Minería submarina: la oportunidad que estamos dejando ir

Mientras el mundo comienza a mirar con nuevos ojos las profundidades marinas, Chile —una potencia minera con más de 6.000 kilómetros de costa— sigue sin incorporar seriamente su dimensión oceánica en la agenda de desarrollo. La reciente Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump, que instruye avanzar en la exploración y explotación de nódulos polimetálicos como vía para asegurar el abastecimiento de minerales críticos, vuelve a poner sobre la mesa una discusión inevitable: la minería submarina ya no es una posibilidad futura, sino una industria que está a punto de hacerse realidad. Y una vez más, Chile corre el riesgo de llegar tarde.

Estados Unidos, la ISA y un tablero que se mueve

La orden de Trump establece que EE.UU. debe avanzar lo más rápido que se pueda en la explotación de estos recursos, tanto en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) como en aguas internacionales, particularmente en la codiciada zona de Clarion-Clipperton, rica en cobalto, níquel, manganeso y tierras raras. ¿El problema? Esta zona está regulada por la International Seabed Authority (ISA), organismo que actualmente no ha autorizado ninguna actividad minera, pero tampoco ha declarado una moratoria formal y en la que Estados Unidos no forma parte. 

En agosto de 2024, la Asamblea de la ISA concluyó su reunión sin alcanzar un consenso respecto a la aprobación de la minería en el lecho marino. Un número sin precedentes de Estados miembros, incluido Chile, solicitó una moratoria o pausa precautoria, reflejando el creciente debate sobre los impactos ecológicos. En marzo de 2025, el Consejo de la ISA volvió a reunirse para discutir la regulación de esta actividad, sin tomar una decisión definitiva. Hoy, la ISA se encuentra en un punto crítico, dividida entre los países que quieren iniciar la explotación comercial y aquellos que exigen más evidencia científica y estándares ambientales antes de avanzar.

Brasil se adelanta

Brasil ha avanzado de forma sostenida en la exploración de su Zona Económica Exclusiva —la denominada “Amazonía Azul”—, con mapas batimétricos, estudios ecosistémicos y un acervo técnico consolidado. En cambio, Chile apenas comienza a asomarse al potencial de su territorio submarino. Recientemente, un estudio del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile identificó la presencia de gas metano, cobalto y depósitos de sulfuros en el fondo marino nacional, abriendo una posible línea de investigación. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo incipientes y aislados, no por falta de capacidades técnicas, sino por una falta de visión estratégica a nivel país, alimentada durante décadas por la idea de que no era necesario explorar el mar si ya contábamos con “las mejores minas del mundo” en tierra firme. 

Pero no explorar implica un doble riesgo: quedar marginados de una industria emergente y, al mismo tiempo, expuestos a sus consecuencias, ya que el ingreso de minerales desde el fondo marino —muchos de ellos de alta ley y menor costo de extracción— podría presionar los precios internacionales a la baja, comprometiendo la competitividad de nuestras operaciones terrestres.

La minería submarina es técnicamente viable y ambientalmente gestionable, siempre que se realice de buena forma. Empresas como The Metals Company ya están listas para avanzar: solo les falta el respaldo político y financiero y Trump ya les dio una señal. 

 ¿Decidir o reaccionar?

La minería submarina ocurrirá. La verdadera pregunta es en qué condiciones se desarrollará y quiénes tomarán las decisiones clave. Si Chile no reacciona pronto, no solo perderá la oportunidad de ser parte activa de esta nueva frontera, sino también la posibilidad de participar en la definición de sus reglas, estándares y criterios ambientales.

Lo que está en juego no es solo un recurso. Es la posibilidad de que nuestro país, costero y minero por naturaleza, siga siendo protagonista en la geopolítica de los minerales críticos.