Señor Director:
Agobio laboral, pago de la deuda histórica y de la mención a educadoras diferenciales, abandono de la Educación Pública, cambio curricular, no a la privatización encubierta de la Educación Parvularia. Todos estos puntos forman parte de las demandas históricas y presentes de la movilización que se desarrolla a la fecha de escritura de esta columna. ¿Dónde se encuentran las raíces y parte de las soluciones de estas demandas?
11:10 de la mañana del 13 de noviembre de 2007. Una audiencia de pie, los timoneles de la Concertación y la Alianza tomados de las manos. Emol reseña que se celebraba la firma de “un importante acuerdo político que creo que privilegia y reconoce con mucho orgullo lo que las fuerzas políticas de nuestro país somos capaces de hacer cuando ponemos por delante el interés nacional, cuando entendemos que aquí estamos trabajando para todos los chilenos”, en palabras de la expresidenta Michelle Bachelet. La chispa encendida en Lota terminaba así, con las organizaciones estudiantiles y docentes fuera de las “manitos arriba”, con el escenario entregado a los Brunner y las Aylwin de siempre o, dicho de otro modo, a esas personas que siempre se apoderan del campo una vez terminada la lucha.
Al 12 de septiembre de 2019 habrán trascurrido diez años desde la publicación de la Ley Nº20.370, General de Educación, que fija aspectos tan relevantes para el desarrollo de un país como los fines y propósitos de la educación chilena, la estructura curricular del “6+6” (postergado eternamente), los requisitos mínimos de funcionamiento de los establecimientos educacionales y aquella pesada herencia que pena a docentes y directivos sin que lo pidieran: el Ministerio como órgano rector, el Consejo Nacional de Educación como autónomo, la Superintendencia (vieja conocida) y la Agencia de Calidad, sin definir como nación qué es calidad. Todo, en un contexto en el que no se dialogaba masiva y nacionalmente sobre diversificación de la enseñanza, inclusión, migraciones, interculturalidad, Nueva Educación Pública, Carrera Docente, Gratuidad, por nombrar algunos temas.
Estamos en un momento interesante. Los Programas de Gobierno no se fijan algunos meses antes de las elecciones. Comienzan a construirse desde las demandas de sus actores. Es cierto, llegamos tardísimo a la implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, a la estructura curricular de Asignaturas, a entender que el tronco de la enseñanza no es el contenido sino la habilidad. Todo, en un marco en el que el órgano rector se encuentra preocupado de la contingencia noticiosa de algunos establecimientos de la capital desplegados en leyes poco efectivas más que de cómo bajar la carga burocrática de las Escuelas de Visvirí, Melipeuco o Timaukel.
Existe una energía nacional que abre la puerta a discusiones más profundas, a generar un movimiento pedagógico nacional, participativo y vinculante que nos lleve a una nueva Ley General de Educación para Chile. ¿Por qué no pensar en la construcción de Bases Curriculares paralelas para Básica y Media hasta el segundo curso, que tensionen la continuidad de la implementación de las actuales, fundamentadas en la realidad del particular pagado y sin consulta a los territorios? ¿Por qué no imaginar un nuevo cuerpo legal que redefina los propósitos de la educación chilena, la organización del sistema, dispositivos que permitan evaluar su implementación tras algunos años y fondos para actualizar saberes en los actores educativos? ¿Por qué no pensar en un proceso largo que se ponga al servicio de políticas de Gobierno desde las comunidades, con una adecuada labor pre legislativa, poniendo al Estado al servicio de la construcción colectiva de una educación que inicie una nueva etapa educativa en el país? Tenemos la energía educativa suficiente para hacerlo.
Necesitamos y nos merecemos una nueva Ley General de Educación para Chile.
Diego Vrsalovic Huenumilla
Profesor
