapable, lo cual no significa que la movilización y manifestación más directa de las organizaciones sociales y políticas hayan dejado de jugar papel alguno. Pero ambas manifestaciones de la política deben complementarse y apoyarse mutuamente. 

En el presente año están planteadas las luchas por que el crecimiento del ingreso total tenga valores positivos; por que el ordenamiento fiscal y monetario permitan e incentiven una mayor y mejor absorción de mano de obra en los mercados laborales; por lograr una nueva Constitución moderna e inclusiva; por lograr avances en lo tributario y en lo previsional; y por lograr avances en salud y educación que sean visualizados y sentidos como tales por la mayoría de la población. En esas grandes y cercanas tareas políticas, el aparato del Estado tiene y seguirá teniendo una alta responsabilidad, pero la manifestación social, en los ámbitos y normas de la democracia, debe armonizarse con lo anterior. 

 

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
Publicidad

Tendencias