Señor Director:
El miércoles pasado el Senado aprobó con 31 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones la Ley que crea Servicio de Protección Especializada, que viene a poner fin a 41 turbulentos años de historia del Servicio Nacional de Menores. ¿Este nuevo Servicio cambiará significativamente la realidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado? Probablemente no.
Con el Nuevo Servicio el Estado conserva la misma lógica subsidiaria que ha tenido desde el año 1979, no haciéndose cargo al 100% de lo que significa proteger los derechos vulnerados. Por ejemplo, el 96,4% de los centros residenciales está a cargo de prestadores privados (OCAS) y tan sólo un 3,6% se encuentra bajo la administración directa del Sename, y mientras estos últimos reciben por niño/a cerca de $1.800.000, las OCAS perciben en torno a los $262.000. ¿Esto cambia en el Nuevo Servicio? No. Si bien hay un aumento presupuestario significativo, la brecha de financiamiento y el modelo sigue manteniéndose y nuevamente el Estado no asume su responsabilidad al no proporcionar los recursos financieros suficientes, dejando parte de esta tarea a instituciones privadas sin fines de lucro. Con esto sigue contraviniendo el mandato de la Convención sobre los Derechos del niño que posiciona al Estado como el principal responsable de proveer todas las condiciones de garantía de derechos para niños, niñas y adolescentes.
El Nuevo Servicio tampoco cumple el compromiso de terminar con la excesiva judicialización del sistema. Esto es importante porque actualmente son los tribunales los que deciden las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes, y muchas veces este proceso es un nuevo foco de vulneración. Las Oficinas Locales de la Niñez siguen sin tener potestad en términos de protección no judicial (o administrativa). Es la ley de garantías la que daría fundamento y sin ésta, las Oficinas Locales de la Niñez seguirán siendo lo que son hoy: un programa más del servicio de protección especializada. A estas fallas, se suman otros aspectos como no imponer limitaciones estrictas a quienes hayan vulnerado derechos, incluyendo la imposibilidad de acreditarse o altos estándares de supervisión a los organismos colaboradores, entre otras cosas.
Lo más importante es que aún no hay plena comprensión de la importancia de contar con una ley de protección integral de los derechos de la niñez antes que la de un nuevo servicio. Si bien ha habido intentos para que vayan juntas, algunos parlamentarios se niegan, e incluso han apostado por el veto supresivo del presidente y por Tribunal Constitucional para dejar sin efecto este amarre de las leyes.
¿Qué viene ahora? Con el Nuevo Servicio aprobado, queda esperar lo que decida el presidente Piñera y luego el TC. Si se desconoce el acuerdo, la implementación del Nuevo Servicio no contaría con un marco legal que regule una nueva institucionalidad que reconozca y garantice todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes. Si pasa lo opuesto, es de esperar que el ejecutivo acelere la discusión en torno a la Ley de Garantías y que todos quienes tienen la misión de legislar pongan por sobre otros intereses ideológicos, el interés superior de la niñez. Estamos hablando sobre derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años. Estamos hablando del valor de los derechos humanos. No debería costar tanto.
José Andrés Murillo, Director Ejecutivo Fundación Para la Confianza
James Hamilton, Director Fundación Para la Confianza
Juan Pablo Hermosilla, Director Fundación Para la Confianza
Juan Carlos Cruz, Director Fundación Para la Confianza
Sofía Aliaga, Coordinadora Observatorio Fundación Para la Confianza
