Opinión
La única manera efectiva de luchar contra el narcotráfico es ofreciendo alternativas seguras de gestión de riesgo y reducción de daño que permitan el acceso controlado a las sustancias psicoactivas, como lo hacemos con el tabaco, el alcohol y el café, de la misma manera que lo hacen casi todos los países europeos, 27 estados de los 50 que conforman los Estados Unidos de América, así como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, como también ya la mayor parte de los Estados de las Américas.
Recientemente, tanto algunos alcaldes como el Gobierno han sobrevisibilizado sus actuaciones en contra de los narcomausoleos, los narcomemoriales y las narcoanimitas, que son las expresiones populares de dolor y memoria por la muerte violenta de algunos operadores del narcotráfico local en los barrios populares. También, en este afán publicitario, un par de alcaldes han destruido parcialmente algunas mejoras en las narcocasas; se dice, buscan salir en los matinales de la televisión. El principal argumento en contra de estas narcoexpresiones es liberar esos espacios públicos del control simbólico y social de esa forma del crimen organizado, así como enfrentar la cultura narco que afecta la convivencia cotidiana en los barrios populares y, además, ejerce una mala influencia entre los jóvenes locales.
Como bien sabemos, las otras expresiones de la narcocultura son los narcofunerales, que paradójicamente cuentan con vigilancia y protección policial, así como algunas narcofiestas bien provistas y amenizadas para todos los vecinos, todas estas profusamente engalanadas por narcofuegos de artificios, los que también están prohibidos. En algunos casos estas narcoexpresiones han obligado a la suspensión de las actividades escolares. Las siete intervenciones hasta ahora realizadas en la Región Metropolitana en contra de los narcomemoriales se habían caracterizado por la aceptación de los deudos relacionados y algunas manifestaciones de resistencia y protestas marginales y poco significativas.
El más reciente incidente por estas “narcoliberaciones barriales” se produjo el 4 agosto recién pasado. Esta expresión comunicacional de la guerra contra las drogas en el Barrio Yungay de la Comuna de la Granja, fue un operativo dirigido por la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez; el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo; el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, y el gobernador metropolitano, Claudio Orrego. Cuando aquellos estaban con la prensa, irrumpen miembros de la Garra Blanca del club de fútbol Colo Colo, al cual pertenecía el homenajeado, y algunos vecinos del barrio que los insultan y amenazan, por lo cual Carabineros debe protegerlos con carros lanzaguas y escudos, entonces, en medio de insultos y pedradas abandonan el sitio del narcomemorial, el cual fue desmantelado por los propios familiares y solo quedaba un mural del joven homenajeado, Vito Luciano Osses Reyes, asesinado en octubre de 2022 tras un enfrentamiento entre bandas rivales.
Este aspecto esencialmente comunicacional de la guerra contra el narcotráfico no es un asunto menor, ya que al ser el narcotráfico una forma del crimen organizado que responde a la demanda social por drogas, que la población utiliza junto con el café, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos para autogestionar su salud mental, en particular sus trastornos del ánimo como son la ansiedad, la depresión y la angustia, ha terminado por ser una exigencia del vivir y sobrevivir en la sociedad actual. Lo anterior es claramente constatable cuando las autoridades sanitarias nacionales e internacionales reconocen que algo así como la mitad de las licencias médicas lo son por salud mental, por lo tanto, pese a que la actividad del narcotráfico es ilícita e incluso criminal, cuenta con la aprobación tácita, e incluso explícita, de la población. Además, como lo indican la literatura y el cine, el crimen organizado se muestra solidario y protector con el entorno en los cuales vive y opera. Tanto es así que las denuncias por drogas casi no existen.
Por lo demás, todas las formas del crimen organizado responden a demandas sociales insatisfechas por el mercado o por el Estado, debido a prohibiciones por este establecidas, tales como: la prostitución, el contrabando, las inmigraciones ilegales, los juegos de azar, el comercio ambulante, los productos de marca falsificados, etc. Pero lo importante aquí es que la invención de la guerra contra el narcotráfico es uno de los instrumentos de control social con el cual culmina el uso del poder penal para el control social, como bien hace años se ha estudiado en los Estados Unidos de América: la guerra contra el alcohol tenía por objetivo controlar a la población de origen irlandés y latino, la persecución de la marihuana era para controlar a los trabajadores temporales mexicanos, hoy a todos los jóvenes, la guerra contra el opio servía para vigilar a las poblaciones de origen oriental, la guerra contra la cocaína se hace para someter a las poblaciones negras, luego, bien sirvió para derrotar a las guerrillas en Colombia.
La única manera efectiva de luchar contra el narcotráfico es ofreciendo alternativas seguras de gestión de riesgo y reducción de daño que permitan el acceso controlado a las sustancias psicoactivas, como lo hacemos con el tabaco, el alcohol y el café, de la misma manera que lo hacen casi todos los países europeos, 27 estados de los 50 que conforman los Estados Unidos de América, así como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, como también ya la mayor parte de los Estados de las Américas. Pero la alternativa real de afrontar el asunto de las drogas es haciéndose cargo del grave problema de salud mental que padece la mayoría de nuestras poblaciones, de lo contrario, solo el narcotráfico seguirá produciendo y ofertando soluciones a la mano, sin gastos médicos ni desaprobaciones sociales. Finalmente, no se debe olvidar que durante los estados de guerra contra el narcotráfico, en los últimos 10 años en México, cien mil personas han sido asesinadas y se estima que un millón de personas lo han sido en la región.
Hoy por hoy, en Chile el 22% de la población carcelaria está privada de libertad por infracciones a la Ley de Drogas, siendo así la segunda causa luego de la que está por robo. De ella, de esa población carcelaria por drogas, es probable que el 90% solo haya portado menos de 10 gramos de cualquier droga al momento de su detención. Si liberáramos a la mitad de quienes están por drogas en las cárceles, debido a que fueron condenados por tenencia o porte de pequeñas cantidades, contaríamos con un 10% más de cupos carcelarios para otros delitos más graves.
