Señor Director:
En Venezuela continúa en marcha un intento de golpe de Estado apoyado por el presidente norteamericano Donald Trump. Si entramos a considerar la reciente destitución de Dilma Rousseff en Brasil durante el 2016, la del presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012 y la del hondureño Manuel Zelaya en 2009, podremos ver que el golpismo continúa sucediendo en América Latina, con ejemplos claros enmarcados dentro de los últimos 10 años.
Sin ir más lejos, este 2019 se inició con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Tal como con Fernando Lugo y con Dilma Rousseff, contra Nicolás Maduro se ha pretendido utilizar la táctica del ‘golpe constitucional’, que es viable para los altísimos niveles de intercambio de información actuales y la presión que pueden llegar a realizar las diferentes ciudadanías nacionales. Es en este contexto en el cual consideramos preocupante la participación tanto física como mediática del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la instalación de la idea de que Venezuela se encuentra actualmente viviendo bajo una dictadura. Como bien señala él mismo en su cuenta de Twitter tras su viaje a Cúcuta:
“El sábado pasado el régimen de Maduro mostró al mundo su rostro más miserable al reprimir brutalmente a los demócratas y quemar sin piedad los remedios y alimentos que con desesperación necesitan sus propios compatriotas. Más temprano que tarde la libertad renacerá en Venezuela (…). No basta con condenar violencia y pedir solución pacífica. No es tiempo de dudas o ambigüedades, sino de claridad y acción. Hay que apoyar con decisión al Presidente legítimo [Juan Guaidó] y condenar con consecuencia al régimen miserable y dictatorial de [Nicolás] Maduro” (Sebastián Piñera, 26 de febrero de 2018).
Aún sin considerar, siquiera, que la quema de camiones por parte de adherentes a Maduro fuese puesta sistemáticamente en duda –como bien puede ser leído en los distintos medios de comunicación internacionales–, convendría centrarse en la contradicción presente entre las nociones de “democracia” y “libertad” que Sebastián Piñera plantea, respecto a la “claridad” y necesidad de “acción” en el apoyo a Guaidó. En una semana marcada por las distintas amenazas indirectas de intervención militar estadounidense, colombiana y brasileña hacia Venezuela, las palabras de Piñera nos plantean la siguiente interrogante: ¿A qué tipo de democracia y libertad se están refiriendo? ¿Qué derechos humanos son los que finalmente se están poniendo en juego y a qué costos? ¿Cuáles son las democracias, libertades y derechos disidentes que quedan, finalmente, silenciados y negados?
Los derechos humanos (DD.HH.) se constituyen en un campo de batalla que moviliza ciertos significados, y que oculta otros. Actualmente, se ha instalado un cierto tipo de derecho por sobre los demás: el individual (civil-político), basado en la reducción de las ideas de libertad y de democracia a una libertad meramente económica y a una democracia supeditada al derecho a la propiedad, piedra angular del modelo económico que nos gobierna.
¿No parece extraño que a Donald Trump le preocupen los DD.HH., la democracia y la libertad en Venezuela? La ayuda humanitaria se configura como una justificación moralmente correcta para intervenir y tener acceso a los recursos del país en turno, como sucediese con Irak, Siria u otros países. La reserva petrolera más grande del mundo está en Venezuela: la apertura de este ‘mercado de capitales’ es clave en cuanto a la apropiación de recursos naturales. El saqueo latinoamericano y el debilitamiento de los lazos entre naciones vecinas ha sido, desde esta perspectiva, parte fundamental de la política externa estadounidense. Y para ello, la retórica de la ayuda humanitaria se vuelve fundamental para concretar el posicionamiento del derecho a la propiedad, por sobre cualquier otro tipo de derecho humano, ya sea carácter individual o social.
El derecho que se está negando de mayor manera en el caso de Venezuela, es el derecho a la autodeterminación. El derecho de los pueblos a la autodeterminación surge después de la Segunda Guerra Mundial, en un esfuerzo por frenar los afanes colonizadores de algunas naciones y/o comunidades por sobre el control otras. A partir de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó dos pactos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de carácter eminentemente individual-económico) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (de carácter eminentemente social-redistributivo); en ambos se encuentra presente el derecho a la autodeterminación. Así mismo, este derecho ocupa un lugar estratégico en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que enuncia como su objetivo “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos”.
Sin embargo, el ejercicio de este derecho tiende a quedar puesto bajo la alfombra cada vez que existen factores económicos implicados en las decisiones políticas internas de distintas naciones y comunidades. No es coincidencia que, a nivel de geopolítica internacional, la independización de Cataluña respecto a España no se haya podido concretar, frustrándose su declaración de independencia de 2017. Del mismo modo, tampoco es coincidencia que los presidentes de las cuatro naciones latinoamericanas que han vivido procesos golpistas en los últimos diez años (Honduras, Paraguay, Brasil y Venezuela) sean de posturas vinculadas a distintas izquierdas que se enfocaron a la promoción de derechos sociales por sobre derechos individuales –desde posturas más reformistas, a posturas más radicalizadas–. Finalmente, no es coincidencia que el derecho a la autodeterminación de la política interna de un país como Venezuela esté siendo pasado a llevar por la retórica y acción de mandatarios como Sebastián Piñera, que terminan por aportar a la desestabilización regional mediante la transformación mediática de un gobierno legítimo, en una dictadura.
Nos parece particularmente irrisorio que el poder ejecutivo chileno entre a jugar en desmedro de la estabilidad política interna de otro país, sobre todo en cuanto las políticas de Estado chilenas pasan a llevar los derechos de las distintas comunidades indígenas mapuche día a día. Es preocupante el hecho de que se instale una noción totalitaria y homogeneizante de las ideas de libertad, democracia y derechos humanos.
Esto configura un escenario peligroso e injusto respecto a cualquier propuesta política que se escape de los marcos de la libertad económica y la democracia liberal. Si ellas no cumplen con el estándar de la economía política del mercado: ¿Las destruimos? ¿Las bombardeamos?… ¿Realmente, tan peligrosa es la diferencia? ¿Tan peligrosa es la autodeterminación?
Gonzalo Peña Barriga
Antropólogo, coordinador del Área de Derechos Humanos en Kutral
