Opinión
La gobernanza entonces es una forma de interacción entre el sector público, privado y la sociedad civil en la organización de algún asunto de interés colectivo para construir políticas públicas, a distinta escala o, en su defecto, estrategias de desarrollo territorial (regional o local).
Es frecuente escuchar en la administración pública, y últimamente también en empresas privadas, frases como “voy a una reunión para ver la gobernanza de.. (cualquier tema)” o “tenemos que resolver la gobernanza de tal o cual proyecto”. El concepto se ha vuelto polisémico, algo trivial y a veces una frase común para referirse a cualquier cosa, menos a lo que realmente implica.
La gobernanza, como concepto y su implementación práctica, no es cualquier cosa y tiene algunos componentes que son esenciales para comprender lo que podemos llamar “gobernanza” y aquello que no le podemos llamar así, menos ahora en contextos de democratización completa de gobiernos regionales y municipales.
Kooiman y Van Vliet (1993) definen la gobernanza como “la creación de una estructura o de un orden que no puede ser impuesto exactamente, sino que es el resultado de la interacción entre una multiplicidad de actores que participan del acto de gobernar, y que son mutuamente influenciables. Está constituida por normas que ordenan la interacción en el marco de redes de actores públicos, privados y sociales interdependientes en pro del interés general en entornos complejos y dinámicos”.
Incluso, para aproximarse a gobiernos subnacionales, existe un enfoque de la gobernanza cuyo interés son las dinámicas de articulación que suceden a escala regional o local, pero que persiguen la incidencia en los asuntos públicos de actores no necesariamente vinculados a la institucionalidad gubernamental. En ese sentido, la definen “como un espacio potencial de profundización democrática, a partir de dos vectores clave: la participación incidente y la articulación multinivel, es decir, a través del fortalecimiento de redes en los espacios locales/regionales y a través de la articulación de servicios públicos de distintos niveles de gobierno, pero con el liderazgo esencial de gobiernos regionales o locales” (Blanco y Gomá, 2001).
De estas definiciones, se desprenden algunos aspectos clave para hablar de gobernanza.
El primero es que la gobernanza se asocia a una mayor implicación de actores no gubernamentales en la decisión, diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas. Apertura que en parte se produce por la erosión de las capacidades del Estado, para diseñar e implementar sus iniciativas, como consecuencia de grandes tendencias de cambios en las sociedades contemporáneas (Andrews y Goldsmith, 2011).
El segundo aspecto clave de la gobernanza es el liderazgo que adquieren gobiernos regionales y locales, en la formulación de políticas públicas con actores sociales, privados y territoriales. La legitimidad política de quien convoca en el territorio es vital para lograr que las respuestas gubernamentales a problemas públicos tengan un grado de legitimidad, distinto al que tendrían en contextos de respuestas centralistas, sectoriales, autosuficientes o sin contemplar necesariamente la visión de actores territoriales.
Por ejemplo, la ejecución de un proyecto o programa que beneficia a una comunidad, y que fue decidido o formulado sin la participación de esa comunidad, no puede ser llamado gobernanza. Probablemente a eso se le puede llamar “administración”, “gestión”, “comité” o “gerenciamiento” del proyecto, pero de ninguna manera se trataría de la “gobernanza del proyecto”.
Es más, es un contrasentido considerar que un proyecto, entendido como unidad operativa de una política pública, podría “tener una gobernanza”, dado que, bajo esta perspectiva, sería el producto de un modelo de relación entre el Estado y la sociedad que implicó, previamente, una interacción con actores que dieron lugar a ello. Si se va a incorporar a la comunidad solo en la ejecución de una iniciativa, ese espacio puede ser llamado comité, o mesa de trabajo que se forma para tales efectos, pero eso es completamente distinto a “una gobernanza”.
La gobernanza entonces es una forma de interacción entre el sector público, privado y la sociedad civil en la organización de algún asunto de interés colectivo para construir políticas públicas, a distinta escala o, en su defecto, estrategias de desarrollo territorial (regional o local). Esto se traduce en que las políticas públicas necesariamente son producto de esta interacción, incidiendo en su diseño, pero también en su implementación, monitoreo, seguimiento o reformulación. Como consecuencia, la gestión, agenciamiento o gerenciamiento de una idea o proyecto, no necesariamente es gobernanza.
La gobernanza implica legitimidad democrática y territorial de quien convoca, se vincula con políticas públicas e implica incidencia de la ciudadanía, del sector privado, actores territoriales en su desarrollo. En definitiva, implica profundización de la democracia y un cambio sustantivo en la forma de relación del Estado con la sociedad, que va mas allá de una relación burocrática y/o gerencialista.
